Medio: Clarín
Desde mediados de octubre, Chile vive una serie de protestas sociales de gran escala. En este contexto han confluido un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales e individuos de a pie, motivados por distintas demandas, pero que al parecer comparten un cuestionamiento a las desigualdades sociales y un rechazo a los abusos de poder.
El estallido evidenció que Chile atraviesa una profunda crisis de legitimidad política. Según el diario La Tercera, durante el último mes se movilizaron 4.317.076 chilenos. Mientras que en las últimas elecciones, 3.796.579 personas votaron por Sebastián Piñera y 3.159.902 por el candidato opositor Alejandro Guillier. Estas cifras sugieren que la crisis de legitimidad afecta a todo el sistema político.
Desde el inicio del estallido los intentos del gobierno por enfrentar la crisis fueron infructuosos. El Presidente condenó a los “violentistas”, indicó que el país se encontraba en guerra, y apeló al toque de queda y al estado de emergencia para reestablecer el orden. Luego se disculpó y anunció medidas para beneficiar a los más vulnerables. Probablemente porque estas iniciativas no empujaban los límites de “el modelo” las movilizaciones no cesaron y su popularidad continuó cayendo.
Desbordado, el 10 de noviembre el gobierno anunció una reforma constitucional a través de un congreso constituyente con amplia participación ciudadana. La carta magna emanada debería ser ratificada a través de un plebiscito. Este anuncio encendió aún más los ánimos. ¿Qué falló? Queda claro que la forma es tan importante como el fondo. Los críticos no solo clamaron por una nueva constitución sino que también cuestionaron el mecanismo escogido. En este contexto, promover una reforma constitucional a través del congreso no pareció ser la mejor alternativa.
El gobierno enfrentó entonces una disyuntiva: recrudecer la represión o ceder. En el marco de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, aumentar la represión no parecía ser una solución políticamente viable, lo que empujó a distintos actores a considerar mecanismos alternativos. Finalmente, el 15 de noviembre los principales líderes políticos alcanzaron un consenso.
El llamado Acuerdo por la Paz Social prevé un plebiscito vinculante a través del cual la ciudadanía decidirá si quiere o no una nueva constitución, y si desea que ésta emane de una convención constituyente integrada por ciudadanos escogidos por elección directa o por una convención mixta integrada por partes iguales por parlamentarios y ciudadanos. Para que una medida sea incluida en la nueva constitución (no es una reforma), debe contar con el apoyo de dos terceras partes de la convención.
A pesar de la desconfianza de ciertos sectores, la movilización ha cedido. Sin embargo, nos encontramos ante un equilibro altamente volátil. Aunque es indudable que la salida es de naturaleza política, muchos sectores temen que los partidos terminen controlando las candidaturas de la eventual convención. También están quienes temen (equivocadamente, en mi opinión) que el quórum le permita a una minoría imponer su voluntad.
El acuerdo es un avance significativo. No obstante, es necesario disipar las aprensiones y explicarle a la ciudadanía que el establecimiento de un quórum de dos tercios promoverá la adopción de amplios consensos. Se requiere, además, adoptar estrategias que propicien la deliberación y que cuenten con la participación de actores extra políticos que aporten mayor legitimidad al proceso. Una resolución exitosa requiere que el gobierno y los partidos estén genuinamente dispuestos a invitar a más jugadores a la cancha.
Rossana Castiglioni es Doctora en C. Política por la U. de Notre Dame (EE.UU.) y profesora Asociada de Ciencia Política de la U. Diego Portales (Chile).
Compartir esta página: