Medio: El País
El 3 de marzo de 2020, Chile diagnosticó el primer caso de Covid-19, algo esperado tanto por el Gobierno de Sebastián Piñera como por el público en general. Después de todo, febrero es el mes de vacaciones de verano, por lo que el número de chilenos y chilenas que viajan al hemisferio norte es particularmente elevado. Por esa razón, el 28 de febrero, se había publicado un decreto que obligaba a todos los viajeros provenientes del extranjero a realizar una declaración jurada de salud en la que debían consignar si habían estado en lugares con alta incidencia de la enfermedad, en contacto con alguna persona enferma y/o si presentaban síntomas. La autoridad también dispuso que se realizaran controles de temperatura en los puestos fronterizos.
El Gobierno comenzó así a adoptar una serie de políticas que se fueron anunciando de manera progresiva, organizadas en fases. La fase 1 consistió en medidas de preparación, destinadas a evitar el ingreso del virus al territorio nacional. En los días siguientes, el Ejecutivo se movió hacia la fase 2, en un contexto en el que comenzaron a diagnosticarse los primeros casos importados. Aquí, los esfuerzos estuvieron centrados en evitar la transmisión del virus, mediante medidas de higiene, testeo y aislamiento de los casos sospechosos y/o diagnosticados.
El 14 de marzo, ya con 61 casos identificados, Chile entró en fase 3, debido a que comenzaron a aparecer casos secundarios, para los que ya no fue posible trazar la fuente de contagio. Entre las medidas anunciadas, destacan la implementación de una aduana sanitaria, para realizar tests a los viajeros que la autoridad considerase necesarios, y la prohibición de actividades extraordinarias masivas, entre otras. Un día después, se anunció la suspensión de clases presenciales en los colegios, medida que se extendió rápidamente a las universidades.
Finalmente, el 16 de marzo, dado que el país ya contaba con un brote comunitario de transmisión local importante, con 156 casos diagnosticados, Chile ingresó en la fase 4. En ese contexto, el 18 de marzo, ya con 238 casos confirmados, el presidente Piñera anunció la aplicación de un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por un plazo de 90 días, así como el cierre de fronteras. Tres días después, aduciendo que las cuarentenas domiciliarias no se estaban cumpliendo, el Gobierno anunció la implementación del toque de queda desde las 22.00 a las 5.00 horas y la prohibición de tránsito a segundas viviendas de veraneo. Piñera también indicó que el Gobierno implementaría una política de “cuarentena progresiva” con distintas etapas y que contempla la restricción a la movilidad de las personas.
Por su parte, el 19 de marzo el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció una serie de iniciativas para mitigar los efectos económicos del coronavirus. Entre las más relevantes, la elaboración de un proyecto de ley para proteger los ingresos laborales de quienes deban permanecer en su hogar sin posibilidad de optar por el teletrabajo, el otorgamiento de un bono para personas sin trabajo formal y la postergación o suspensión de diversos pagos tributarios para aliviar la carga de las empresas y evitar la pérdida de empleos. El Gobierno también impulsó un proyecto de ley para regular el trabajo a distancia, que está a punto de ser promulgado. Al mismo tiempo, el Banco de Chile, uno de los principales bancos del país, anunció que flexibilizaría el cobro de créditos de sus clientes, lo que provocó una reacción en cadena de las demás entidades en la misma dirección.
El proceso de adopción progresiva de medidas no ha estado exento de dificultades y cuestionamientos. En primer lugar, Chile ha estado inmerso en una crisis social y política de grandes proporciones. El estallido social que tuvo lugar en octubre de 2019 dejó en evidencia que los actores políticos exhiben niveles de legitimidad extremadamente bajos: tan sólo un 14% de los chilenos dice sentirse identificado por algún partido político y son pocos quienes confían en el Gobierno, el Congreso y los partidos (el 5%, 3% y 2%, respectivamente). Por todo ello, estos actores políticos, responsables de la adopción de las medidas sanitarias correspondientes, recibieron al principio toda suerte de suspicacias y críticas.
En segundo lugar, y sorpresivamente, el Gobierno del presidente Piñera comenzó a definir a puerta cerrada las políticas antes mencionadas, lo que generó tensiones con relevantes autoridades y actores no gubernamentales. Probablemente, los dos que tuvieron el rol más protagónico fueron los alcaldes y el Colegio Médico de Chile. Los primeros presionaron al Gobierno para que se suspendieran las clases en los colegios, e incluso algunas comunas lo anunciaron aun cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, había asegurado que no adoptaría esa medida. Otro foco de conflicto con los alcaldes tuvo relación con el cierre de centros comerciales, algo que el Ejecutivo se empecinó en impedir inicialmente y que algunos regidores promovieron.
Por su parte, el Colegio Médico de Chile, a través de su presidenta, Izkia Siches, asumió un rol político y técnico protagonista que desafió las decisiones gubernamentales. Un punto de inflexión importante tuvo lugar cuando afirmó que las autoridades deberían considerar la postergación del plebiscito que tendría lugar el 26 de abril de 2020. El estallido social de octubre dio lugar a un Acuerdo por la Paz entre las principales fuerzas políticas del país, que contemplaba un plebiscito en el que la ciudadanía decidiría no sólo si quería o no una nueva Constitución, sino también el mecanismo a partir del cual se redactaría. Una de las decisiones más complejas era si postergarlo o no. El Gobierno optó por no pronunciarse. Fue la presidenta del Colegio Médico la que convocó a todos los partidos políticos y les propuso acordar una nueva fecha. Esta reunión fue clave para que, finalmente, el Congreso aprobara posponerlo al 25 de octubre de 2020.
El Colegio Médico también ha cuestionado públicamente la estrategia del Gobierno, centrada en diagnosticar para contener el virus. Señaló que la capacidad diagnóstica estaba saturada, denunció falencias en la aplicación de los protocolos y falta de transparencia en la entrega de información relevante. Finalmente, el 22 de marzo el Ejecutivo accedió a convocar a una mesa social de trabajo bisemanal a la que invitó a varios actores, incluido el Colegio Médico, lo que llevó a su presidenta a dar por superadas las diferencias.1
La opinión pública parece haber dado una tregua al Gobierno y valorado el rol de los actores relevantes. De hecho, la encuesta Cadem de la tercera semana de marzo de 2020 reveló un incremento de seis puntos en la aprobación de Piñera (alcanzando el 18%), un apoyo contundente a la postergación del plebiscito (81%) y una evaluación mayormente positiva de la gestión de los alcaldes (70%) y la presidenta del Colegio Médico (66%) frente a la crisis del coronavirus.
Si bien aún es pronto para especular, el Gobierno ya ha anunciado que, conforme aumenten los casos diagnosticados, se anunciarán nuevas medidas. Probablemente, la iniciativa más esperada tiene que ver con imponer un lockdown total en la región metropolitana de Santiago. En las últimas semanas, diversos actores de la sociedad civil han insistido en la necesidad de adoptar una cuarentena obligatoria en la capital, para enlentecer el ritmo de contagios y evitar la saturación de los servicios de salud en los próximos meses, cuando las enfermedades respiratorias asociadas a otras patologías, como el virus sincicial respiratorio y/o la influenza, alcancen su apogeo. Si bien el Gobierno adelantó la campaña de vacunación de la influenza para mitigar los efectos de esta enfermedad, sin medidas de cuarentena obligatoria será difícil controlar la expansión del Covid-19.
Aunque el Ejecutivo está trabajando para ampliar el número de camas críticas y de ventiladores mecánicos disponibles, diversos expertos han señalado que estos esfuerzos serán insuficientes. También señalan que la capacidad de testeo es aún limitada, pues Chile no ha desarrollado kits localmente, lo que probablemente lleva a que se esté subestimando el número de contagios. A 24 de marzo de 2020, con 922 casos diagnosticados y dos fallecimientos, todo indica que la presión irá en aumento para que el Gobierno opte por el cierre de la ciudad de Santiago.
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