El presente estudio es el resultado de una colaboración entre el programa Democracia UDP, el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO-UDP) y la consultora Feedback Research, con el apoyo del Women Equality Center (WEC). El diseño de los instrumentos cualitativos y cuantitativos se realizó en conjunto con el Consejo Académico del proyecto Democracia UDP y los equipos técnicos de Feedback y la universidad. La investigación se desarrolló en dos etapas. En la primera, se realizaron 10 grupos focales entre el 5 y el 22 de agosto de 2024, con la participación de 91 personas, según edad y nivel socioeconómico. Luego de esto, se diseñó un cuestionario de opinión pública que incluyó 45 preguntas en total, con el cuál se realizó una encuesta de opinión pública entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre de 2024.
A pesar de que el ±63% de los encuestados afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, aproximadamente 1 de cada tres consultados (31%) considera que, en circunstancias específicas, un gobierno autoritario podría ser preferible, registrando un aumento de ±7 puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior de septiembre 2024. Este respaldo al autoritarismo es mayor en personas de derecha (53%), hombres (40%), habitantes de la zona sur (39%), mayores de 60 años (40%) y de nivel socioeconómico bajo (35%).
Consultados sobre qué tipo de gobierno sería más efectivo para abordar diferentes problemas, el único tema en el que un gobierno autoritario es percibido como superior es en la lucha contra la delincuencia (52% autoritario vs. 38% democrático). Esta percepción se acentúa en personas de derecha (79%), hombres (62%) y sectores socioeconómicos bajos (58%).
En contraste, un gobierno democrático es considerado más eficaz en temas como: mejorar la convivencia ciudadana (65%); velar por la integridad física y psíquica de las personas (62%); disminuir la desigualdad (60%), y crear puestos de trabajo (60%).
Dado que la delincuencia es identificada como el principal problema a resolver, el 58% de los encuestados señala al Gobierno Central como la principal autoridad responsable, seguido por Carabineros (17%), el gobierno regional (11%) y las Fuerzas Armadas (9%). Respecto de la atribución de responsabilidad al gobierno central, esta es mayor en personas de derecha (70%), nivel socioeconómico alto (69%), mayores de 60 años (67%), habitantes de la Región Metropolitana (62%) y hombres (61%).
Estos resultados evidencian un creciente debate sobre el rol de las instituciones democráticas en enfrentar desafíos críticos como la seguridad, mostrando un equilibrio entre el apoyo a valores democráticos y una inquietud latente por alternativas autoritarias en áreas sensibles para la ciudadanía.
El estudio revela una relación significativa entre la confianza ciudadana y la percepción de corrupción en algunas de las instituciones comparadas. Aquellas entidades percibidas como más corruptas tienden a generar niveles de confianza considerablemente bajos, mientras que las instituciones con menor percepción de corrupción son vistas como más confiables.
Las instituciones más valoradas por la ciudadanía en la dimensión de confianza (bastante + mucha confianza) son: Bomberos (93%), Servel (64%), Carabineros (61%), PDI (55%) y Fuerzas Armadas (55%); en contraste con instituciones que obtienen los más bajos porcentajes de confianza: el Poder Judicial (12%), redes sociales (11%), TV (8%), Congreso Nacional (5%) y partidos políticos (4%).
En cuanto a la percepción de corrupción, las menciones principales corresponden a: el Congreso Nacional (93%), municipalidades (92%) y tribunales de justicia (85%), seguidos por el Servicio Nacional de Aduanas (74%) y el gobierno (74%). Por otra parte, las organizaciones en donde menos corrupción se percibe corresponden a: El Servel (32%), el Banco Central (34%) y la Contraloría General de la República (48%).
Al comparar aquellas organizaciones en donde se consulta de manera separada tanto por la percepción de confianza como por el nivel de corrupción atribuida, el análisis muestra una clara asociación entre confianza y corrupción. En efecto, a instituciones como el Congreso, los tribunales de justicia y las municipalidades se le imputan altos niveles de corrupción y bajos niveles de confianza. Por otro lado, entidades como el Servel demuestran que es posible mantener altos niveles de confianza (64%) con una percepción significativamente menor de corrupción (32%). Sin embargo, existen casos donde instituciones con alta confianza, como Carabineros (61%), PDI (55%) y Fuerzas Armadas (55%), también registran altos niveles de percepción de corrupción.
Al indagar en la percepción de optimismo o pesimismo sobre el futuro de Chile para los próximos 5 años, observamos un claro indicio de un país que actualmente está dividido justo a la mitad. Un 50% de los chilenos es pesimista o muy pesimista respecto de su futuro, en su mayoría pertenecen al nivel socioeconómico bajo, tienden a ser más hombres que mujeres y personas mayores de 60 años; el resto mira con optimismo los años que vienen, particularmente, las personas de clase media, las mujeres, los más jóvenes y sectores que se autoidentifican de izquierda.
Normativamente, la gran mayoría manifiesta que hay que respetar las reglas. El 96% considera que nunca se justifica sobornar a un funcionario público para conseguir algún beneficio, el 93% cree que no es aceptable realizar pagos indebidos para aprobar la revisión técnica y el 90% señala que nunca justifica evitar pagar el pasaje del transporte público.
Sin embargo, el 53% señala que uno debe obedecer las leyes siempre, mientras que el 47% considera que hay ocasiones excepcionales en las que se puede no obedecer una ley si se considera que ella es injusta. Quienes piensan que en ocasiones se puede actuar al margen de la ley son mayoritariamente jóvenes (60%), de sectores bajos (51%) y quienes se identifican con la izquierda (52%) o el centro político (52%).
Los partidos políticos son mal evaluados. Solo el 4% de los encuestados confía en ellos, el 86% cree que se enfocan en buscar cargos para sus miembros y solo un 11% considera que los partidos políticos funcionan bien. Sin embargo, cuando se pregunta por la importancia de los partidos políticos para el funcionamiento de la democracia, el 61% considera que son indispensables para la democracia y el 59% dice que la democracia no puede sobrevivir sin ellos. Ahora bien, el 40% cree que la democracia puede sobrevivir sin partidos. Esta postura es más común entre personas que se ubican en el centro político (53%) y tienen entre 40 y 59 años (45%).
A pesar de la necesidad de estas instituciones para la democracia, el 66% se siente poco o nada identificado con algún partido político. Paradojalmente, un 63% de los consultados expresó tener un alto interés en la política, lo que deja en evidencia una importante brecha de representación.
Cuando se les pregunta a los encuestados cuán de acuerdo están con una serie de iniciativas de democracia directa, el 79% está de acuerdo con que el congreso tenga que hacer un plebiscito vinculante si quiere reformar la constitución, el 73% está de acuerdo con que la ciudadanía pueda proponer directamente una ley al Congreso mediante recolección de firmas y el 70% con que existan plebiscitos para ratificar o destituir a altos funcionarios en cargos, administrativos o judiciales. Además, el 82% señala que siempre le ha interesado votar en las elecciones y el 71% cree que es mejor tener un sistema electoral con voto obligatorio. Al analizar los resultados por grupos, vemos que las personas de derecha son las que más prefieren el sistema de voto obligatorio (81,6%), seguido por los mayores de 60 (81%), los hombres (77,7%), los que tienen entre 40 y 59 años (75,7%), y los habitantes de la zona norte (74%).
Cuando se les pide a los encuestados que piensen en nuevos liderazgos políticos, las figuras públicas, mencionadas de manera espontánea, que generan mayor identificación son Evelyn Matthei (13%), Johannes Kaiser (10%), Tomás Vodanovic (9%) y José Antonio Kast (5%).
A pesar de la emergencia de estos nuevos liderazgos y de su potencial crecimiento electoral, el dato debe ser tomado con cautela, ya que al indagar por la importancia de algunas características deseables en los representantes políticos, al 89% le gustaría tener un representante con ideas similares a las propias, en tanto que un 83% de los encuestados cree que, independiente de sus ideas, su representante debería ser una persona que busque lograr acuerdos.
En el plano valórico, observamos un amplio apoyo ciudadano en torno a temas de derechos individuales y decisiones personales. Un arrollador ±83% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con la eutanasia y el 72% apoya el matrimonio homosexual.
En la dimensión más amplia del concepto, cuando se consulta por el nivel de acuerdo con que el “aborto en cualquier circunstancia es un derecho de la mujer a decidir”, ±53% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación, lo que podría marcar un hito declarativo de esta postura más liberal. El respaldo es mayoritario entre las mujeres (60%), personas de nivel socioeconómico alto (55%), jóvenes entre 18 y 39 años (61%) y entre quienes se autoidentifican con la izquierda (87%).
En el caso eventual de que en Chile se legalice el aborto sin restricciones, cuando se consulta por el detalle de los plazos máximos permitidos para la interrupción: 17% considera adecuado permitirlo hasta la octava semana; 18% opta por la alternativa hasta las 12 semanas; 12% lo extendería hasta las 16 semanas y 18% incluso sobre 20 semanas. Un tercio de los encuestados (34%) considera que el aborto no debería legalizarse, con una diferencia importante de intensidad según género, 41% son hombres y 28% mujeres; que pertenecen principalmente al nivel socioeconómico bajo (40%) y son personas mayores de 65 (45%)
Estos resultados reflejan una evolución significativa en las actitudes hacia temas que implican decisiones éticas y morales, marcando un cambio evidente en las percepciones culturales y políticas del país hacia posturas más liberales.
Descarga la encuesta en el siguiente enlace:
Percepción y Valoración de la Democracia
Contacto vocerías:
Dirección General de Comunicaciones UDP:
Tamara Tobar, subdirectora: [email protected]
Andrea Lagos, directora general: [email protected]
Compartir esta página: