Claudio Fuentes – La Tercera
El estudio, elaborado por los académicos Claudio Fuentes y Pedro Valenzuela y publicado por la Fundación Friedrich Ebert y el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales UDP, sistematiza por segundo año consecutivo las medidas implementadas por las municipalidades en esta materia. En su edición 2025, el documento logró una cobertura aún mayor al obtener respuestas de 314 comunas, lo que equivale al 91% del total del país. A diferencia de la administración central que actúa a través del Ministerio del Interior y las policías, los municipios no tienen atribuciones exclusivas en seguridad. Sin embargo, tanto la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades como la reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública han abierto nuevas facultades y espacios de colaboración.
La ley permite a los gobiernos locales adoptar medidas de prevención social y situacional, celebrar convenios de asistencia a víctimas, ejecutar programas de reinserción y, sobre todo, coordinarse con otros órganos públicos. Y eso es lo que buscó pesquisar el estudio. El informe recoge información sobre 30 medidas distintas que van desde la contratación de patrulleros e instalación de cámaras hasta la implementación de programas sociales como Senda Previene y Lazos. En promedio, los municipios han adoptado 14 de estas 30 iniciativas, pero las diferencias son significativas. A pesar del aumento sostenido en iniciativas contra la delincuencia, muchas comunas aún carecen de una estructura básica para coordinarlas.
Según el informe, el 69% de los municipios ha creado una dirección de seguridad pública, lo que implica que casi un tercio del país -un 31% sigue operando sin una institucionalidad formal en la materia. “La seguridad municipal se ha convertido en un tema muy demandado por la ciudadanía, que percibe que los municipios tienen un rol importante en la seguridad”, plantea Fuentes.
“Además, hay una brecha muy significativa entre municipios que tienen recursos para hacerlo y otros que no, porque el costo de este tipo de esfuerzos es muy alto”, añade. Pero lo más relevante, dice, es que no existe aún una evaluación de su real impacto: “Los municipios compran cámaras, las instalan, pero la pregunta es: ¿son eficientes para el combate del delito?”.
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