Medio: CIPER
En un contexto en que muchos hogares chilenos dependen del crédito para comprar comida, el autor se pregunta qué sistema de producción y distribución de alimentos necesitamos para garantizar la alimentación en un escenario post pandemia. ¿Cómo deben gestionarse los supermercados para puedan integrar a los pequeños productores y funcionar de manera sinérgica con esquemas de abastecimiento autogestivos (como ferias libres, cooperativas de consumo y ollas comunes)? La actual emergencia alimentaria, dice el autor, abre la posibilidad de democratizar los sistemas agroalimentarios para ponerlos al servicio del bien común.
Uno de los aspectos más alarmantes de la expansión del Covid-19 es el hecho de que amenaza con generar una crisis alimentaria aguda. Cadenas de suministro frágiles ante un nuevo panorama mundial de fronteras duras y desafíos logísticos, sumadas a una ola de despidos masivos por la contracción de la actividad económica, han puesto en juego la seguridad alimentaria de millones de personas.
Si bien en América Latina las cifras confirman que hasta el momento no se han presentado distorsiones significativas en el abastecimiento de alimentos, diversos organismos han alertado sobre un escenario complejo en el mediano plazo.[i]
Asimismo, la CEPAL ha estimado una contracción de la economía regional de 5,5% para Sudamérica en 2020 –la mayor en su historia. Este entorno de recesión, podría conducir a una tasa de desempleo del 11,5%, lo que significaría un aumento de 11,6 millones de personas desempleadas respecto de 2019.
En una declaración reciente, el ministro de Agricultura afirmó que el país tiene stock suficiente de alimentos para pasar bien el invierno[iii]. Esta lectura, sin embargo, merece dos precisiones: primero, numerosos estudios demuestran que el hambre y la subalimentación –en sus manifestaciones contemporáneas – no son un efecto directo de la falta de disponibilidad de alimentos, sino de la falta de dinero para costearlos. En una entrevista reciente, por ejemplo, el alcalde de Santiago Centro afirma que la gente en su comuna está muriendo de hambre y no de coronavirus[iv].
Segundo, este análisis de corto plazo pasa por alto la vulnerabilidad del país en el mediano plazo frente a eventuales disrupciones logísticas, sobre todo si se tiene en cuenta la creciente dependencia de la economía nacional de importaciones de cereales y granos.
Como veremos en mayor detalle, es muy riesgoso seguir caminando a la deriva y simplemente abandonar estos desafíos a lógicas de mercado. Si bien las extrapolaciones históricas se deben tomar con cautela, una de las enseñanzas más importantes que deja la crisis alimentaria originada por la Gran Depresión de la década de 1930, es que requirió acciones de intervención pública a gran escala orientadas a defender a la población tanto del hambre, como de los intereses económicos de grupos dominantes. A su vez, estas formas de intervención se hicieron posibles al estar enraizadas en una política de masas y en una cultura militante que abarcaba amplios sectores de la ciudadanía. Como lo demuestra la historiografía reciente, lo que en su momento se entendió como el problema de “la alimentación popular” fue de tal magnitud, que se constituyó en el eje alrededor del cual se construiría el estado bienestar en Chile y otros países latinoamericanos en las décadas subsiguientes (Henríquez 2014; Frens-String 2015; Yáñez 2018).
Compartir esta página: