Medio: CIPER
La población con VIH/SIDA es considerada un grupo de riesgo para el COVID-19. Por ello se ha recomendado entregarles sus terapias retrovirales con meses de adelanto. Así pueden mantener la cuarentena y evitar contagios. Sin embargo, el Ministerio de Salud se ha demorado en implementar el proceso. Según el autor esto es consecuencia de un problema mayor: la restricción de derechos ciudadanos en contextos de pandemia, lo que precariza aún más las condiciones de vida de grupos vulnerables. “Cuando se parcelan las entregas de medicamentos a personas viviendo con VIH, hay una muestra concreta de limitación de recursos para un grupo de riesgo que se vuelve sacrificable”, plantea.
En esta columna[1] sostengo que, desde un punto de vista LGBTQI+, hay una conexión entre el COVID-19 y el VIH/SIDA, que no se basa en las características epidemiológicas de ambas enfermedades, sino en las construcciones discursivas en torno a pestes contemporáneas que el VIH/SIDA articuló en el Chile neoliberal y conservador de los ’80, ‘90; y que vuelven a manifestarse hoy en decisiones que generan exclusiones de género, que ponen en riesgo la salud de grupos homosexuales y la precariedad material y de derechos en que viven[2].
El VIH/SIDA llegó a Chile en medio de la dictadura (1984). En ese contexto, discursos de estigmatización y patologización sobre homosexuales reforzaron masculinidades hegemónicas, miedos y prejuicios sobre los tipos de sexualidades existentes en nuestra sociedad, pero por sobre todo develaron los conservadurismos y autoritarismos de Chile. El COVID-19 ha reactualizado estos tipos de violencias. Frente a la precariedad del sistema de salud y la aún presente homofobia, las personas LGBTQI+ vienen, desde los inicios de la cuarentena, experimentando violencias de diverso tipo, que les recuerdan que sus vidas están permanentemente amenazadas no solo por las condiciones crónicas que agravan el contagio, sino porque en un contexto excepcional, donde las libertades ciudadanas quedan suspendidas, la fragilidad de sus derechos y condiciones de existencia se ven aún más precarizadas.
Mencionaré algunos hechos ocurridos recientemente para ilustrar mi argumento. Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, a través de redes sociales, ha hecho especial énfasis en el llamado a la mantención de la entrega de medicamentos para el normal acceso a terapias retrovirales de las personas viviendo con VIH/SIDA. En nuestro país, el activista Víctor Hugo Robles[3] ha advertido y denunciado, en redes sociales y en su programa radial “Siempreviva en vivo”, la entrega parcial de tratamientos retrovirales contra el VIH. El 5 de junio recién pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección que denunciaba esta situación. El Ministerio de Salud tenía 5 días para informar en esta materia, y esta semana el nuevo ministro, Enrique Paris, habló de reforzar los programas de VIH, de cáncer y otras enfermedades catastróficas, y pidió 10 días hábiles para responder al recurso presentado. En paralelo, varias instituciones y organizaciones sociales han iniciado una campaña mediática en redes sociales para presionar al Ministerio de Salud a implementar entrega de terapias retrovirales multi-mensuales. Todo esto ocurre en medio de recomendaciones de no exponer a la población con VIH a esperas en los centros de salud, y entregarles medicamentos para al menos dos meses de terapia, para que puedan mantener la cuarentena y evitar contagios en un grupo considerado de riesgo.
En abril, el MOVILH (Movimiento de Liberación Homosexual) publicó una encuesta realizada a 523 personas en todo el país, en donde un 78,4% de los encuestados expresaba su temor de que los derechos LGBTQI+ retrocederían o se verían afectados por la pandemia del COVID-19[4]. Al parecer, no estaban equivocados. En mayo, personas trans informaban que el Registro Civil ha obstaculizado el cambio de nombre y sexo legal, incumpliendo la ley de identidad de género[5]. El 4 de junio, el Tribunal Constitucional rechazó, en fallo dividido de 5 votos contra 4, un recurso a favor del matrimonio igualitario de una familia lesboparental, que había celebrado su matrimonio en el extranjero y pedía el reconocimiento de su vínculo en Chile. En este fallo se argumentó que permitir el matrimonio igualitario podría abrir el camino a la poligamia o al matrimonio infantil, como en países musulmanes y africanos[6].
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