Medio: La Tercera
Casos que antes se nombran en otros términos, hoy se definen categóricamente como corrupción. El 79% de la población considera a los organismos públicos como “corruptos o muy corruptos”. Expertos debaten sobre qué tan extendidas están estas prácticas en el país.
Dinamarca ostenta a nivel global el título del país “menos corrupto”. Un sitial que destaca el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, publicado por Transparency International, organización que desde hace 25 años mide el grado de corrupción presente en el sector público (clase política y administrativa) de 180 países y territorios. Según las puntuaciones que se otorgan a distintos aspectos cada nación se ubica en una escala que va de 0 a 100, con 0 como muy corrupto y 100 nada corrupto.
En el informe de IPC, Chile ha tenido un desempeño deficiente en los últimos años. En 2018 descendió un puesto, pasando del 26 al 27. Se trata del cuarto retroceso consecutivo desde 2014.
No se puede hablar de si hay un país que sea o no corrupto, aclara Claudio Fuentes, cientista político de la Universidad Diego Portales. No es posible polarizar en términos de ‘blanco o negro’ si se habla de corrupción, agrega, “la corrupción es parte de la conducta humana”.
De hecho, pese a su posición de privilegio, Dinamarca, con 88 puntos según esta medición, igual ostenta su propio capítulo de corrupción. Actualmente el país enfrenta un escándalo por lavado de dinero. Está implica a la banca, que estaría vinculada con oligarcas rusos, políticos corruptos y crimen organizado, a los cuales esas instituciones habrían ayudado a derivar cientos de miles de millones de dólares a paraísos fiscales extranjeros.
Pero, ¿qué es corrupción? Para la directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, se debe partir por entender que en general las convenciones y tratados internacionales en materia de corrupción no la definen, por la dificultad de llegar a un consenso de qué se trata y no dejar conductas fuera de esta definición. “Con el tiempo, se ha ido avanzando en conceptos que no solo incluyan al sector público, sino también al sector privado. Transparencia Internacional la ha definido como ‘abuso del poder para beneficio propio”, dice.
En este sentido, añade Jarquemada, puede haber corrupción de privados, por ejemplo, como la colusión o administración desleal. “Recientemente en Chile se establecieron ciertos delitos de corrupción entre privados, pero no toda infracción a la ley (robo) o a las normas sociales (saltarse la fila, andar por la berma) puede considerarse corrupción“.
En lo que sí existe consenso es en la alta percepción que en Chile existe de esa práctica. De acuerdo al Estudio Nacional de Transparencia 2018, realizado por el Consejo para la Transparencia, un alto porcentaje de los habitantes (79%) consideran que los organismos públicos son “corruptos o muy corruptos”, percepción que se ha mantenido relativamente estable en el tiempo.
Esa mayor percepción no responde a que ahora sea mayor que antes, sino más bien, acota Fuentes, a que se han mejorado las condiciones institucionales para detectar esos casos. Se detectan y se conocen más. “Existen mecanismos de transparencia y el proceso de la modernización de la justicia, no es que no haya existido antes, sino que ahora se hace explícito. Antes existía, y si no variaban los indicadores era porque no había la información”.
Chile no tiene un problema de corrupción fuera de control, aclara Alberto Precht, abogado y director ejecutivo de Chile Transparente. “No tenemos casos de capturas por crimen organizado, que se deba pagar sobornos por cada una cosa que se hace, o que haya que tener guardaespaldas. Pero sí está claro que existen problemas que en algunos sectores son más agudos, sectores donde aplica la falta de control”.
Entonces, si bien, dice Precht, esos casos no implican que el país se corrompió completamente, sí son señales de alerta. “Porque es fácil caer, porque las conductas se normalizan y empiezan a existir riesgos más sistémicos, como lo que ocurre en otros casos en el continente, como en Venezuela, Haití, o en países del continente africano”.
En los últimos cinco años se ha comenzado a utilizar con más frecuencia este término, a juicio de Jaraquemada, y hemos visto como incluso las autoridades lo utilizan. “Creo que antes, se referían a este tipo de hechos con términos eufemistas. Por otra parte se ve un gran interés de los medios de comunicación de cubrir hechos relacionados con la corrupción”.
Que sepamos más esos hechos, dice Jaraquemada, no necesariamente nos hace más corruptos que antes o que otros países. “Probablemente en dictaduras corruptas, los medios no pueden o quieren informar sobre corrupción, lo que no significa que no haya corrupción. A mi juicio, pero es muy difícil saberlo, ya que la corrupción bien hecha puede que nunca se conozca, Chile no es un país mucho más corrupto que hace 10 años, sino que ahora sabemos más e incluso toleramos menos ciertas prácticas que antes podían no haberse considerado corruptas, como el tráfico de influencias”.
En ese “velo de la ignorancia”, dice Fuentes, no es posible afirmar que sean más frecuente que antaño. Pero sí, es claro que ese conocimiento tiene un efecto. Lo que se aprecia, señala, en descensos en los niveles de confianza que la población tiene en las instituciones, lo que afecta la cohesión social, “porque los casos de corrupción conocidos afectan a instituciones claves como el Congreso, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial”.
Hoy Bomberos es la institución más valorada en términos de transparencia. Es lo que indicó la última Encuesta de Influencia y Confianza, realizada por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. En 2016, Carabineros figuraba como la segunda institución más confiable, en la última medición está en el lugar 39.
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