Medio: La Tercera
Un estudio revisó 24 mil proyectos presentados a esta tramitación en los últimos 25 años, mostrando un aumento progresivo en las tasas de rechazo. La investigación también indica que hasta 2017, solo el 1, 6% de los proyectos tardó más de dos años en obtener su permiso para operar.
I hay algo que marca la tendencia de ingreso y aprobación de los estudios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son las continuas reformas al sistema. Un estudio de la U. Diego Portales realizó un análisis de los más de 24 mil proyectos ingresados al sistema entre 1992 y 2019, sus rubros y tasas de aprobación y rechazo. La investigación identifica cuatro períodos marcados por los cambios institucionales. Hasta el
año 2002, los proyectos ingresados eran aprobados en tasas superiores al 90%; a partir de 2003 y hasta 2013, la tasa cayó a un promedio de 74%, y luego, desde 2014 la tasa cae nuevamente a promedio de 55%, dice la investigación. Claudio Fuentes, académico de la U. Diego Portales y autor del estudio, explica que los cambios tienen que ver con el Decreto Supremo 40, que estableció un nuevo procedimiento para su aprobación, el que es más exigente e incorpora condiciones sociales.
Sin embargo, clarifica Fuentes, estos “rechazos”, en su mayor proporción son “no admitidos a calificación”, usualmente por faltas administrativas, debido a que el sistema es más complejo, y que corresponde a cerca del 70% de los casos rechazados. “Eso me sorprendió”, reconoce Fuentes. “Yo pensaba que la dinámica del ciclo económico iba a ser relevante y, en realidad, es bastante independiente. Efectivamente, la institucionalidad incide mucho en el incentivo que los actores tienen para presentar o no proyectos. La recomendación a
Los parlamentarios es que evalúen el tipo de incentivo que se está diseñando, porque seguramente va a tener un impacto muy fuerte en la cantidad de proyectos que se presentan”, agrega. Cuando un proyecto es rechazado, se puede apelar en distintas instancias. El titular, por ejemplo, puede solicitar una revisión de oficio cuando algunas condiciones hayan variado sustantivamente. También existe reclamación ante el Consejo de Ministros.
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