Medio: El Mostrador
Si la transición electoral comenzó con el plebiscito de 1988, la transición política más sustantiva se desencadenó el 16 de octubre de 1998, cuando Scotland Yard arrestó en la London Clinic al ex dictador Augusto Pinochet. Una de las situaciones menos esperadas, más irrisorias y que desató las más insospechadas reacciones de sus defensores y detractores en esos 503 días en que estuvo detenido fuera del país.
El otrora hombre más poderoso e intocable de la dictadura, terminaba capturado por sus propios crímenes. Esa orden de arresto no la emitía la justicia chilena—que hasta esa fecha no había tocado al general—sino que por un juez español. La ironía del caso es que el gobierno de la época terminaría defendiendo el retorno del ex dictador. La retórica de entonces combinaba una agria mezcla de nacionalismo, defensa de la soberanía y la promesa de que en Chile existían las condiciones para juzgarlo.
Precisamente fue este último punto el que desató algunas fuerzas que remecieron la hasta entonces parsimoniosa transición. Después del incidente, Pinochet, el intocable, nunca más volvería a ocupar su asiento vitalicio en el Senado por la orden de desafuero que dictó el juez Guzmán. Después de su retorno al país, Pinochet enfrentó una serie de procesamientos que lo mantuvieron con arresto domiciliario, aunque nunca llegó a ser condenado. Por otro lado, al asumir el presidente Lagos, convocó a las fuerzas políticas a eliminar los enclaves autoritarios a partir de una reforma constitucional, lo que se concretaría parcialmente en agosto de 2005.
Pero, ¿hasta qué punto estas transformaciones han remecido a la derecha? Parece ser que de una lealtad incondicional y ciega con la obra política y económica del régimen, algunos actores de derecha comenzaron a ver matices, reconocer errores y omisiones. ¿Podemos hablar de la despinochetización de la derecha chilena?
Comparemos los discursos de Sebastián Piñera—el más liberal de la derecha—en octubre de 1998 y 2018. El primero fue entregado en un acto masivo de los adherentes de Pinochet. Mientras un avión surcaba el espacio con un lienzo que decía “Mi general no se rinde”, un eufórico Sebastián Piñera manifestaba su preocupación porque “las condiciones de salud del senador Pinochet son muy delicadas hoy en día y todos nosotros las conocemos”. Agregaba que era el momento de apoyarle a él y su familia: “El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad.”
No importaba que en Chile los juicios por violaciones a los derechos humanos estuviesen congelados por influencia de los propios militares. Tampoco importaba que el ex dictador se mantuviese en el poder luego de verificarse la transición a la democracia amenazando que se quedaba al frente del Ejército para proteger a sus hombres. Su arresto gatilló un ordenamiento discursivo en torno a la defensa de la soberanía. Continuaba Piñera: “Queremos decirle al juez Garzón, que lo entienda muy bien. Chile ha sido, es, y será siempre un país libre y un país soberano”. Piñera rechazaba que un juez foráneo, “se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda entrometerse en nuestros asuntos y juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido ex presidente de la República”. Curioso modo de defender la dignidad de un ex dictador sin mencionar que aquellos “hechos” fueron horrendas violaciones a los derechos humanos cometidas por el aparato que ese mismo ex dictador organizó.
20 años más tarde, Piñera dictaba otro discurso pero ahora conmemorando el triunfo del “NO” en el plebiscito. De nuevo frente a sus partidarios y de nuevo con la bandera chilena como telón de fondo, indicaba en forma categórica que “todos nosotros pensamos que ningún contexto justifica ni justificará jamás la violación a los derechos humanos, que deben ser sagradamente respetados, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, para todos los chilenos”.
Se trata de un discurso que enfatiza que nada justifica violar derechos humanos pero que inmediatamente busca situar tales atrocidades en un contexto: “Pero eso no significa—nos dice Piñera hoy–, que no podamos analizar, por ejemplo, cómo y por qué perdimos la democracia”. El golpe se interpreta como resultado de una espiral de intolerancia verbal y material que “significó el derrumbe definitivo de nuestra enferma democracia”. En este discurso se valoran “muchas de las modernizaciones que se hicieron durante esa época”, pero donde se restringieron severamente las libertades.
Entonces, la figura del general Pinochet y su régimen continúa incomodando a sus antiguos y nuevos partidarios. En su versión más digerida de Piñera, se indica que no existe circunstancia que justifique las violaciones a los derechos humanos, pero su discurso retorna porfiadamente a explicar aquel contexto. Se reitera también aquella curiosa disociación entre un régimen represor en lo político pero benevolente en lo económico. En la versión más pinochetista se valora el golpe de Estado. La diputada Camila Flores (RN) se declara abiertamente pinochetista, valora el “pronunciamiento militar” que salvó a Chile de una guerra civil y más recientemente sostuvo que los opositores al régimen “no eran blancas palomas”.
Sin embargo, lo más preocupante, inquietante en realidad, es que a 20 años del arresto de Pinochet, a 28 años del retorno de la democracia, subsista la defensa férrea de algunos enclaves autoritarios que protegen y convierten a las fuerzas armadas en un ente autónomo, objeto de especiales privilegios que a la luz de la consolidación democrática parecen innecesarios.
El 5 de octubre de 2018 la Comisión de Defensa del Senado por mayoría de sus integrantes de derecha (dos de Chile Vamos y un independiente), aprobó un proyecto de ley—que ahora pasará a la Sala del Senado—y que mantiene en forma reforzada los privilegios de las fuerzas armadas heredados de la dictadura: se propone mantener el piso mínimo presupuestario vigente desde 1989; se propone reemplazar la ley del cobre por un fondo plurianual para adquisiciones; se propone establecer un piso mínimo para adquisiciones de armas; se establece otro fondo de contingencia por situaciones de catástrofes y cuando existan oportunidades de mercado en el negocio de las armas.
A 30 años del plebiscito y a 20 años del arresto de Pinochet se mantiene una constante tensión en la derecha política de lealtad y distanciamiento con la dictadura y sus legados. Se avanza retóricamente al reconocer la violación a los derechos humanos pero se retrocede al mantenerse apegados a justificar los hechos por el contexto y a defender los privilegios de aquellas instituciones armadas que encabezaron el golpe. Por esta sencilla razón, estamos lejos de poder afirmar que la transición como proceso político ha terminado.
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