Claudio Fuentes y Pedro Valenzuela – CIPER
“Hasta la fecha, los ejes centrales de las propuestas de las candidaturas de la derecha se centran en un conjunto de medidas consideradas como punitivas: más cárceles, aumento de recintos penitenciarios con estricto aislamiento, mayor empoderamiento material y legal para las policías, mayor empoderamiento de la seguridad municipal y privada, y la incorporación institucional (y ya no excepcional) de las fuerzas armadas a tareas de seguridad interna.
Las propuestas tienen sin duda un sentido electoral, pero dejan fuera un conjunto de acciones que parecen fundamentales en el combate del delito. Una llamativa ausencia es la referencia a un conjunto de reformas institucionales aprobadas por el Congreso Nacional y que deberán ser implementadas o desarrolladas durante la próxima administración. Entre otros se destaca la ya mencionada creación del Ministerio de Seguridad Pública, la reforma a la ley antiterrorista, la nueva ley de ciberseguridad, la creación de una fiscalía supraterritorial, y la nueva ley de delitos económicos, entre otros. Pero, además, el Congreso se encuentra en las últimas etapas de discusión de normas como una reforma a la seguridad municipal y normas de uso de la fuerza que serán fundamentales en la relación entre la fuerza pública y el control del delito. El silencio de las candidaturas de la derecha—particularmente de la de Chile Vamos—sorprende toda vez que gran parte de estas iniciativas han contado con el apoyo legislativo de los partidos políticos que integran dicha coalición. Así, una oferta programática que eluda referirse a esta nueva arquitectura institucional en materia de seguridad pública plantea un serio déficit a la hora de enfrentar este debate”.
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