La Escuela de Ciencia Política en conjunto con el Proyecto Fondecyt Nº 11150151, organizan el lanzamiento del libro “Vitalidad partidaria y democracia en América Latina”, escrito por Fernando Rosenblatt, Director de la Escuela de Ciencia Política UDP, y publicado por Oxford University Press.
El texto, que busca explicar los factores detrás de la vitalidad de las organizaciones partidarias en América Latina, particularmente en Chile, Uruguay y Costa Rica, será comentado por:
Juan Pablo Luna, Pontificia Universidad Católica de Chile
Marcela Ríos, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sergio Toro, Universidad de Concepción
La actividad se realizará el martes 19 de junio a las 13:00 horas, en la sala B-31 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago.
Después de las elecciones en Chile en las que venció Sebastián Piñera sobre Alejendro Guillier, el analista Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas en ese país, dijo que ahora resta por saber qué sector dentro de la derecha va a dominar el gobierno.
Además, apuntó que Piñera “puso gente que conocía mucho los territorios y le funcionó muy bien”. En esa línea ubicó el triunfo en zonas como Iquique. “A un reducto que era históricamente de izquierda lo conquistó Piñera”, dijo.
El analista se refirió al alto nivel de abstención y dijo que el 26% de la población votó por Piñera y el 22% por Guillier. La otra mitad del país no habló, señaló.
Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
“Mientras en la primera vuelta presidencial Piñera conquistó un poco más de 2.400.000 votos, ahora logró movilizar a cerca de 3.800.000 votantes”.
Esta vez las encuestas nos fallaron: Sebastián Piñera ganó la elección presidencial el último domingo. Sin embargo, el resultado trajo consigo una sorpresa, puesto que la victoria de Piñera fue mucho más abultada de lo esperado. Casi todos pensábamos que la diferencia no sería mayor que dos puntos porcentuales, pero el candidato de centro-derecha obtuvo un 54.6% y el de centro-izquierda un 45.4%. Mientras en la primera vuelta presidencial Piñera conquistó un poco más de 2.400.000 votos, ahora logró movilizar a cerca de 3.800.000 votantes. A su vez, la participación electoral subió tres puntos entre la segunda y la primera vuelta presidencial. Si bien un 51% de la población en edad de votar se quedó en sus casas, llama la atención que 300.000 votantes adicionales se hayan sumado a la segunda vuelta.
¿Cómo se puede explicar el aumento de la participación electoral y la capacidad de Piñera para conseguir esta vez mucho más votos que en sus anteriores campañas presidenciales? Al día de hoy no tenemos información suficiente para responder esta pregunta de forma certera, pero por lo pronto es posible formular dos hipótesis.
La primera hipótesis es que la centro-derecha logró movilizar a sus propios electores mediante una estrategia del terror, vale decir, infundió suficiente miedo respecto a los potenciales riesgos de un futuro gobierno de Alejandro Guillier como para sacar de sus casas a todos quienes detestan a la centro-izquierda. De hecho, sectores de derecha acuñaron el concepto de “Chilezuela” para incitar miedo frente al triunfo de una izquierda que supuestamente llevaría el país hacia el modelo bolivariano promocionado por el Chavismo.
La segunda hipótesis es que la centro-derecha fue capaz de conquistar los votos no sólo de importantes sectores de clase media sino que también de quienes se consideran independientes. Esto se explicaría porque en la segunda vuelta Piñera hizo una serie de concesiones programáticas hacia el centro político y aseguró que no busca hacer grandes reformas con un talente conservador ni en términos morales ni económicos. En efecto, se comprometió a buscar la opción de ampliar la política de gratuidad en el sistema de educación terciario que inició el actual gobierno de Bachelet.
Aun cuando hoy en día no sabemos cuál de estas dos hipótesis tiene mayor validez empírica, sí podemos adelantar que cada una de ellas tiene implicancias muy diferentes para el futuro gobierno. En caso de que la primera hipótesis sea cierta, el aumento de votos de Piñera guarda escasa relación con su habilidad para expandir su base de apoyo más allá de quienes se identifican con la derecha. Esto significa que el nuevo gobierno contará con un apoyo ciudadano bastante limitado y más temprano que tarde tendrá niveles de aprobación exiguos. Al fin y al cabo, Piñera obtuvo cerca del 26% del universo de votantes.
Por el contrario, la segunda hipótesis indica que la centro-derecha ha sido capaz de ampliar su tradicional base de apoyo y, por lo tanto, se trata de una oportunidad única para expandir su electorado. De ser esto cierto, mientras el nuevo gobierno mantenga una posición de centro y conecte con las demandas de votantes independientes, podrá armar un proyecto político con proyección de largo plazo. Dicho proyecto debería pasar por una renovación intelectual y programática así como también la formación de nuevos cuadros políticos.
¿Cuál hipótesis es más válida? Para responder esto habrá que analizar los datos con calma. Lo que sí podemos aventurar es que Piñeratiene poco espacio para gobernar hacia la derecha, puesto que esto inevitablemente lo llevaría a tener mínimos niveles de aprobación y terminar entregando la banda presidencial el año 2022 a quienes sus adherentes más acérrimos abominan: la izquierda.
Qué responderías si te preguntan cuántos extranjeros hay en un grupo de 100 presidiarios en cárceles chilenas o si de un grupo de 100 mujeres entre 15 y 19 años, cuántas están embarazadas. Estas simples interrogantes fueron parte de la Encuesta Internacional Ipsos Mori Perills of Perception 2017, la cual reveló la distorsionada percepción de la realidad que tiene la población en Chile.
Según el estudio, que entrevistó a 29.133 personas en 38 países, Chile ocupa la posición número 13 del ranking mundial, lo que ubica al país entre los que más brecha tiene entre percepción y realidad.
Por ejemplo, respondiendo a las preguntas planteadas al comienzo de esta nota, los chilenos aseguraron que en un grupo de 100 presos 21 eran extranjeros, cuando la cifra real es 3,4. Asimismo, sobre cuántas mujeres de entre 15 y 19 años están embarazadas en un grupo de 100, afirmaron que 35 cuando la respuesta tanto sólo 4,8.
También se consultó sobre de cada 100, cuántas personas de entre 20 y 79 años tienen diabetes. Ante la incógnita los chilenos aseguraron que la cifra asciende a 43 cuando la real es 10.
A pesar de las reveladoras cifras, son otros países de América Latina los que superan a Chile en “imprecisión”. Brasil, ocupa el segundo lugar del ranking, Perú se ubica en la cuarta posición, Colombia el séptimo y México el octavo.
Respecto a esta situación, el antropólogo y psicólogo social de Universidad de Santiago, Sergio González, aseguró a La Tercera que la percepción es un aspecto multivariado, la cual es construida según lo que percibe directamente. “Por eso, personas que han sufrido episodios de delincuencia tienden a sobrevalorar la prevalencia del fenómeno”, detalló.
Por su parte, el sociólogo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Cristián Doña, indicó a los medios de comunicación y a los grupos de pares como influencias en el desarrollo de percepciones. “Es más fácil creerle a una mamá cuyo hijo desarrolló una enfermedad grave después de vacunarse, que a un científico que desarrolla una investigación y que demuestra científicamente que no hay relación entre ambas. La mamá es mucho más cercana”, comento Doña a La Tercera.
Sobre la alta percepción de delincuencia e inseguridad en el país, la coordinadora de proyectos del Programa de Estudios Sociales del Delito de la UC, Catalina Ortúzar, afirmó al mismo medio que “si bien no hay sólo una respuesta que pueda explicar por qué las personas sienten que aumenta la delincuencia, cuando no es así, es importante considerar que efectivamente la inseguridad responde a una sensación y no a un hecho en sí mismo”.
Ortúzar aseguró que para disminuir la brecha entre percepción y realidad, la clave está en “buscar información verídica y validada y no quedarse con lo que dicen los medios, las demás personas o lo que me gustaría creer a mí”.
Encuesta Ipsos destaca cuán equivocado está el público en 38 países sobre problemas globales y las características de la población en su país.
De cada cien personas que están en la cárcel, ¿cuántas son extranjeras? Los chilenos responden 21, pero las cifras muestran que sólo son 3,4.
La mayoría de los países sobreestima la proporción de prisioneros extranjeros. En Noruega dicen que son 51, pero son 19,1. Y en Francia la respuesta es 49 personas, y la cifra es 21.
Diferencias entre percepción y realidad que refleja la Encuesta Internacional Ipsos Mori Perils of Perception 2017, que con 29.133 entrevistas en 38 países conformó un ranking de los países que más a menos se distorsiona la realidad.
Según este clasificador, Chile está en el puesto 13, es decir, está entre los países con más brecha entre percepción y realidad. Una posición menos favorable logran otras naciones de América Latina, como Brasil, el segundo país más “impreciso” del mundo, Perú está en el cuarto lugar, Colombia en el séptimo y México en el octavo.
Existe una brecha entre percepción y realidad, dice el estudio. Por ejemplo, al consultar por cada cuantas 100 mujeres entre 15 y 19 años están embarazadas, en Chile la respuesta es 35, cuando en realidad es 4,8. En Brasil es 48 versus 6,7.
Sobre cuántas de cada 100 personas de 20 y 79 años tienen diabetes, en todos los países se tiende a sobreestimar. En Brasil dicen que es 47, pero el porcentaje es 10. En Chile la percepción habla de 43, pero la cifra real es 10.
Consultados sobre si es cierto que las vacunas causen autismo, India y Montenegro son los países con niveles más altos de acuerdo (44%). En Chile, quienes dicen que la relación entre vacunas y autismo es real, es el 16%, 31% dice no saber y 53% señala que eso es falso.
Construir percepción
Sergio González, antropólogo y psicólogo social de U. de Santiago, explica que la percepción es un aspecto multivariado, pero cada persona la construye según lo que percibe directamente. “Por eso, personas que han sufrido episodios de delincuencia tienden a sobrevalorar la prevalencia del fenómeno”, aclara.
Para Cristián Doña, sociólogo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la U. Diego Portales, los medios de comunicación y los grupos de pares también influyen en el desarrollo de percepciones.
La “realidad” es difícil de acceder, dice Doña. “Es más fácil creerle a una mamá cuyo hijo desarrolló una enfermedad grave después de vacunarse, que a un científico que desarrolla una investigación y que demuestra científicamente que no hay relación entre ambas. La mamá es mucho más cercana”.
En los temas relacionados a delincuencia e inseguridad “es donde se produce siempre una diferencia enorme entre la percepción y lo que indican las cifras oficiales”, dice Catalina Ortúzar, coordinadora de proyectos del Programa de Estudios Sociales del Delito de la U. Católica. “Si bien no hay sólo una respuesta que pueda explicar por qué las personas sienten que aumenta la delincuencia, cuando no es así, es importante considerar que efectivamente la inseguridad responde a una sensación y no a un hecho en sí mismo”.
Las personas buscan construir certezas validadas por un líder de opinión, en el ámbito de los amigos o la familia, independiente de lo que señale tenga asidero, agrega González. “Las personas tendemos a pensar de acuerdo a lo que piensa nuestro grupo de pertenencia. Si las personas que piensan como yo creen que hay más índice de embarazo adolescente, porque han visto dos casos en un colegio, se tiende a dar como una situación de prevalencia, pese a lo que dicen los datos”.
Estudios previos, dice el informe Ipsos Mori, explican que se suele sobreestimar lo que nos preocupa: “Cuanto más veamos la cobertura de un problema, más prevaleciente creemos que es, especialmente si esa cobertura es aterradora. Nuestros cerebros procesan la información negativa de manera diferente: se queda con nosotros y afecta la forma en que vemos las realidades”.
¿Socialmente es cómodo creer lo que todos creen? “Claro, en el grupo están la seguridad y el apoyo. La construcción de mitos y de teorías conspirativas genera cohesión social”, dice Doña.
Para disminuir la brecha entre percepción y realidad, la información es clave. “Buscar información verídica y validada y no quedarse con lo que dicen los medios, las demás personas o lo que me gustaría creer a mí”, dice Ortúzar.
Desde hace algún tiempo, diversos académicos, políticos y activistas se han referido a los retos que Chile enfrenta en el ámbito de la representación democrática. Los chilenos y chilenas votan cada vez menos, confían poco en las instituciones representativas y crecientemente apelan a la protesta social para manifestar su descontento.
Muchos señalan que el desencanto es generalizado y que excede al caso chileno. Así, el paradigma de democracia representativa que conocemos se estaría agotando en varios países de América Latina.
Sin embargo, la evidencia no es tan contundente. Nunca antes en la historia de la región tantos países fueron democráticos. De hecho, en 1980 solamente tres países eran democráticos, pero hoy la democracia es más la regla que la excepción. Más allá de los retroceso en algunos países, las libertades civiles y los derechos políticos han experimentado notorios avances.
Por otro lado, si analizamos la evolución de la participación electoral en América Latina, el panorama es mayormente positivo. En los últimos 20 años, la participación se ha mantenido más o menos estable e incluso ha aumentado en algunos países, con algunas subas notorias, como la de guatemala.
Hay solamente dos países que se escapan a este patrón. Costa Rica y Chile. En el primero, la participación electoral cayó un 8% y, en nuestro país, la caída en los últimos 20 años ha sido de un 35%. Sí, leyó bien, un 35%. No se necesita ser un experto para concluir que en este ámbito Chile se escapa con creces de la norma.
¿Podemos afirmar , entonces, que nuestro país enfrenta una crisis de representación democrática? Aún no. Por muy desalentador que sea el panorama, de acuerdo a la última Encuesta Nacional UDP, tan solo el 13% de las y los chilenos rechazan de manera sistemática la opción de dar su voto a candidatos de los principales conglomerados políticos. Este grupo, al que podría seducirle la idea de votar por outsiders con un discurso anti establishment, es demasiado pequeño como para producir quiebres en el sistema político.
Chile enfrenta desafíos crecientes en el ámbito de la representación, pero no está en crisis, al menos por por ahora. Sortear este escenario dependerá de la capacidad de la clase política de adaptarse a una sociedad cambiante y de adoptar medidas que alienten y faciliten la participación.
Verónica Valdivia, académica de la Escuela de Historia UDP, participó en el programa Cultura Verdadera de La Red sobre la historia política de Chile durante el siglo XX.
“En el siglo XX es el siglo de la irrupción del mundo popular, y es el siglo de la revolución, finalmente. Pero acá es una experiencia que tiene mucho de avances. Chile se suele pensar que somos un país muy democrático, porque efectivamente logramos resolver la cuestión social medianamente, introduciendo los sindicatos dentro de la legislación. Sin embargo, se olvida decir que los que entraron en realidad fueron una minoría, y la gran masa del país, todos los campesinos, las mujeres, todos los trabajadores que no estaban sindicalizados quedaron fuera de la legislación social”.
Fernando García Naddaf, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
La tensión en la frontera entre Chile y Bolivia no data de este mes, ni de este año, ni siquiera de este siglo… Pero en apenas dos días ambos países se acusaron de estar provocándose mutuamente.
Todo empezó con la detención de un grupo de bolivianos el domingo en la frontera entre los dos países. Un incidente que tensa aún más las relaciones entre La Paz y Santiago, justo cuando Bolivia debía presentar en La Haya su réplica ante la Corte Internacional de Justicia en el juicio por la salida boliviana al mar.
Tres décadas después del viaje del único Papa que ha venido al país, sociólogos, historiadores y antropólogos analizan su legado. Fue una de las visitas más relevantes del siglo XX, que movilizó a la gente a las calles y marcó un hito en episodios futuros de la historia nacional.
En julio de 1985, un grupo de obispos chilenos le envió una carta al entonces Papa Juan Pablo II. “Los obispos de Chile solicitamos por unanimidad vuestra visita pastoral a nuestra patria”. El 21 de octubre de ese año el pontífice confirmaba su viaje. “El Papa vendrá a Chile en el primer trimestre de 1987”, titulaba al día siguiente La Tercera.
Su viaje se materializó entre el 1 y el 6 de abril de 1987, y a 30 años de ese hito, es la única visita que un sumo pontífice ha realizado el país.
Se trató del octavo viaje apostólico a Latinoamérica de Karol Józef Wojtyla, su verdadero nombre, en ese entonces de 66 años. Visitó Uruguay, Chile y Argentina. En nuestro país recorrió Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas.
Para un Chile de extensa tradición católica, su figura era muy relevante. Pero además el país estaba política, social y económicamente convulsionado. Por ello, su visita generó altas expectativas.
Su agenda incluyó actividades con autoridades del régimen militar, reuniones con representantes del mundo de la cultura, de la política, pobladores y con los jóvenes, entre otros.
Con dos años de anticipación se creó un slogan, una oración y una canción por su llegada. Además, se repartieron medio millón de Altares Familiares, que tenían en el centro el rostro de Cristo.
La visita de Juan Pablo II tuvo una gran importancia simbólica, resalta Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, y académico de la U. de Chile. “No cambió mucho las cosas, porque no era posible. Pero sí hubo un cambio simbólico. Lo básico de su visita no es tanto su discurso, ni lo que dijo, sino ciertos gestos que tuvo”.
Destaca Garretón como ejemplo, que en la homilía en La Bandera ocupara la biblia del sacerdote André Jarlán, fallecido en la población La Victoria en una protesta nacional en 1984.
Espacio público
Su paso por Chile generó la primera aparición de la población en las calles y la televisión, “de una forma legitimada”, dice Garretón. “Iban a ver al Papa. Lo mostraba la televisión, no denostándolos ni atacándolos, como en las protestas”.
Todo el mundo salió a las calles. “La vida era solitaria en el Chile de esa época. Las manifestaciones eran disueltas y sí se autorizaban eran de grupos específicos. Por primera vez toda la sociedad vuelve al espacio público. Las manifestaciones eran desconocidas para muchos”, agrega José Isla, antropólogo social y académico de la U. de Chile.
Sus actividades además, fueron profusamente transmitidas por los medios, destaca Isla.“Había una instancia de participación de los medios desconocida. Antes de eso existía la radio que transmitía las noticias, pero entonces por primera vez era la televisión que en directo mostraba la presencia de la gente en espacios públicos”.
Su visita es uno de los eventos más trascendentes en la historia de Chile del siglo XX, sostiene Gabriel Cid, historiador y académico de la U. Diego Portales.
“Casi un millón de personas se reúne en el Parque O’Higgins, a tal punto que ese día se declara feriado. La prensa se encarga de dar información sobre su vida, hay canciones, hay toda una atmósfera que se va encendiendo. Hay copas en su honor, la presencia masiva de su imagen, hasta radioteatros que contaron la vida del Papa”, indica Cid.
Vuelta a la democracia
Tres décadas después, su visita puede mirarse desde distintas aristas. Ana María Stuven, historiadora y académica de la U. Católica, dice que fue un momento de la historia en la cual los chilenos se unieron, a pesar de sus diferencias, en torno a un mensaje esperanzador e espiritual.
“Pudo congregar de una manera impresionante a la gente. Fue un fervor, en torno a un mensaje de paz”, resalta Stuven.
Una figura religiosa que ayudó, agrega la experta, al retorno de la democracia. “Aunque no hay registros exactos, sabemos que el Papa persevera ante Pinochet para lograr mejoras en los derechos humanos”, señala.
Pero su presencia simbólica es lo que más trasciende, agrega Stuven. “Su mensaje era para todos los sectores. Fue un mensaje humanizador y pacificador”.
“Era un hombre que sabía lo que había sido una dictadura, que representaba en sí mismo la posibilidad de liberarse de lo que hubo, no desde un lugar de fuerza, sino de fuerza espiritual. El slogan “el amor es más fuerte”, ¿más fuerte que qué? Más fuerte que el odio”, resume Stuven.
Por otra parte, también mostró las fricciones que Chile experimentaba, manifiesta Cid. “Reflejó la tensión entre lo que supuestamente tenía como propósito la visita, la mirada pastoral y la reconciliación, y las fricciones en un Chile que no estaba en reconciliación”, precisa.
La figura del Papa se vinculó a la de un “árbitro de la paz”. Pero en sus discursos la palabra democracia no aparece, explica Cid. “Salvo en una instancia en el Parque O’Higgins, cuando habla de la tradición democrática de Chile y del entendimiento”, expresa.
Para muchos, su arribo fue visto como una oportunidad de justicia. “De querer acusar a una autoridad mayor a Pinochet y de decirle “esto es lo que está pasando, por favor haga algo”, indica Cid. Ello en razón de la dignidad de su embestidura; visibilizar un problema que se creía que el Papa no sabía. “Existía una sensación de que él podría hacer algo o hacer justicia”, cuenta.
Pero el Papa es un Jefe de Estado, del Estado Vaticano, dice Cid, por lo que “tuvo moderación de la crítica, porque no podía venir a criticar, ni ser tan polémico”.
Su visita puso en evidencia la contienda entre reconciliación y justicia, la que no se puede resolver con una frase como “el amor es más fuerte”, a juicio del historiador de la UDP. “Esto se hace visible en los desmanes del Parque O’Higgins, con el Papa tratando de hacer una homilía en medio de los gases lacrimógenos”, agrega.
Para Garretón, gracias a su visita quedó la sensación de que algo había pasado. “No se sabía qué, pero fue simbólico. La visita del Papa, no el Papa como tal, fue un preanuncio de lo que venía en adelante, que era la presencia popular y la búsqueda de una salida que tenía que ser no por la vía violenta o armada”.
Con su venida “comenzó el fin de la dictadura”, complementa Isla. “Las circunstancias que se generaron con su venida, posibilitaron las condiciones para que un año después se produjera el triunfo del No en el plebiscito”, indica.
Pero Cid no comparte tal apreciación. Estima que “es parte del mito” creer que su visita inició la transición democrática. “El acuerdo político de transición a la democracia se había firmado en 1985 y el atentado a Pinochet clausura que la opción sea por la vía armada. La única salida que queda es la política, que se acordó en 1985. La visita del Papa confirma esa salida, pero no es desde el Papa que se acuerda esa salida”, expresa.
Con todo, más allá de la connotación religiosa que tuvieron esos seis días en Chile, su valor fue político y social. “Yo creo que sería difícil que la tuviera ahora. Con la excepción de la visita de Jorge Bergoglio, el Papa latinoamericano que habla castellano”, destaca Garretón.
El lanzamiento de la revista se llevará a cabo en la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP el día jueves 23 de marzo a las 13 horas.
Baja participación ciudadana y decrecientes niveles de satisfacción con las instituciones representativas. Esos son algunos de los fenómenos que se abordarán en la próxima revista del Journal of Politics in Latin America, una edición especialmente dedicada a Chile y realizada por académicos de la Escuela de Ciencia Política de Universidad Diego Portales en conjunto con la Iniciativa Científica Milenio y el Núcleo Milenio Desafíos a la Representación.
Entre las temáticas tratadas por especialistas nacionales e internacionales están: el estado del sistema de partidos políticos, el rol del diseño institucional del país, la expansión de clases medias y los procesos de politización de las desigualdades.
El lanzamiento de la revista se llevará a cabo en la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP el día jueves 23 de marzo a las 13 horas.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
En el último año se duplicó el número de colectividades en el país, sin embargo, 14 de ellas están bajo la lupa por no cumplir las exigencias legales de transparencia.
Dieciocho partidos políticos sin teléfonos de contacto, seis carentes de sitio web donde transparenten sus balances o los nombres de sus directivas, e igual número de colectividades sin un correo electrónico para aclarar dudas o recibir denuncias. Estos son algunos de los antecedentes que la tarde del 1 de febrero fueron materia de análisis en una reunión del Consejo de la Sociedad Civil realizada en las oficinas del Consejo para la Transparencia.
La instancia, que agrupa a 16 organismos como universidades, ONG y personas naturales, advirtió sobre la falta de información, transparencia y fiscalización de varios de los partidos que actualmente componen la escena política nacional.
Sólo en el último año se duplicó el número de tiendas políticas en Chile, (en 2016 pasaron de los tradicionales 14 partidos a ser 33 colectividades), esto gracias a las facilidades para su constitución, otorgadas por las reformas a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, lo que sumado a la nueva Ley de Fortalecimiento a la Democracia, que exige el refichaje de los militantes, de los partidos tradicionales (los constituidos antes de mayo de 2015) está cambiando el diseño del mapa político en Chile.
La principal inquietud que mostraron los miembros del Consejo de la Sociedad Civil apuntó a las debilidades en la fiscalización del Servicio Electoral (Servel), asunto central, ya que desde 2016, con los cambios a la ley, el Estado entrega millonario financiamiento a las tiendas y, por lo mismo, aumentó el estándar de exigencia a los partidos.
Por ejemplo, en la revisión de incumplimiento de transparencia fijados por ley, resaltan casos como el de los partidos Wallmapuwen, de Temuco, y Fuerza Regional Norte Verde, de Coquimbo. Ambos no cuentan con sitio web, correo electrónico ni teléfonos de contacto.
Según los datos del Servel, el Fisco entregó el año pasado a las 33 colectividades un total de $ 6.131.053.003 (ver tabla). Aun cuando la Ley 20.915, que fortalece los partidos políticos, aplica multas de entre 500 y 2.000 UTM ($ 2.3184.000 y $ 92.736.000, respectivamente), el cumplimiento de las normas de transparencia no estaría siendo debidamente fiscalizado ni sancionado.
La situación es seguida de cerca desde Chile Transparente. Alberto Precht, director ejecutivo de la ONG, asegura que “muchos de estos partidos ni siquiera cumplen con los mínimos requisitos que la ley establece en materia de probidad y transparencia. Con el tiempo se pueden transformar, como se les llama en otros países, en ‘partidos pyme’, que se crean con fines no electorales, sino más bien para recibir los aportes fiscales y poder tener una especie de negocio”.
Precht agrega que “la fiscalización de transparencia, rendición de cuentas a través de la información que se publica en la web, debería estar en manos del Consejo para la Transparencia. Lamentablemente, eso no quedó así en la ley, sino que el Consejo puede recibir denuncias, pero no puede fiscalizar, sino que sólo pasar los casos al Servel”.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que el Servel pueda monitorear a 33 partidos políticos. Incluso, en un contexto electoral es aún más complejo, ya que, por ejemplo, en la última elección parlamentaria de 2013 se presentaron alrededor de 470 candidatos a diputado y 69 al Senado”. Pero que, con el nuevo sistema electoral, “esa cifra lo más probable es que se triplique o cuadruplique y llegue a los 2.000 candidatos. Teniendo un volumen de partidos y candidatos de este tipo, el Servel no tiene los recursos ni las capacidades para fiscalizar el gasto electoral, así como tampoco las labores que son propias de los partidos”.
Los cambios legales que permitieron la proliferación de nuevas tiendas tuvieron su génesis en 2014, cuando el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, negoció con los senadores Antonio Horvath y Lily Pérez una modificación a la ley que facilitara la constitución de partidos políticos, como moneda de cambio que garantizara los votos en la Cámara Alta para eliminar el sistema binominal.
Los ajustes a la Ley 18.603 tuvieron vigencia entre mayo de 2015 y abril del año pasado. Una ventana legal que permitió fundar 19 partidos, a los cuales se les exigió tener presencia en una región y contar con una afiliación del 0,25% del electorado. Las nuevas colectividades creadas el año pasado duplicaron a todos los constituidos entre 1988 y 2015.
Esta situación tensionó a los partidos políticos tradicionales, los que presionaron para hacer una nueva modificación a la normativa, la cual se aprobó en abril de 2016.
Así, se obligó nuevamente a que las tiendas tengan presencia en al menos ocho regiones a nivel nacional o en tres zonas contiguas. Sólo la intervención y reclamo en La Moneda de partidos como Revolución Democrática y Amplitud impidieron incrementar la afiliación a 0,5% del electorado que sufragó en la última elección de diputados.
El peso real de los partidos
El mapa de partidos también cambiará con las nuevas exigencias de refichaje, las que van a sincerar el padrón de militantes. Los abultados registros de afiliados de cada partido existentes a la fecha, según la información oficial que las directivas entregaban al Servel, contrastan con los escasos números de militantes que han sido refichados en estas colectividades. Luego de entrar en vigencia la Ley de Fortalecimiento de la Democracia, se exigió a los partidos reinscribir a 18.250 personas (equivalente al 0,25% de los votantes de la última elección de diputados) antes del 14 de abril. En caso contrario, el partido no será reconocido, pierde el financiamiento público y no pueden inscribir candidatos presidenciales.
Según los registros oficiales que el Partido Socialista entregó al Servel, en junio de 2016 tenía 118.883 militantes. Pero durante este proceso de reinscripción, hasta ahora, solo 17.767 decidieron ingresar al PS (15.110 nuevos y 2.657 refichados). Es el partido que registra los mejores índices. Casos como el de la Democracia Cristiana, donde figuraban 110.935 inscritos según el Servel, contrastan con los 15.012 militantes que han optado por seguir siendo parte de la falange. La situación más compleja la vive el PPD, donde, según los registros oficiales, hasta 2016 mantenía 95.193 adeptos. Hoy, en cambio, ha conseguido a duras penas atraer a 4.881 personas (2.990 nuevos miembros y 1.891 reinscritos).
La realidad que vive la oposición no es mejor. Mientras los registros del Servel aseguran que hasta junio del año pasado la UDI poseía 72.697 militantes, la realidad es que 5.283 personas han decidido sumarse a la tienda de calle Suecia. En el caso de Renovación Nacional, que ostentaba 92.253 militantes, según el Servel, ha logrado captar a un total de 7.881 personas para cumplir con la nueva normativa.
El Servel ha dado facilidades para la reinscripción vía online de los militantes, para que los partidos puedan cumplir con la meta antes de la fecha tope.
De las 346 comunas que existen en el país, 79 están dentro de la categoría de “envejecidas”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2050, el 22% de los habitantes del planeta tendrá más de 60 años. Incluso, adelanta que para entonces unos 400 millones de personas serán mayores de 80 años.
Chile también está envejeciendo y lo hace a pasos agigantados. Si en 1970 había 19 adultos mayores por cada 100 niños menores de 15 años, en 2015 los adultos mayores eran 73 y la proyección dice para el año 2022 serán 103. Esa relación numérica es el Índice de Adultos Mayores (IAM).
De acuerdo a las proyecciones del INE, actualmente, 79 de las 346 comunas del país tienen un IAM mayor de 100, lo que significa que en el 23% de las comunas del país, por cada cien menores de 15 años, hay más de un centenar de adultos mayores de 60 años.
La lista de las 10 comunas con mayor IAM es encabezada por Río Verde y Timaukel, dos pequeñas municipios de la Región de Magallanes, en que los mayores de 60 son seis y cuatro veces más que los menores, respectivamente. Así, en Río Verde viven 122 mayores de 60 años y sólo 19 menores de 15. En Timaukel, los adultos mayores son 55 y sólo 13 niños (ver infografía).
La tercera comuna con mayor IAM es Providencia. Esta comuna de la Región Metropolitana tiene 262 adultos mayores por cada cien menores. En cuarto lugar está Navidad, en la Región de O’Higgins, y muy de cerca Ñuñoa, también en la Metropolitana. Ambas tienen un IAM que sobrepasa el nivel 183.
Para Cristián Doña, académico de la Escuela de Sociología e investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la U. Diego Portales y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), estas cifras demuestran el proceso de envejecimiento de la población y la normal migración de jóvenes hacia otros lugares que les permitan mayores oportunidades de desarrollo.
A juicio de Doña, este movimiento de los jóvenes representa una situación grave en las zonas más extremas del país, donde comunas como Río Verde, Timaukel y San Gregorio, Región de Magallanes, en las que habitan entre 400 y 700 personas, podrían desaparecer. “Son comunas pequeñas en las que la población joven se va a estudiar o trabajar y no vuelve. Este movimiento de los más jóvenes hace peligrar pequeñas localidades”, señala.
Putre (Región de Arica y Parinacota), por ejemplo, también está entre las 10 comunas con mayor IAM. Allí habitan 454 adultos y 259 menores de 15. “El caso del norte del país es más grave aún. Son comunidades de etnias aymara, principalmente. No sólo van envejeciendo, también se pierden el idioma, las prácticas culturales. Los jóvenes prefieren irse a las minas a trabajar en lugar de quedarse, o salen a estudiar y luego no vuelven”, dice Doña.
Buen clima
Entre las comunas con un nivel de IAM mayor de 100 destacan varias comunas costeras de la zona central. De todas ellas, El Tabo es la con mayor índice, con 143 adultos mayores por cada cien menores; con 127 le sigue El Quisco. También en este grupo está Viña del Mar, que por primera vez supera a Valparaíso, con un IAM de 114 y 102, respectivamente. Además, la supera en cifras totales: en Viña del Mar viven 63.069 adultos mayores y en Valparaíso lo hacen 53.111.
“Sin duda, el clima y el ambiente social tranquilo son mucho mejores para la salud. No hay contaminación ambiental, existe menos estrés y, en general, en las comunas costeras y de campo se lleva una vida más tranquila. De hecho, los casos de personas que tienen muchos años, habitualmente, provienen de comunas aisladas o lejanas del mundanal ruido”, dice Juan Carlos Larraechea, director del Instituto del Envejecimiento.
En general, dice Doña, no hay grandes movimientos de personas de la tercera edad en el país. La migración interna de adultos mayores es un proceso que recién se está evidenciando por el nivel de desarrollo económico que se está alcanzando. “Personas de más altos ingresos o jubilados buscan privilegiar su calidad de vida y buscan zonas con aire más limpio, mejor clima, ciudades más baratas y cómodas. Empiezan una remigración, así como en los 60 las personas salían del campo para llegar a vivir a las ciudades, ahora se van a ciudades costeras o hacia regiones como el Maule, que son más baratas y pueden vivir mejor. Ya hay indicios de este proceso”, dice el investigador.
De acuerdo a los datos de la encuesta Casen 2013, la Región de Los Ríos es la que tiene más alto IAM (99,4), seguida por la del Maule (95,7) y Valparaíso ( 87,8).
Rosita Kornfeld, directora Ejecutiva del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento UC, dice que la zona costera tiene lugares más tranquilos, prima el buen clima y se puede hacer vida de comunidad, además de cercanía con centros de salud y de urgencia.
Marcia Vera, PhD en Geografía Humana de la Universidad de Sheffield y Master en Estudios Internacionales de la misma Universidad, periodista y Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile (2006), presentó en el Seminario ICSO – Observatorio de Desigualdades su trabajo titulado “Reasentamiento de refugiados colombianos y palestinos en Chile y Brasil”.
¿Cómo fue el trabajo de campo en Chile y Brasil?
Lo más interesante del trabajo de campo, es el acceso a la fuente. En el caso de los refugiados, se accede a través de las organizaciones que trabajan con ellos. Se da un gatekeeper, en el fondo, los que cuidan, los que tienen la información de estas personas. Eso es interesante y problemático al mismo tiempo, porque tu accedes a través de otra persona que te dé el dato de ese migrante o de ese refugiado. En muchos casos, la relación entre las organizaciones que trabajan con los refugiados y los refugiados no son muy buenas, entonces no te puedes identificar como parte de esa organización. Es problemático además, porque en el fondo, te pasan la información de un refugiado sin que él o ella dé consentimiento primero y eso pasó en ambos países, en Chile y en Brasil. Ahí me tuve que cuestionar si era la mejor manera de contactarlos o no, porque estás accediendo a través de otro. Lo que sí es importante, es que cuando uno contactaba a los refugiados, les cuentas completamente la información de la investigación que estás haciendo, hay que ser muy clara, de qué es lo que quieres de ellos, qué es lo que les vas a pedir, cuáles son los métodos que estás utilizando, cómo vas a garantizar su anonimato, la confidencialidad de la información que te están dando y después que ellos decidan si quieren que los entrevistes o no. Esa negociación toma tiempo.
En Brasil, uno de los mayores desafíos fue la distancia y el presupuesto con el que contaba para poder recolectar los datos. Ahí tuve que ir a Brasilia, a Sao Paulo, fueron en total 15 ciudades. Implementé tres métodos concretos: una observación participante, una encuesta y una entrevista semiestructurada en profundidad. Tal vez, lo que funcionó muy bien fue la entrevista en Chile y en Brasil. Esto porque como lo que quería era ver la experiencia de integración como tal, la experiencia de los refugiados, la mejor manera de tomar esas narrativas es conversándolas, entonces la entrevista daba espacio para eso.
¿Qué fortalezas y debilidades tiene el programa ACNUR?
El programa se construye en relación con los Gobiernos y la agencia implementadora. El diseño varía de país en país. Uno de los mayores problemas, es cómo se entrega la información y la falta de capacitación de la gente que trabaja en el programa. Hay personas que tienen mucha experiencia, sin embargo, al aumentar los fondos, contratan a mucho personal nuevo y no se les capacita de la manera adecuada en relación al reasentamiento. Tienen poca información de lo que es el programa de reasentamiento, de qué es lo que pueden prometer o no, y cuál es el trabajo que hacen. Falta profesionalización de los equipos en ambos países. Lo segundo, es un problema de cómo entendemos reasentamiento a nivel global.
¿Qué elementos comunes se encontraron?
Hay varias similitudes, como por ejemplo, que hay una tensión en la relación entre los refugiados y el programa de reasentamiento, y por programa me refiero al Gobierno, al ACNUR, a la agencia implementadora en general. Habían similitudes en temas de sentido de pertenencia translocal y eso ya no es el programa en si mismo, es cómo los refugiados viven su proceso de integración. En ese sentido, algo que salió muy fuerte, es que los refugiados se integran en el país de acogida y que generan lazos, espacios de membresía, etc., pero una manera de integrarse, es también de reforzar su identidad y eso quiere decir que ellos mantienen relaciones con su familia en el país de origen, en el país de tránsito, o en el primer país de asilo. También habían similitudes en términos de reclamar ciudadanía. Me acuerdo muy bien que dos personas, en Chile y en Brasil me dijeron “mira, nosotros no queremos nada gratis, lo único que queremos es acceso igualitario”. Es interesante como en dos países distintos y comunidades diferentes hay un sentimiento común de que ellos quieran espacios de ciudadanía, que integrarse no quiere decir solamente que ellos hablan la lengua y trabajan, sino que se sienten ciudadanos completos del país que los acoge.
¿Qué conclusiones se obtienen de la investigación?
Una de las conclusiones que sacamos, es que los procesos de integración no son orientados solamente a metas, sino que son procesos vividos como experiencia. En términos prácticos, la investigación entregó elementos importantes sobre la política de reasentamiento y las relaciones entre los refugiados y las organizaciones que trabajan el programa de reasentamiento. Hubo resultados en relación a cómo se genera el sentimiento de comunidad en términos religiosos, la importancia del lenguaje, al acceso laboral y también hubo una reflexión constante en el desarrollo de ciudadanía.
Gabriel Cid, académico de la Escuela de Historia e investigador del Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile de la UDP, se adjudicó el proyecto Fondecyt Iniciación 11160298, titulado “El espectro del pueblo: la conceptual iniciación de la democracia en Chile, 1841-1887”.
¿De qué se trata el proyecto?
En términos generales, es un intento de hacer una genealogía intelectual del concepto de democracia en Chile en el siglo XIX. Es establecer desde cuándo el concepto de democracia pasa a ser concebido y conceptualizado por los agentes de la época, como un régimen político deseable al cual hay que transitar. Uno viene con la idea preconcebida de que la democracia siempre ha sido el mejor régimen de Gobierno, o el menos malo, no obstante, esa misma idea oculta una larga trayectoria de rechazos que porta la democracia como régimen político. Esa larga historia de rechazos, viene recién a matizarse a mediados del siglo XIX. Y justamente en ese proceso, donde la democracia deja de ser concebida como el peor de los regímenes posibles, equivalente a la anarquía, y pasa a ser percibida por los actores de la época, como el régimen al que hay que transitar.
¿Cuáles son los objetivos?
En cierto sentido, ser consciente de que para algunos la democracia está vinculada a la igualdad, pero para otros, meramente a la existencia del régimen constitucional, con elección de los magistrados, por ejemplo, con la garantía de libertades y muchas veces esas formas de defender la democracia colisionan entre sí. Es decir, no es lo mismo si yo concibo la democracia como igualdad y participación, o si entiendo la democracia más bien como la existencia de un régimen constitucional.
¿Cómo se llevará a cabo la metodología de trabajo?
Es un proyecto que, aún cuando surge desde la disciplina histórica, tiene muchas vinculaciones sobre todo con la politología, es un cruce entre historia y teoría política. En términos metodológicos propiamente tal, es un esfuerzo de aterrizar las discusiones de la historia conceptual. Tiene que ver con lo siguiente, con una concertación metodológica básica de la historia conceptual como disciplina. Esto quiere decir, que todos los conceptos políticos son polisémicos, en un mismo momento pueden significar muchas cosas para distintos agentes y que la mejor forma de adentrarse en ese mundo, es examinar qué entendían los mismos agentes de la época por democracia, en lugar de concederles, como tiende a hacerlo la ciencia política más canónica. Es ver qué va significando en cada momento la palabra democracia, cuáles son los conceptos que se asocian a ella, de ahí que aún cuando el concepto ancla de este proyecto es la democracia, hay otros que igualmente van a salir a relucir, sobre todo dos: igualdad y pueblo. El concepto de pueblo es fundamental, porque es el sujeto de imputación de soberanía de la democracia como régimen político.
¿Cuál es el aporte del proyecto a la investigación?
Tiene varias aristas desde todo punto novedosas. Por una parte, hay una suerte de lugar común respecto a la democracia en el siglo XIX, que se constata en la literatura existente. Por otro lado, habría una suerte de normativismo implícito en las ciencias sociales, al momento de decir, “democracia es esto”, y ahí retrospectivamente, con esa definición, ir leyendo los períodos históricos.
Y también porque se desconoce la misma práctica política en el siglo XIX Hispanoamericano, donde uno se llevaría la sorpresa de que probablemente en términos electorales, participa más gente de la que uno supone, incluso en términos comparativos. Si uno compara estos datos, cuántas son las personas que efectivamente participan en 1840 en una elección, Chile, es más democrático que por ejemplo Holanda, Italia, Suiza. Es decir, que para esas dos lecturas, una que idealiza un modelo foráneo y la otra que es excesivamente presentista, no habría democracia en el siglo XIX, por lo tanto, no vale la pena investigarlo. Justamente por la existencia de esos dos tipos de lecturas sobre este proceso, la democracia en el siglo XIX en Latinoamérica, en Chile en particular, es dejada de lado. Al parecer la lectura es la siguiente: solo existe democracia en el siglo XX. La idea de este proyecto es decir que la democracia sí tiene una historia, pero es una historia que se va a reconstituir en los procesos históricos, ver qué entendían los agentes de la época por democracia. El siglo XIX Hispanoamericano es una suerte de huérfano de estudios, no hay estudios sistemáticos salvo contadas excepciones. Para el caso chileno no contamos con investigaciones sobre qué significa la democracia, que no es un concepto irrelevante en la discusión pública, probablemente sea el concepto más relevante de nuestras vidas y desconocemos su desarrollo inicial.
La Facultad de Ciencias Sociales e Historia junto con Editorial Catalonia realizarán el lanzamiento del libro “¿Cuándo se jodió Chile?”, de Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
La actividad se realizará el miércoles 14 de diciembre a las 12:30 horas, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP, ubicado en Ejército 333, Santiago. Al final del evento se llevará a cabo un vino de honor.
En el lanzamiento comentarán Pilar Molina, Consuelo Saavedra y Beatriz Sánchez. Modera Iván Valenzuela.
¿Cuándo se jodió Chile? En este incisivo relato, el autor va dando vida a una insospechada búsqueda del momento preciso, del hito exacto que marcaría la decadencia de la democracia chilena. A partir de documentos verídicos, crónicas, correspondencias y otros antecedentes, va relatando proceso político y social chileno al que no estamos acostumbrados.
Un padrón adulterado, un sociólogo que escribió la declaración de principios de un partido, el reportaje de una revista que condenó a la nuera de una Presidenta, un correo electrónico lamentando no haber participado de una cena, la carta de unos camaradas denunciando una elección fraudulenta, los testimonios de unos antropólogos, la cruda descripción de la oligarquía chilena de una poetisa al escribirle una carta a un honorable, la llegada de un estudiante de provincia a la Universidad de Chile, la cruda descripción de un polaco describiendo una elección nacional, militares ordenando masacrar a obreros, terratenientes defraudando a indígenas, una inglesa describiendo la herencia colonial de nuestra sociedad.
Esta búsqueda ágil del momento exacto en que se jodió Chile nos abrirá a una memoria de prácticas políticas insospechadas. Claudio Fuentes encontrará una respuesta, aunque seguramente no será del agrado de quienes han glorificado nuestro pasado republicano.
Claudio Fuentes es Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill). Sus intereses académicos se han orientado al estudio de los procesos políticos en Chile y América Latina. Es autor y editor de 11 libros y de más de una treintena de artículos en libros y revistas académicas. Entre otros reconocimientos, obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado otorgado por la Asociación Americana de Ciencia Política (APSA). Fue electo Presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política (2004-2006), y electo miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) de Estados Unidos (2014-2015). Integró el Consejo Asesor Presidencial anti-corrupción (2015).
Mientras la revista económica Bloomberg asegura que el país tiene las puertas “abiertas a los más pobres del continente”, Cristián Doña ve con preocupación el aumento del racismo o la eventual utilización política del tema. De esos asuntos y del polémico “RUT 100” que identifica a estudiantes cuyos padres están en situación migratoria irregular, habla el académico en entrevista con Paula Molina.
Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales
En esta edición de Mesa Central, los panelistas Gonzalo Cordero, abogado UC, socio fundador Azerta y Alfredo Joignant, doctor en Ciencias políticas, profesor Escuela Ciencia Política UDP conversaron acerca de las modificaciones al sistema AFP, la propuesta de 5% de cotización adicional debe ir a un sistema del Estado y las elecciones presidenciales en Chile y Estados Unidos.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
La falta de financiamiento y apoyo, la escasa posibilidad de compatibilizar la vida laboral con la familiar y un espacio público dominado por hombres; son algunas de las razones que apuntan los expertos para explicar el déficit de participación femenina en cargos políticos. Una realidad evidente en las 345 comunas del país.
La paridad de género está instalada en el debate desde ya hace algunos años. Pero aunque han habido gestos a favor de ésta en el mundo público y privado, es un trabajo de largo aliento que sin duda surge con mayor fuerza en tiempos cercanos a elecciones, donde podemos analizar con más claridad la participación femenina en política y preguntarnos sinceramente ¿hemos avanzado?
Somos de los países de América Latina y el Caribe con menos mujeres en el Parlamento, pese a estar en una de las regiones con mayor representación femenina en la Cámara. Estamos al mismo nivel que los países árabes“, afirma categóricamente la asesora de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Elizabeth Guerrero.
La crítica es dura, pero los datos son contundentes. Sólo un 15,8% del Senado y la Cámara de Diputados está formado por mujeres en Chile; a nivel ministerial la diferencia es también notoria, sin embargo -como muestra el siguiente gráfico del PNUD- ha pasado de un 4% a un 23% desde la vuelta a la democracia hasta 2014.
En el plano comunal la tendencia es aún más baja, sólo 43 de las 345 municipalidades del país tienen alcaldesa; es decir, un 12,8%.
“Un porcentaje bajo sobre todo porque las mujeres son la mitad del país”, apunta el director delObservatorio Político-Electoral de la UDP, Mauricio Morales, cifra que además no cambia desde 2004.
En el caso de los concejales, la representación femenina llegó al 25,2% en la última elección; lejos de la paridad, aunque más alto que los anteriores. La razón podría radicar en el sistema proporcional, donde se eligen entre 6 y 10 candidatos dependiendo del tamaño de la población; por tanto, la probabilidad de que entren mujeres es mayor.
Pero ¿por qué hay pocas mujeres en cargos electos?, la respuesta de Elizabeth Guerrero es directa y clara: “Porque hay pocas mujeres candidatas”. Simple y llanamente.
Y, entonces, ¿por qué hay pocas mujeres candidatas? ¿Es cierto que a las mujeres les interesa menos la política? ¿Que votan menos? ¿Que militan menos? No. Todos son mitos.
Desde el PNUD aseguran que las mujeres votan en mayor proporción que los hombres (sin que el sexo del candidato sea un condicionante) y que militan casi de igual manera que ellos. Incluso, existen partidos donde el 60% de sus bases son féminas, como la UDI. “No es que no haya mujeres, es que no las ven”, concluye Elizabeth Guerrero.
Jessica González, directora de Proyectos de Comunidad Mujer, define a los partidos como los “porteros que determinan quiénes compiten; y que tienen una estructura machista y jerárquica, con un dominio masculino, donde se reproducen los roles de género clásicos”.
De nuevo, los datos muestran que, desde 1990 hasta 2010, un 18% de las sillas de las cúpulas de los partidos han estado ocupadas por mujeres. En el mismo período y atendiendo a cargos específicamente de presidentes o directores, hubo 28 representantes femeninas, frente a los 312 hombres.
Pero no sólo quedan fuera de la parte alta de la jerarquía, sino que el propio funcionamiento de los partidos “expresa estas construcciones machistas”, añade la académica de la Facultad de Antropología de la Universidad de Chile, María Elena Acuña. Por ejemplo, “las mismas reuniones (donde se toman decisiones) son en horarios difíciles para las personas que tienen a cargo a otras”, dice, y son generalmente ellas las que asumen esta tarea.
La senadora y presidenta del Partido Socialista Isabel Allende – que ha creado y apoyado varios proyectos en favor de la paridad de género- afirma que “si bien, históricamente, los partidos políticos han tenido una estructura organizacional masculina, esto ha ido lentamente cambiando, como lo demuestra el que así como yo, hoy hay muchas mujeres ocupando cargos de toma de decisiones en los partidos políticos tradicionales no sólo en Chile sino también en el extranjero”.
“Sin dudas que estos son cambios lentos, que nos ha costado mucho introducir pues efectivamente el mundo de la política pertenece al ámbito público y la mayoría de las mujeres aún se insertan más en el espacio privado del hogar. Pero está cambiando”, indica Allende.
“Los partidos políticos y el gobierno deben facilitar la incorporación de mujeres. Por ejemplo, laley de cuotas es un paso importante para exigir a los partidos. Con esta exigencia estamos avanzando en fortalecer y capacitar a las mujeres que están dispuestas a militar y a ser candidatas”, sostiene la parlamentaria de Renovación Nacional Paulina Núñez.
Al estar más alejadas de las redes de poder, las mujeres tienen más dificultades para financiar sus campañas, algo que para el académico de la UDP Mauricio Morales constituye la segunda causa de la sub-representación femenina. Las mujeres se postulan “cuando sienten que hay un apoyo”, reafirma la asesora de Género del PNUD.
Al obstáculo monetario, se suma que “su sueldo es menor, entran más tarde en el mundo laboral, tienen más interrupciones en su vida profesional”, recuerda Acuña. Barreras que se añaden a un terreno ya suficientemente hostil.
Los expertos cuenta la “autoexclusión” como una razón más del fenómeno, pues la carrera política de ellas suele ser más corta por falta de conciliación de su vida laboral y familiar, en un escenario donde las leyes de cuotas han llegado “20 años tarde”, señala Jessica González.
En enero de este año se aprobó la indicación de paridad de género en la Ley de Partidos Políticos, para fomentar la representación femenina en cargos, tanto dentro de las formaciones políticas como en las elecciones Parlamentarias.
Por otra parte, se estableció un bono de 500 UF para los partidos por cada mujer electa y se aumentó la devolución por voto obtenido de 0,03UF a 0,04UF, tanto si salen victoriosas del sufragio como si no.
El director del Observatorio Político-Electoral de la UDP, Mauricio Morales, explica que existen tres caminos para trabajar por la igualdad en las instituciones políticas:
1. La primera vía es el modelo que siguen países industrializados avanzados, como Dinamarca, donde “por la propia inserción de las mujeres al mundo laboral, han pasado a formar parte de la política como un paso natural del proceso”
2. El estilo latinoamericano, por su parte, progresa hacia la igualdad “mediante leyes de cuotas, pero con sistemas de listas cerradas”, que favorecen a las mujeres puesto que se vota a una formación y no a una persona.
3. El tercer caso tiene que ver con la historia del país.“Cuando en la transición a la democracia”, dice Morales, “hay grupos femeninos que trabajaron”por cambiar el modelo anterior, “esto se traduce en mayor presencia femenina en el Congreso
Los expertos consultados valoran los recientes pasos dados en nuestro país, pero aún falta “generar las condiciones para que la mujeres lleguen a los espacios públicos y visibilizar su capacidad en la toma de decisiones”, indican desde Comunidad Mujer. Además, los sistemas electorales de listas cerradas o los proporcionales, en lugar de mayoritarios, “son más amigables con las mujeres”, apunta Elizabeth Guerrero.
Paulina Núñez afirma que “contar con estamentos de mujeres” puede ser un aporte. “En RN desde que asumió la mesa de Cristián Monckeberg formamos el estamento de mujeres y nos preocupamos de que hubiera uno en cada región. También es importante realizar capacitaciones y fortalecimiento a la labor que cada mujer haga en el partido para que se decidan ir de candidatas”.
Por su parte Isabel Allende comenta que una buena medida es “tener cuotas de representación para asegurar que las mujeres vayan en todas las elecciones internas de los partidos”.
“Hay muchas otras medidas que se pueden tomar, por ejemplo, establecer nuevos código de ética que aseguren el respeto a las mujeres y a la diversidad. Si no hacemos cambios fundamentales en el modo de participar al interior de los partidos corremos el riesgo de la obsolescencia”, sentencia la senadora.
La ausencia de mujeres en las instituciones implica un sesgo en la toma de decisiones, pues falta la visión y experiencia femenina, y dificulta “que la equidad de género esté en el centro de debate político”, confirma Acuña. Además, la no presencia de mujeres es un ‘mal ejemplo’ para las generaciones futuras: las niñas requieren de modelos femeninos para interesarse y participar en la política.
Algo queda claro de la discusión: la paridad debe importar a hombres y mujeres, para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde las instituciones reflejen la diversidad de su sociedad en todos los cargos públicos y políticos. Un escenario, por el momento complejo; pues más de la mitad de la población se encuentra representada de manera deficiente, paradójicamente, en uno de los 19 países del mundo gobernados por una mujer.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Para los que siempre han sido beneficiarios de privilegios y regalías a las que el resto de los chilenos no tenía acceso, estas nuevas dificultades pueden parecer una crisis. Pero para los chilenos que siempre debieron competir en una cancha cargada en su contra, la nueva realidad es una oportunidad.
Aunque muchos insistan en declarar que el país atraviesa por una crisis, la evidencia indica que la desconfianza en otros y el cuestionamiento de las élites llegaron para quedarse. Luego, en vez de abordar los nuevos desafíos como una etapa temporal y añorar reconstruir el equilibrio anterior, hay que hacerse cargo de la nueva realidad y construir un equilibrio que permita seguir avanzando. Por cierto, hay que acostumbrarse también a que las cosas seguirán cambiando (y aprender que los cambios son a la vez crisis y oportunidades y que, en todo caso, son inevitables).
Desde hace varios años, parte de la élite intelectual chilena viene confundiendo la evolución inevitable de la sociedad. Ya sea porque las instituciones democráticas son cuestionadas, los líderes no son valorados de la misma forma que cuando se restauró la democracia o la gente se comporta de forma distinta que a comienzos de los 90, algunos intelectuales se apuran en identificar una crisis. Algunos de esos intelectuales también dan a entender, sin evidencia ninguna, que en el Chile prehistórico de 1973, las cosas funcionaban mejor.
Pero así como la llegada del correo electrónico representó una crisis para el correo regular, los cambios en la sociedad abren nuevas oportunidades. Y aunque algunos añoren los tiempos cuando se enviaban cartas por correo regular, los cambios son inevitables.
Una crisis es un estado temporal. Si la crisis no se soluciona, se produce un quiebre que genera una nueva realidad. Si en cambio se soluciona, volvemos al Estado anterior de las cosas (con cambios que, presumiblemente, evitarán que se repita la crisis). Por eso, es errado definir lo que está pasando en el país como crisis. Primero, porque esa categorización supone que es un estado que se podría haber evitado y, segundo, porque esa definición también supone que el estado actual es temporal.
Pero el desarrollo tecnológico que permite más y mejor acceso a la información y el desarrollo de la economía que ha permitido el crecimiento de la clase media vinieron para quedarse. Luego, las condiciones que han generado esta supuesta crisis no van a cambiar. Así como pasar de la infancia a la adolescencia no es crisis, pasar del Chile opaco donde las decisiones las tomaban unos pocos y el resto las acataba sin objetar a un Chile más vociferante donde muchos más quieren participar tampoco es crisis.
Las prácticas tradicionales de Chile que permitían que las campañas se financiaran en la opacidad y que aislaban a las altas autoridades del escrutinio ciudadano ya no se podrán volver a repetir. Los candidatos no se van a poder subir a aviones privados facilitados por empresarios sin explicar cómo se pagan esos viajes. Eso aplica no sólo para los candidatos díscolos, sino también para los abanderados de las coaliciones dominantes que fueron los que más usaron aviones privados en el pasado.
La vieja costumbre de los candidatos de salir a buscar fondos a países amigos ya no se pueden realizar. Los think tanks y fundaciones que servían como excusas para armar equipos de campaña y conseguir financiamiento antes de que empezara el periodo oficial de campaña están siendo sometidos a un escrutinio mayor. Eso lo sufrirán en carne propia los ex presidentes que ahora que vuelven a ser candidatos, se encontrarán con una cancha mucho más difícil y un electorado más cuestionador y más difícil de convencer que cuando ellos ganaron las elecciones.
Pero difícilmente esta nueva realidad puede ser definida como crisis. Es verdad que es una realidad más incómoda para la élite tradicional. Pero el desarrollo del capitalismo y la profundización del modelo suponen que las cosas van a ser más difíciles para la élite en la medida que se empareja la cancha. Para los que siempre han sido beneficiarios de privilegios y regalías a las que el resto de los chilenos no tenía acceso, estas nuevas dificultades pueden parecer una crisis. Pero para los chilenos que siempre debieron competir en una cancha cargada en su contra, la nueva realidad es una oportunidad. Para la élite que ahora no goza de la confianza automática de las masas, sí hay crisis. Pero para las masas que siempre han sido sospechosos a ojos de la elite, la realidad actual no es nada nuevo.
Los nostálgicos del Chile de antes —los que ahora repiten que todo tiempo pasado fue mejor— debieran revisar los datos y cifras para entender que el país de ahora es más inclusivo, horizontal y menos desigual en acceso a oportunidades que nunca antes. Sin duda hay desafíos complejos —que este gobierno no ha sabido abordar y, en muchos casos, ha ayudado a profundizar—. Pero como la nueva realidad es una situación permanente, inevitable y que, además, ofrece valiosas oportunidades para construir un mejor país, difícilmente podríamos hablar de crisis. Y si aun así algunos la quieren definir como crisis, entonces hay que ir acostumbrándose a que la crisis es la nueva normalidad.
A nivel global, en tanto, aparece ubicado en el lugar 50 entre 67 naciones analizadas en estudio.
Son extranjeros que viven en Chile, entre otras razones, porque fueron enviados por sus empresas, porque encontraron a su pareja acá, porque vinieron a estudiar o por la aventura de vivir fuera de su país de origen. Los llamados expatriados son un tipo de inmigrante, en general, proveniente de países desarrollados, y que según la encuesta Expat Insider 2016, dicen que Chile no está entre los mejores países para residir.
La encuesta realizada por la red InterNations a su comunidad de expatriados en el mundo, fue respondida por más de 14 mil personas de 174 nacionalidades.
El estudio midió solo 67 países. En la clasificación general, Chile aparece en el número 45 entre 67 destinos, y 50 en los lugares más fáciles para instalarse, el más bajo entre los países de América incluidos en la encuesta. “Es notablemente inferior a la media”, dice Malte Zeeck*, fundador y co-CEO de InterNations a La Tercera.
Dentro de este último ítem está la subcategoría Amabilidad, tanto en general como hacia los residentes extranjeros. “Estar 57º de 67 países en la subcategoría Amabilidad del Índice Facilidad para instalarse, incluso significa que está justo sobre los diez países peor valorados en esta categoría”,agrega Zeeck.
Respecto a la amabilidad general de la población, la vocera señala que sólo el 52% de los encuestados en Chile juzgaron este factor de forma positiva, en comparación con un promedio global de 68%.
Daisy Margarit, directora de Trabajo Social de la U. Central, quien estudia el tema, plantea que Chile sale bastante mal posicionado. “Aún no asumimos que la inmigración es parte del país, que puede aportar ideas, que nos puede hacer crecer como sociedad, más bien es una mirada como a un objeto curioso, entonces la real integración no ocurre, por lo mismo, expatriados, refugiados, inmigrantes, no se sienten parte de la sociedad chilena”, dice .
Cristián Doña, director del Observatorio de Desigualdades de la U. Diego Portales, explica que el expatriado no es un migrante tradicional, “es una proporción baja, pero importante”, aclara. Al ser un grupo menor y estar alojado principalmente en el mundo de los negocios, tiene contacto con población de alta competencia. Se integran con chilenos que también han trabajado en el extranjero, “pero que también es gente que es muy competitiva, que a veces no los involucra”, indica.
Los principales expatriados que llegan a Chile son de España y EE.UU., los que representan aún bajas cifras. Los primeros son el 3,5% de los extranjeros que llegan a Chile, mientras los estadounidenses son 3,1%, según datos de Extranjería (2014).
Es un grupo que a diferencia de los migrantes tradicionales, no sufre racismo. “Son personas que han vivido en muchos países y por ello comparan y ven que, por ejemplo, Santiago tiene menos actividades culturales, y las que hay son caras, y que es tan caro ir a una ópera como en otros países del mundo con espectáculos de mejor nivel”, dice Doña. Lo mismo ocurre con el acceso a comprar tecnología, mientras otra queja recurrente es la mala atención.
“Hay una serie de cuestiones que nosotros como sociedad tenemos que analizar respecto a los déficit en las condiciones de acogida que tenemos para los migrantes”, dice Rodrigo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior.
Sandoval señala que los migrantes no se sienten integrados, principalmente porque Chile tiene una legislación y una cultura hostil hacia ellos, pero además, agrega que los datos de la encuesta “no hacen sino constatar los distintos déficit que como sociedad tenemos: que somos una de las sociedades que trabaja más horas por semana, en que los desplazamientos toman más tiempo y, por lo tanto, la calidad de vida se ve desmejorada para ellos como se ve desmejorada para la población”, explica.
Dice que para cambiar la situación se necesita, además de una ley -que está en preparación- para incoporar la interculturalidad en los ambientes de colegios. “Las escuelas son escuelas de ciudadanía y esperamos que nuestros ciudadanos sean acogedores y receptores de la migración, por lo tanto es ahí donde deberíamos partir desarrollando un trabajo para que los niños de hoy mañana sean capaces de construir una sociedad más acogedora”, enfatiza.
Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales
En esta edición de Mesa Central, los panelistas Gonzalo Cordero, abogado y experto en asuntos públicos y Alfredo Joignant, doctor en Ciencia Política y académico de la Escuela de Ciencia Política UDP, conversaron acerca de Hillary Clinton, el escenario político en EEUU y un nuevo 11 de septiembre en el país.
La académica de la Escuela de Sociología, Florencia Herrera, está trabajando en el proyecto de investigación “Convertirse en padre hoy: Experiencias masculinas de transición a la paternidad en Chile”. El equipo de trabajo está compuesto por la académica y Yanko Pavicevic. Actualmente el estudio está en búsqueda de participantes hombres y mujeres con discapacidad, que se vayan a convertir en mamás o papás, o que tengan hijos pequeños.
¿En qué consiste el proyecto?
Este es un proyecto Fondecyt Regular. Para mí es un proyecto bien especial porque en él estoy uniendo muchos intereses que venía desarrollando de antes. Por ejemplo, mi tesis de Doctorado la hice sobre familia y homosexualidad, concretamente maternidad lésbica. Después tuve unos Fondecyt que tocaban el tema de construcción de vínculo parental, en términos de adopción y de reproducción asistida. Además escribí un paper que tenía que ver con cómo los hombres vivían el proceso de la adopción y reproducción asistida de manera diferente en relación con sus mujeres, entonces, cuando armé este proyecto uní todos esos intereses y decidí investigar cómo los hombres viven y experimentan la transición a la paternidad, porque a raíz de mis investigaciones, me dí cuenta de que los hombres están siendo poco estudiados. Decidí hacer un estudio cualitativo longitudinal, es decir, que voy haciendo entrevistas de seguimiento en este proceso de convertirse en padres, desde antes de la llegada del bebé a unos dos o tres meses después y luego hasta cuando el bebé tiene un año. Decidí incluir distintos caminos o distintos tipos de paternidad.
Llegué a este tema de centrarme en los hombres, porque veía en Chile que la maternidad era estudiada y la paternidad no, pero estoy viendo que el tema de la discapacidad en realidad no ha sido estudiado ni en hombres ni en mujeres. En ese caso en particular decidí incluir también mujeres.
¿Cuál es el rol de esa nueva línea de investigación?
Con respecto a esta línea que estoy abriendo, se asume que las personas con discapacidad ya sea sensorial, física o intelectual, son personas asexuadas que no van a tener hijos o no deberían tener hijos, entonces ese es un tema que está totalmente invisibilizado y que trae muchas consecuencias bien graves para las personas con discapacidad.
¿Cuál es el objetivo principal de la investigación?
Mi objetivo por un lado es generar conocimiento, conocer la experiencia masculina de convertirse en papá, de cómo se vive esta transición, cuáles son las dificultades que estos padres encuentran. Existe un diagnóstico de que los hombres en Chile participan muy poco de la crianza de sus hijos. Por otra parte, existe otro diagnóstico de que la paternidad ha ido cambiando, hay estudios que dicen que los hombres aspiran a ser papás mucho más cercanos, más cariñosos, más involucrados en los cuidados de sus hijos. Los estudios dicen que en la práctica eso se da poco, hay un discurso que no logra traspasarse a la práctica. Entonces, en ese sentido el objetivo del estudio es conocer esas experiencias y ver cuáles son los anhelos, las cosas que les gustaría que pasaran y cuáles son los obstáculos que ellos enfrentan para ser esos padres involucrados que ellos quieren ser, porque todos mis entrevistados dicen que ellos quieren ser papás cariñosos y presentes, por ejemplo, a diferencia de sus papás que eran más distantes.
¿En qué etapa de trabajo está el proyecto?
Ahora he estado haciendo entrevistas, como es un estudio longitudinal, el terreno es largo. Hasta el momento tenemos 32 casos, de los cuales en la mitad ya vamos en la segunda entrevista, en la otra mitad vamos en la primera. Con estos primeros casos, junto a Yanko hemos presentado en varios Congresos, estamos tratando de producir y presentar resultados preliminares. Tenemos un paper publicado de esta investigación.
¿Cuál es el aporte de este estudio?
Los papás se lamentan mucho que ellos no tienen permiso cuando los bebés están enfermos, no tienen post natal de verdad, visibilizar esa posición y esa experiencia para tratar de cambiar las cosas.
El Instituto de Ciencias Sociales UDP (ICSO) lo invita a la exposición del trabajo titulado “Migración y estructura social en Chile”. En la ocasión presentará Cristián Doña, investigador ICSO y académico de la Escuela de Sociología UDP.
El estudio del proceso de migración internacional puede dividirse en dos componentes; los determinantes y las consecuencias de la migración. Los determinantes son aquellos que explican el inicio y perpetuación de los movimientos migratorios; mientas que las consecuencias son los efectos tanto en las sociedades de origen y de destino (Massey et al 2000).
Esta investigación se centra en las consecuencias de la migración en la sociedad de destino; en este caso Chile. En particular pretende responder desde una perspectiva macro o estructural a los espacios en los cuales los inmigrantes se incorporan a la estructura social chilena. El estudio de la incorporación de los migrantes a las sociedades de acogida es uno de los temas más debatidos y más clásicos en este campo de estudio.
En este trabajo se parte de la premisa de la teoría de la asimilación segmentada, es decir que la incorporación a la sociedad de acogida depende del contexto de recepción y las características étnicas y raciales de los inmigrantes, para estudiar cómo se están incorporando los nuevos inmigrantes a la sociedad chilena. Para ello se utiliza la encuesta CASEN 2013 y las variables de país de nacimiento, años de estudio, sexo, y año de llegada para comparar a los principales grupos migrantes en Chile con la estructura social del país.
La actividad se realizará el jueves 8 de septiembre a las 11.30 hrs., en la sala B-21 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago Centro.
Maite de Cea, Doctora en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Francia. . Académica de la Escuela de Sociología UDP y Directora del ICSO UDP.
Maite de Cea, directora de ICSO UDP, junto al director de la Escuela de Ciencia Política UDP, Claudio Fuentes, son los editores del libro “La Consulta Indígena: Colombia-Perú-Chile” (Ril Editores), resultado del proyecto “Democracia y Reconocimiento”y financiado por la Fundación Ford.
¿Dónde nace la idea del libro?
Este es el tercer libro de un proyecto de investigación que ha involucrado a varios investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia. Es un proyecto que va en su quinto año, con tres fases distintas. Lo que hemos estado investigando desde el comienzo es cómo en las sociedades contemporáneas se ha ido problematizando el tema de las identidades nacionales y cómo en un mismo Estado pueden convivir distintas naciones o pueblos. Esto en el marco de la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en el caso chileno, donde ni siquiera están reconocidos en la Constitución. Hemos realizado diferentes estudios, desde conocer la percepción de las élites en Chile sobre el tema del reconocimiento, discriminación y conflicto; estudios sobre voto indígena, trayectorias políticas de candidatos indígenas; encuestas de opinión sobre el tema indígena, entre otros. El primer libro de este proyecto fue el de Natalia Canihuan, “Trayectorias Políticas. Historias de vida de alcaldes mapuche”. El segundo, “Rupturas e Identidades”, de las investigadoras Alejandra Ramm y Ángela Boitano, presenta las trayectorias biográficas de intelectuales indígenas y no indígenas en torno a la construcción de la identidad y el género. Y finalmente, el libro “Consulta Indígena”, que es el resultado de un Seminario Internacional que tuvimos en abril del 2014. En esa oportunidad invitamos a expertos en temas de consulta previa de tres países: Colombia, Perú y Chile.
¿Por qué la elección de estos países?
Elegimos esos tres países porque tienen varias diferencias interesantes de analizar en perspectiva comparada: desde el nivel de reconocimiento de sus pueblos, las instituciones encargadas de llevar a cabo los procesos de consulta hasta la proporción de población indígena y la fuerza del movimiento indígena, entre otros aspectos. Alejandro Diez, autor del capítulo peruano, antropólogo de la Pontifica Universidad Católica de Perú, trabaja temas de consulta, campesinos, desarrollo rural en Perú. Por otra parte, el capítulo sobre Colombia estuvo a cargo de Natalia Orduz, abogada y experta en derechos colectivos indígenas y tribales de su país. Para el caso chileno invitamos a Antonia Urrejola, abogada y asesora de distintos gobiernos chilenos en temas de derechos humanos y derechos indígenas.
Adicionalmente, invitamos a James Anaya, abogado y ex relator especial para la situación de los derechos y libertades de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Era un gran nombre para abrir este Seminario. Anaya introduce el libro, donde presenta el marco normativo del Convenio 169 y explica detalladamente de dónde viene, cuáles son las normas anteriores y qué significa la Consulta y sus distintos componentes. El libro termina con un capítulo de Claudio Fuentes y mío, donde analizamos los tres casos en perspectiva comparada. En ese capítulo analizamos las diferencias en los niveles de reconocimiento de cada país, qué actores participan en estos procesos, cómo actúan los Estados y cómo finalmente en todos los países vemos que estos son procesos que están altamente politizados, donde el eterno problema entre los pueblos indígenas y los Estados-Nación se hace patente, y que el mecanismo de Consulta y su reglamento -en los casos en dónde existe- no han sido legitimados desde un inicio por todas las partes.
¿Cuál es el mayor aporte del libro y cuál sería la conclusión?
El libro aporta a la discusión sobre el reconocimiento de derechos indígenas y muestra casos diversos de procesos de consulta en países latinoamericanos. Es un producto que sin lugar a dudas servirá a quienes deban en el futuro tomar decisiones respecto del reglamento de consulta y de cómo llevar a cabo estos procesos bajo los estándares de la legislación internacional y los tratados a los cuales el Estado chileno suscribió.
La conclusión del libro es que el Estado debe comprender que estos procesos de Consulta Previa tienen que ser momentos de diálogo genuinamente intercultural. Dada la desconfianza histórica existente por parte de los pueblos indígenas hacia el Estado, éste debe cuidar en extremo los modos en que estos procesos se desarrollan.
¿Cuál es el siguiente paso del proyecto?
Este libro fue el fin de la segunda etapa del proyocto. Luego del seminario y mientras trabajábamos en la edición del libro, decidimos profundizar en el tema, a través de distintos estudios. Con metodologías cuantitativas y cualitativas, indagamos en los procesos de consulta indígena a escala nacional en Chile. Realizamos un seguimiento de la Consulta desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social, observando etnográficamente las distintas etapas en las regiones metropolitana y de la Araucanía. Ya terminado el proceso de consulta, realizamos entrevistas cualitativas con actores que participaron del proceso, con el fin de conocer su percepción, cuáles habían sido las principales fortalezas y dificultades. Pensamos que puede ser un buen material para recomendar modificaciones de política pública, así como un aporte en la discusión académica y de debate entre la opinión pública.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
It’s 8 o’clock on a cold June evening in Santiago, and in Valentina Rosas’ apartment, nine people – all under the age of 30 – sit on a sofa and chairs around a coffee table. They drink soda, eat potato chips and listen to Rosas’ instructions as she lines up multicolored Post-its along a wall.
On each she has written a concept that the participants – architects, journalists, engineers – say aloud: words like justice, community, gender equality. The group then exchanges ideas about the best way to define these terms and wrestles with the question of how relevant they are for the kind of society they want.
To an outsider, this gathering may look like a university civics class. But these young Chileans are doing something more significant: They are working on their country’s next constitution.
“Our constitution includes values that stress too much the importance of order and doesn’t give enough space to the value of politics itself,” says Rosas, a 28-year-old political scientist at the Center for Public Policies at Pontificia Universidad Católica de Chile, who assembled her group through social media. “That’s why I want it to change.”
Although it’s been 26 years since the end of the 17-year dictatorship of General Augusto Pinochet, Chile is still governed by a constitution illegitimately adopted in 1980 under his military regime. There have been many revisions to the document, including important changes in 2005 curtailing the military’s authority. But during her 2013 election campaign, Chile’s socialist President Michelle Bachelet promised even deeper reforms that would make the constitution fully legitimate and less free-market friendly. Last October, she officially kicked off a process that involves both institutional and public participation in the drafting of a new constitution.
After that, thousands of people like Rosas signed up to organize local discussions about the values they would like to see reflected in the new document. They had until July 3 to submit their conclusions online. Provincial and regional town hall meetings are now being held to discuss these suggestions, which will be included in the draft the government plans to present to Congress by October 2017.
It’s a crucial endeavor. Not only does it symbolically seek to end Pinochet’s legacy, it also reflects Chileans´desire to find new ways of civic participation after a long period of transition in which reconciliation mattered more than debate. Chile, political analysts say, is taking a new step in the consolidation of its democracy.
“This process reflects quite well on the maturity of the Chilean democracy,” says Sumit Bisarya, who specializes in constitution building at the Institute for Democracy and Electoral Assistance, an intergovernmental international organization based in Sweden.
Bisarya cites the openness of the process, noting that when citizens discuss how they view the constitution they are really discussing “how they view the relationship of the state to society and citizens to each other.” Countries that reform constitutions in absence of crisis “are only very established democracies, like Ireland, Luxembourg or Norway,” he says.
At the same time, the project has highlighted the deep distrust many Chileans have of the country’s politicians and revived old tensions between right and left.
The 1980 constitution was written under the influence of University of Chicago economist Milton Friedman’s free-market model and protects a neoliberal system that some praise and others criticize as not satisfying the social needs of modern Chileans. At the center of the debate is a section of the constitution, which stipulates that the government can only develop or participate in entrepreneurial activities when it’s specifically permitted by a law that requires an absolute majority.
“There is a polarization, maybe not at the social level but at the political one, and that is because what is being discussed is the distribution of power,” says Claudio Fuentes, director of the School of Political Science at Chile’s Universidad Diego Portales. “The market-oriented system that is the backbone of the current constitution clashes with the ideals of the coalition in power, which believes that the state should play a more crucial role.”
In the past few months, constitutional lawyers, historians, political scientists, economists and even former presidents have publicly registered their enthusiasm or skepticism of the effort. Supporters of the reform movement praise a process they consider unprecedented and destined to help tackle inequality. Critics voice their concern that it may put additional strain on a slowing economy and divert attention from more pressing issues, such as the need to improve education, healthcare or public safety.
“There is criticism of this constitution because it was originally drafted under the dictatorship, but we can’t forget that in democracy it has been modified more than 30 times,” says Sebastián Soto, constitutional area director of the conservative think tank Libertad y Desarrollo. “Practice has turned it into a legitimate document.”
Soto worries that the drive to reform the constitution will discourage investment in Chile’s economy. “Unfortunately, constitutional changes bring uncertainty,” he says. “When you question a whole set of constitutional rules that are relevant for economic development, it´s obvious that it makes investors more doubtful about the future.”
The constitutional reform process takes place amid Chile’s ongoing political turmoil. In the past two years, a number of politicians on both the left and the right have been indicted or are under investigation for illegal campaign financing. And President Bachelet’s approval rating has dropped significantly – reaching a record low of 22 percent in June – in part because of her daughter-in-law’s alleged involvement in corrupt business practices and partly because of the economic slowdown.
Estimations for Chile’s gross domestic product growth in 2016 are at 1.75 percent, down from 4 percent in 2013. President Bachelet’s determination to create an ambitious set of reforms aimed at guaranteeing more social rights has also exacerbated tensions between the ruling coalition and its political opponents. In this atmosphere, critics say, writing a new constitution should not be a priority.
Paradoxically, the Chilean people’s widespread disillusionment with politicians may explain the unexpected high level of public participation in the constitutional reform process. Patricio Zapata, president of the Council of Observers, an independent panel of 15 diverse citizens whose mission is to supervise the process, said the panel did not expect more than 2,000 local meetings to occur. Instead, more than 15,000 groups registered, 9,000 of which uploaded their conclusions to the web.
“A large number of our citizens are looking for different ways to express their political preferences and their opinions – and to defend their interests,” says Zapata, a professor of political law at the Pontificia Universidad Católica in Santiago. “And the younger generation is questioning the story we’ve been telling them about the way we got rid of dictatorship, reconciled, eradicated extreme poverty, grew economically at a 5 percent rate and so on. This participation shows that there are people who want to know what we gave away for the sake of reconciliation, now that we’ve seen how money and the private sector are permeating the political system.”
Rosas, who organized the local meeting, echoes this view. The local discussion groups, she says, seemed to satisfy a longing for civic exchange as much as they reflected a desire for a new constitution.
“The most useful part of this is the dialogue occurring in the meetings,” she says. “This is a process that people are paying attention to – maybe not in all socioeconomic groups or all neighborhoods. But we are finally discussing things, and that speaks very well of the democracy we are building.”
