Medio: Pauta
Siete entrevistados por PAUTA100.5 revelan el complejo impacto del plan presentado por el Presidente Piñera. Un estudio de la Universidad Diego Portales muestra una división de los parlamentarios sobre un Estado “multicultural” o “plurinacional”.
La situación de la Región de La Araucanía era uno de los ejes de campaña del Presidente Sebastián Piñera. En sus primeros meses de Gobierno ha estado entre las prioridades para, según ha afirmado, reducir la pobreza, violencia y tensión social en la zona.
Tras seis meses de trabajo y reuniones entre miembros del Ejecutivo, representantes de los empresarios de la región y de los miembros de la sociedad, el Mandatario presentó el Plan Impulsa Araucanía -en el marco del Acuerdo Nacional por La Araucanía-, que contempla una inversión pública por US$ 8 mil millones en ocho años (2018-2026), además de US$ 8 mil millones que se esperan desde el sector privado. Lo que representa una inversión total estimada en torno a los US$ 16 mil millones.
¿Cómo se están abriendo los caminos para la implementación del plan? ¿Quiénes podrían asumir un mayor protagonismo en esta nueva etapa? ¿Qué medidas aún están pendientes?
En PAUTA100.5, distintas voces explicaron la importancia de la medida y las dudas que deja para una futura aprobación e implementación.
Sobre el Estado plurinacional, el senador Kast asegura que el proyecto quiere potenciar la representación, “pero eso no significa que tengamos dos naciones dentro del mismo país, no es plurinacionalidad. El reconocimiento constitucional plantea que hay varios pueblos, pero una sola nación, Chile”.
Distinta visión tiene el historiador Jorge Pinto, quien cree necesario el avance hacia la plurinacionalidad y que esto no pone en riesgo la existencia del Estado de Chile: “Dentro de ese Estado plurinacional hay distintas identidades e intereses, los que deben ser garantizados. En el caso de nuestros pueblos ancestrales, requieren que se les considere una nación dentro del Estado, se someten a las normativas del Estado. El reconocimiento de pueblo nación les faculta cierta garantía para el control de sus recursos. No es que se opongan a las inversiones, sino que tengan la facultad de negociar e intervenir en la gestación de los recursos, protegiendo el medio ambiente”.
La representación en el Parlamento es otra cuestión que tiene poca, aunque existente, resistencia. Incluso dentro de la oposición hay discrepancia. Huenchumilla se mostró a favor de los escaños reservados, mientras Insulza cree “una salida interesante” la propuesta del Gobierno de establecer cuotas de candidatos de origen indígenas en las elecciones.
El estudio Percepciones y opiniones de los y las Congresistas de Chile, recién publicado por la el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, muestra una clara diferencia de opinión entre los parlamentarios acerca de que Chile sea una Estado “multicultural” o bien “plurinacional”. Aunque en los resultados del estudio no se indica qué entienden los legisladores por cada concepto, es evidente que un Estado multicultural plantea la convivencia en el territorio de distintas creencias culturales que habitan en una misma nación. En cambio, un Estado plurinacional reconoce que existen distintas “naciones” en el mismo territorio, lo cual supone desafíos mayores para la institucionalidad política y administrativa.
Entre los parlamentarios oficialistas existe una opinión mayoritaria hacia la idea de que el reconocimiento de los pueblos indígenas pasa por un Estado multicultural, o bien la idea de un Estado sin distinción alguna. En la izquierda (PC y Frente Amplio), en cambio, la balanza se inclina con fuerza hacia la idea de un Estado Plurinacional (más de 80% de las opiniones). En el Partido Socialista hay una mayor tendencia hacia el plurinacionalismo que al multiculturalismo (60% y 40%, respectivamente), mientras que en otros partidos de centroizquierda (DC, PPD, PRSD) pesa más la “multiculturalidad”, aunque existen corrientes “plurinacionales” relevantes en cada uno de esas colectividades.
En términos agregados, dice el estudio, las políticas públicas que encuentran menor apoyo entre los parlamentarios consultados (146 diputados y 37 senadores) “son las asociadas a la autonomía
territorial dentro de Chile (34,9%) y contar con un sistema de justicia especial indígena (44,4%)”. Respecto de la idea de contar con escaños en el Congreso reservados para representantes de los pueblos originarios, los actuales legisladores están divididos: el 57,4% está de acuerdo con la idea.
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