El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) de la Universidad Diego Portales presenta la primera entrega de su Encuesta ICSOH-UDP serie Clima Social 2026, que examina las percepciones y preferencias de la opinión pública chilena sobre distintas temáticas económicas, políticas y sociales. Esta iniciativa busca aportar a los tomadores de decisiones y a la academia mediante datos abiertos. Este capítulo aborda el tema de “Garantías sociales en tiempos de incertidumbre”.
Se trata de una encuesta online de 1.500 casos, con un diseño no probabilístico por cuotas. El trabajo de campo se realizó del 3 al 8 de junio de 2026 y fue realizado por la empresa IPSOS. La población objetivo corresponde a personas adultas mayores de 18 años, con cobertura nacional. Los resultados fueron ponderados por zona geográfica, sexo, edad, nivel educativo y quintiles de ingresos, siguiendo los parámetros del Censo 2024 y de la Encuesta CASEN 2024.
Inicialmente, los resultados de la encuesta indican que el clima emocional con respecto a la situación del país está marcado por la preocupación (30%), seguida de la esperanza (13%) y el optimismo (12,4%). A ellas se suman otras emociones asociadas al malestar, como frustración (7,4%), angustia (6,3%), resignación (6,2%), vergüenza (5%) y rabia (4%). En conjunto, las emociones vinculadas al malestar superan claramente a las asociadas al bienestar. La emoción de preocupación es más pronunciada entre los mayores de 50 años (35,8%) que entre los jóvenes (26,1%), mientras que la esperanza y el optimismo son marcadamente más frecuentes entre quienes se identifican con la derecha (21% y 22,4%, respectivamente) que entre quienes lo hacen con la izquierda (5,2% y 1,8%, respectivamente).
La encuesta muestra un estado de ánimo que combina reconocimiento de la urgencia económica con un escepticismo extendido sobre sus métodos y beneficiarios. El 45,3% cree que la situación nacional está peor que hace seis meses, y solo el 21,2% percibe mejoría. Los problemas de mayor urgencia percibida revelan la intersección entre seguridad y economía cotidiana como ejes dominantes del malestar: la delincuencia encabeza la agenda ciudadana (57%), seguida por el alza de precios (38%), el desempleo (30%), el crecimiento económico (26%), la migración irregular (24%) y la corrupción (23%).
En cuanto a la narrativa de emergencia económica, la mayoría la acepta: el 36,1% atribuye la emergencia al gobierno anterior, el 24,1% responsabiliza a ambos y el 19,4% al actual. Solo el 16% rechaza la premisa de que exista tal emergencia. La atribución al gobierno anterior es menos frecuente entre jóvenes de 18-29 (23,3%) y mayor entre simpatizantes de derecha (63%). Sin embargo, es importante destacar que esta aceptación general no se traduce en respaldo a las medidas propuestas. Por un lado, el 45% considera que las medidas son necesarias para reactivar la economía y el 40% cree que sentarán bases sólidas para el desarrollo. Por otro, el 50% cree que beneficiarán principalmente a las grandes empresas y no a la mayoría de los chilenos, el 54% estima que priorizan los intereses de los más ricos por encima de los trabajadores y la clase media, y el 36% desconfía de que el gobierno tenga un plan responsable detrás de ellas, aunque un 43% confía en que sí lo tiene.
Respecto del gobierno, el 45,3% lo evalúa negativamente y el 27% lo hace de forma positiva. Además, el 44,7% considera que el gobierno está siendo peor de lo esperado, frente a un 13% que lo encuentra mejor de lo esperado y un 43% que lo ve tal como anticipaba. En materia de gestión, hay un empate técnico: el 36% duda de que el gobierno tenga la capacidad para enfrentar los problemas más urgentes del país, frente al 38% que cree que sí la tiene.
Del mismo modo, ante la afirmación de que el gobierno “va por buen camino, aunque falta mucho”, el apoyo y el rechazo se equilibran casi exactamente en torno a un 38%. La brecha ideológica es aquí muy grande: el 66% de la derecha apoya que el gobierno vaya por buen camino, frente a sólo el 9% de la izquierda. Además, el 39% cree que la situación del país mejorará en los próximos seis meses, superando al 34% que espera que empeore. Por lo tanto, existe una expectativa de mejora, que convive con una evaluación presente relativamente adversa.
La encuesta muestra que las personas valoran la intervención del Estado en diferentes ámbitos de la vida social. Cuando se pregunta cuánto debería intervenir el Estado en la economía y en el bienestar de los chilenos, el 70% responde “bastante” o “mucho”. Solo el 6% opta por una intervención nula o mínima. La preferencia estatista es mayoritaria incluso entre quienes se identifican con la derecha (60%), aunque la brecha respecto a la izquierda es considerable (83%). También es mayor entre las personas de la zona sur del país (81%).
Consultamos sobre quién debería ser el principal proveedor de los servicios sociales esenciales. En pensiones de vejez, el 52% opta por el Estado como proveedor de servicios gratuitos e igualitarios; en atención de salud, el 50,4% se inclina por la misma opción. Lo mismo ocurre en la educación escolar y en los servicios de cuidado y educación para niñas y niños (sala cuna y jardín infantil), donde el 51% prefiere que el Estado proporcione servicios gratuitos y de igual calidad para todas las personas. En casi todos los casos, la segunda preferencia apunta a un modelo mixto: estatal para quienes no pueden pagar y privado para quienes sí. La excepción es en educación universitaria, donde las preferencias se polarizan entre el Estado y el modelo mixto (42% en ambos casos).
Al consultar si es responsabilidad del Estado garantizar distintos bienes cuando las personas no pueden acceder a ellos por sus propios medios, las respuestas afirmativas son claras en todas las dimensiones, con un 85% o más de menciones en cada caso. Esto incluye pensiones dignas, empleo, acceso a la educación universitaria, acceso a la salud de calidad, acceso a una vivienda digna y acceso al transporte público. En el caso del acceso a internet, las menciones afirmativas también son mayoritarias, aunque alcanzan el 63%.
Sin embargo, esta demanda de Estado convive con una lectura crítica de su eficacia. En efecto, el 66% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que “el problema en Chile no es que los impuestos sean bajos, sino que el Estado gasta mal lo que recauda”. Esta percepción es transversal: incluso entre los simpatizantes de izquierda alcanza el 48%, y entre los de derecha llega al 73%.
En cuanto a las prioridades de gasto público, que fueron sondeadas mediante un ejercicio de asignación de fichas entre distintas áreas, las personas encuestadas concentran sus preferencias en salud, educación, seguridad y pensiones, lo que refuerza la centralidad de los servicios sociales básicos en el imaginario ciudadano.
En relación con lo anterior, la encuesta revela un malestar sostenido ante la desigualdad y una fuerte disposición a la redistribución. El 49% está de acuerdo con que el gobierno debería reducir las diferencias de ingresos entre quienes tienen más y quienes tienen menos; solo el 22% está en desacuerdo. El 70% apoya que el Estado entregue más ayuda económica a las personas con menos recursos.
Las personas encuestadas también manifiestan un rechazo mayoritario a los intercambios que priorizan el crecimiento económico a costa de la igualdad y de otros derechos sociales. Ante la afirmación “es preferible una economía que crece rápido, aunque aumente la desigualdad entre ricos y pobres”, el 52% declara estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, frente a sólo un 16,2% que la respalda. De modo análogo, el 51% está en desacuerdo con la idea de que “vale la pena sacrificar la protección ambiental si eso genera más empleos”, mientras que sólo un 23% está de acuerdo. Adicionalmente, un 56% rechaza la idea de que “vale la pena reducir algunos derechos laborales si eso permite que las empresas contraten más trabajadores”, frente a un 21% que está de acuerdo.
La encuesta también exploró la percepción de justicia distributiva en tres situaciones concretas. Ante la situación en la que quien aportó más al sistema de pensiones reciba una pensión más alta, el 69% la evalúa como justa o muy justa. Por el contrario, que la calidad de la educación dependa de cuánto puede pagar cada familia se considera injusto o muy injusto por el 59%; solo el 16% lo evalúa como justo. El rechazo es aún más extendido en la atención de salud: el 66% considera injusto o muy injusto que la calidad de la atención de salud dependa del monto que cada persona pueda pagar, frente a un escaso 13% que lo considera justo.
Con respecto a las preferencias sobre impuestos, el 64,3% considera justo que las personas con mayores ingresos paguen impuestos significativamente más altos que el resto, mientras que solo el 11% preferiría pagar menos impuestos, aunque eso signifique menos servicios públicos. En tanto, el 60% apoya aumentar los impuestos a los ingresos altos para financiar programas sociales, y el 59,8% respalda incrementar el impuesto a la herencia de los más ricos.
Los datos sobre la situación económica de los hogares muestran una experiencia vivida de deterioro material. El 51% declara que su hogar está económicamente peor que hace seis meses, frente a sólo un 13% que informa una mejoría. La fragilidad se expresa con nitidez en cómo los hogares llegan a fin de mes. El 14% declara que sus ingresos directamente no alcanzan y tienen grandes problemas; el 50% llega con dificultad, ajustando gastos. Solo el 8% puede ahorrar. Así, más del 60% de la muestra se encuentra en situación de estrechez económica mensual. La estrechez es mucho más aguda en el grupo de ingresos bajos, donde el 29% declara no alcanzar y el 60% llega con dificultad; en el grupo de ingresos altos, en cambio, el 45% llega con cierta holgura y el 18% puede ahorrar.
Con todo, las expectativas para el corto plazo son algo más esperanzadoras. El 35% anticipa que la situación económica de su hogar mejorará en los próximos seis meses, frente al 29% que espera que empeore. El optimismo es marcadamente más alto entre quienes se identifican con la derecha (53%) que con la izquierda (18%).
Los datos revelan brechas de género consistentes y significativas que atraviesan muchas de las dimensiones de la encuesta. Las mujeres rechazan con más fuerza los intercambios que implican sacrificar la igualdad por el crecimiento: el 57% se opone a priorizar el crecimiento, aunque aumente la desigualdad (vs. 47% en hombres), y el 61% rechaza reducir los derechos laborales para crear más empleo (vs. 49,7% en hombres). Las mujeres también rechazan con más fuerza que los hombres sacrificar la protección ambiental para generar más empleos (57% vs. 47%) y que la calidad de la educación dependa de la capacidad de pago de cada familia (63% vs. 54%).
Las mujeres son más escépticas respecto al paquete económico: el 40% está en desacuerdo con que exista un plan responsable detrás de ellas (vs. 32% en hombres). Pero la brecha más llamativa se observa en la confianza en la necesidad de las medidas. Mientras que el 51% de los hombres las considera necesarias para reactivar la economía, solo el 39% de las mujeres comparte esa valoración. Lo mismo ocurre con la afirmación de que las medidas sentarán bases sólidas para el desarrollo económico del país: solo el 36% de las mujeres está de acuerdo, frente al 44% de los hombres.
Las brechas se extienden también al clima emocional y a las expectativas. La emoción más frecuente al pensar en Chile es la preocupación, pero mientras en las mujeres alcanza el 34%, en los hombres se queda en 25%. En conjunto, estas diferencias sugieren que, en general, las mujeres valoran más el rol del Estado, son más críticas de las medidas económicas del gobierno y más pesimistas tanto en su lectura del presente como en sus expectativas de futuro.
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Contacto de prensa:
Carolina Silva: cel: +56983299094
Vocerías:
Claudio Fuentes, Ciencia Política UDP
Gabriel Otero, Sociología UDP
Macarena Orchard, Sociología UDP
Lidia Casas, Derecho UDP
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