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Descarga aquí el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales (Segunda Ola, agosto 2019)

Si existe un área donde no hay correspondencia entre la opinión ciudadana y las decisiones políticas es la que se refiere a los pueblos originarios. Allí, los intereses políticos incluso contradicen las opiniones sociales.

El Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales (ELRI) muestra esto con particular notoriedad.

ELRI es un estudio que examina las relaciones interculturales entre la población indígena y no indígena en Chile. ELRI divide al país en tres macrozonas (Norte, Centro y Sur) y en cada una selecciona aleatoriamente participantes indígenas y no indígenas que habitan en las mismas manzanas. A estas personas se les pregunta sobre identidad, familia, contacto intergrupal, lengua, religión, políticas públicas, conflicto, entre otros temas.

ELRI ha sido aplicada dos veces (en 2016 y 2018) con el mismo cuestionario de preguntas y a las mismas personas. Por tratarse de un estudio longitudinal se puede estudiar la evolución de la opinión de un mismo grupo de personas a lo largo de los años (ver recuadro).

Resulta muy relevante que este estudio se haya realizado en momentos en que ha aumentado la tensión entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas en temas asociados al conflicto de tierras, reconocimiento constitucional, procesos de consulta y creación de una nueva institucionalidad (ver presentación del estudio). Este ambiente de mayor tensión y conflictividad plantea una serie de interrogantes sobre el modo en que evolucionan las percepciones de los encuestados. ¿Mayores niveles de conflicto tenderían a polarizar posiciones entre indígenas y no indígenas? ¿Cómo evoluciona la demanda por devolución de tierras y reconocimiento de pueblos indígenas entre indígenas y no indígenas en este marco de mayor conflictividad? ¿Se validan estrategias de violencia en estos escenarios o, por el contrario, tienden a rechazarse?

Los resultados de esta segunda ola de respuestas obtenidas en 2018 tienden a mostrarse muy favorables con la idea de reconocer constitucionalmente a Chile como un país multicultural. En 2016, sobre el 80% estuvo de acuerdo con esa propuesta. En 2018 la tendencia alcanzó al 86%, aumento que se explica por el incremento de la adhesión a esta idea entre los no-indígenas, que aumenta de un 78 a 82%, y las mujeres, que aumenta de 82 a 86%. Respecto a devolver tierras a indígenas esta política también observa un aumento (de 70 a 74%), particularmente entre grupos que viven en sectores rurales, donde el aumento fue de 59 a 66%.

Exactamente el mismo patrón se observa respecto del grado de acuerdo con la idea de consultar a los pueblos indígenas por proyectos de inversión que los afecten, donde el nivel de acuerdo se elevó de un 78 a un 81%. Y de nuevo, es en los sectores rurales donde se observa una mayor alza (de 73 a 77%).

Estos resultados son muy consistentes con otros estudios de opinión aplicados a nivel nacional. En el año 2014 la Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales (representativa del 73% de la población del país) mostraba que el 88% de los encuestados se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y en la Encuesta Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2017 (4.240 casos, aplicada en todo el país) el 84,3% de la población consideró bastante o muy importante el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

Así, el nivel de aceptación social respecto del reconocimiento a los pueblos originarios es muy alto. En la versión de 2018 de la encuesta del ELRI, el 86% de los encuestados se muestra de acuerdo con la afirmación que el Estado debiese fomentar las tradiciones culturales indígenas, incluyéndolas en el currículo escolar nacional; el 87% participa de la idea que en municipios con comunidades indígenas debiesen reconocerse con símbolos concretos como el izamiento de la bandera y la enseñanza de lenguas; cerca del 88% se muestra de acuerdo con la idea de incorporar señalética en lenguas indígenas; y un 57% de los encuestados se muestra partidario con la idea de establecer cupos especiales reservados para indígenas en el Congreso Nacional.

El reconocimiento político, social, territorial y cultural es una idea ampliamente aceptada en la sociedad. Pero, además, la comparación entre 2016 y 2018 advierte que la demanda por reconocimiento se intensificó particularmente entre personas no indígenas y en personas que viven en sectores rurales. Conviene además advertir que, en un escenario de mayor conflictividad social en relación a la temática indígena, se redujo significativamente el apoyo al uso de la fuerza por parte de Carabineros, de los agricultores y de los propios pueblos indígenas para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, entre los Mapuche cayó el apoyo al uso de la fuerza por parte de Carabineros para disolver de un 17 a un 12%, mientras que entre no-mapuches de la zona centro-sur del país la cifra descendió de 22 a 16%. Puesto de otro modo, aumentó el apoyo a soluciones políticas vía la entrega de tierras y otras formas de reconocimiento y se redujo el apoyo a soluciones por la vía de la fuerza.

Si consistentemente muchos estudios muestran un apoyo abrumador al reconocimiento de pueblos indígenas, ¿por qué las soluciones políticas no se materializan? En el Congreso Nacional se encuentran en espera la aprobación de la norma que creará un Ministerio de Pueblos Indígenas y el proyecto que crea los Consejos de Pueblos Indígenas; y pese a las reiteradas promesas del Poder Ejecutivo, aún no se envía al Congreso un proyecto para reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución.

Esta última promesa se viene realizando desde prácticamente el retorno de la democracia. Gobierno tras gobierno han esquivado el asunto, dejando el tema sin discutir ni resolver en el Congreso Nacional.

La oportunidad parecía haber llegado luego del trágico asesinato de Camilo Catrillanca. Los actores políticos reactivaron la tan postergada agenda de proyectos de ley en materia indígena, el gobierno se comprometió a aprobar proyectos pendientes y el Presidente Sebastián Piñera, el 14 de mayo pasado, además de firmar indicaciones para acelerar la tramitación estos proyectos, indicaba que se estaba dialogando para establecer el reconocimiento de pueblos indígenas: “es un tema, un problema y una oportunidad. Se arrastra durante décadas, siglos, estamos conscientes, por eso, no podemos dejar pasar ni un minuto más” (La Segunda).

Pero, parece ser que ni el amplísimo apoyo social a la agenda de reconocimiento, ni las reiteradas protestas sociales, ni incluso la acumulación de proyectos en tramitación en el Congreso parecen dinamizar a los tomadores de decisión a transformar el status quo en este campo. Claramente el apoyo ciudadano por el reconocimiento no es una condición ni necesaria ni suficiente para que éste se ratifique en el Congreso. Otros intereses políticos y económicos tienden a prevalecer en este sensible tema que involucra la lucha por el territorio, la dignidad cultural, social y política.

Continúan las inercias y resistencias esperando, tal vez, que un nuevo incidente de sangre vuelva a colocar en la agenda pública la cuestión del reconocimiento.

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