Medio: The Clinic
Uno de los principales argumentos de quienes rechazan la idea de abrirse al debate constitucional es que aquello no es preocupación de la gente. De acuerdo a este argumento, lo que a la ciudadanía le interesa es mejorar sus pensiones, tener mejores sueldos, acceder a una mejor educación. A la gente no le interesa el tema constitucional, señalan.
El medio de prueba son las encuestas. Algunas de ellas han consultado en el pasado sobre la prioridad que el gobierno debiese darle a una lista de temas, incluyendo la reforma constitucional (CEP y CADEM). En mayo de 2019 la Encuesta del CEP ubicaba a la reforma constitucional en el lugar número 15, lo que llevó a los tomadores de decisión a indicar que este no era un tema de preocupación de la ciudadanía. Como el contexto político-social cambió, en la encuesta CADEM de esta semana, la reforma constitucional se ubicó en tercer lugar, después de pensiones y salud.
Incluso si la preocupación por el cambio/reforma a la Constitución creció en importancia relativa, todavía aquellos sectores que resisten el cambio argumentarán que las prioridades de la gente está en las cuestiones concretas de subir las pensiones, sueldos y mejorar la educación, entre otras tantas cosas.
El primer error de ese argumento es que en aquella pregunta mezcla en una misma lista peras, manzanas y naranjas. Una cosa son las políticas públicas específicas y sectoriales (pensiones, salud, educación, delincuencia, vivienda), otra distinta son problemas genéricos de la sociedad (desigualdad, pobreza) y otra se refiere al aspecto relacionado con reformas legales (reforma constitucional). El listado, entonces, combina ámbitos de muy diferente calibre.
El segundo problema es que se trata de dimensiones no excluyentes. Por ejemplo, cuando se trata de “reformas constitucionales”, ellas pueden tener efectos (y de hecho lo tienen), en pensiones, educación, salud, vivienda, y medio ambiente por citar algunas políticas públicas. Lo mismo sucede con temas genéricos asociados a desigualdad o pobreza. O acaso, ¿subir las pensiones o los sueldos no debiese afectar las condiciones de pobreza de las personas?
El tercer problema es la definición de “reforma constitucional” en este listado. ¿Qué entienden los y las encuestadas por ello? ¿Lo entienden como modificaciones parciales, modificaciones totales a la Constitución? Claramente existe un problema con señalar que la gente no quiere un cambio constitucional cuando en la pregunta se habla de “reforma constitucional” sin especificar de qué se trata.
El cuarto, y quizás el mayor problema, es que cuando se establece un orden de prioridades, se está asumiendo que las personas pensamos y decidimos a partir de una escala de cuestiones que son más urgentes y menos urgentes. Este modo de concebir la realidad excluye la posibilidad que las personas puedan preferir dos cosas que no son necesariamente excluyente: yo quiero mejorar las pensiones y quiero, al mismo tiempo establecer una nueva Constitución, por ejemplo.
Este ha sido el principal error de la estrategia política del gobierno: pensar que la ciudadanía prioriza lo material (sueldos, pensiones, delincuencia), y que establecer nuevas reglas del juego sería secundario. Es obvio, enfrentadas a un listado de temas cerrados, seguramente las personas elegirán aquellos que les afectan más directamente. Pero aquello no impide que en deseen otras cosas simultáneamente. Seguramente los tomadores de decisión miraron las encuestas y asumieron que la cuestión constitucional no era relevante. No advirtieron que la realidad es más compleja y que las personas pueden, simultáneamente, tener dos o más prioridades de diferente ámbito.
Esto es crucial para el debate que viene. El gobierno informó que se establecerán cabildos ciudadanos y que se organizarán para debatir algunos temas asociados a políticas sociales. El gobierno, muy probablemente, incluirá solo temas sociales (abusos, educación, salud pensiones, etc.). Probablemente seguirán una metodología similar a la de los cabildos autoconvocados en el gobierno anterior que invitaba a las personas a establecer prioridades que el gobierno debe considerar. Finalmente, excluirá el tema constitucional o lo colocará como un tema anexo, si es que emerge desde la propia ciudadanía.
El resultado no debiese ser muy diferente a cualquier ejercicio social donde se solicita ordenar ciertos temas en una escala de prioridades (véase el ejercicio de Chilecracia.org para esos efectos). Como la metodología te fuerza a establecer prioridades en listas cerradas, entonces el resultado no debiese sorprendernos: la ciudadanía priorizará pensiones, salud, educación, delincuencia. Si el gobierno persiste en esta lógica, el resultado será uno conocido. Dime cómo organizan los cabildos, y te diré el resultado que obtendrás.
La solución es abrirse a un modo distinto de enfrentar las discusiones que vienen. Eventualmente se necesita aceptar que existen diferentes niveles de discusión (local, de políticas sectoriales, de normas nacionales), que en esos tres niveles las personas pueden plantear sus posiciones y que simultáneamente podría quererse mejorar su barrio, querer desarrollar ciertas políticas públicas y querer una nueva Constitución. Nada de lo anterior es excluyente. El problema es que el gobierno parece atrapado por sus miedos de abrir la democracia. Se resiste a aceptar que las personas pueden querer tener una mejor pensión y al mismo tiempo podrían querer una mejor Constitución.
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