ICSO UDP

Tag Archive: Kenneth Bunker

Lagos 2018
Julio 18, 2016 7:02 pm Leave a Comment
Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

Ricardo Lagos Escobar es candidato presidencial. Después de varios años en la sombra, finalmente se suma a la primera línea. La semana pasada acusó recibo de la presión ciudadana y partidaria, y se declaró dispuesto a competir.

No es sorpresa, pues las encuestas sugieren que es el candidato favorito de los votantes de centroizquierda, y las elites de su sector han dejado entrever que es quien concita mayor consenso en los partidos de la coalición. Sin embargo, el camino a la nominación no es tan fácil ni simple como parece. Lagos deberá asegurar apoyos claves y esperar a que se configure favorablemente el tablero antes de sumarse a la carrera presidencial.

Parte del trabajo es concitar el mayor apoyo posible en su coalición. Esta tarea es relativamente sencilla en el PPD y el PS, los dos partidos en los cuales milita.

En el PPD, ningún otro candidato tiene permiso para despegar mientras Lagos esté en la pista. En el PS, estarían dispuestos a apoyar a Lagos si no prenden las candidaturas de Isabel Allende y José Miguel Insulza.

El trabajo es más complejo en el PC y la DC, los partidos más extremos de la coalición. A los comunistas les gustaría levantar su primera candidatura desde la vuelta de la democracia, y a los democratacristianos les importa levantar su bandera para frenar la amenaza progresista de la izquierda.

Trabajar al PC y a la DC no será sencillo, pero será necesario. Lagos le deberá ofrecer al Partido Comunista implementar una agenda de continuidad con el gobierno actual, especialmente en cuanto a la reforma constitucional, que es una demanda clave para la izquierda. Además, deberá ofrecerle al PC posiciones clave en su gobierno, aumentando su presencia en el gabinete en al menos una cartera.

Con la falange, Lagos deberá resucitar el fantasma concertacionista y prometer una agenda de gradualidad liderada por ellos mismos. Deberá, sobre todo, convencer a la facción de Walker de que él es la única alternativa viable si el objetivo es mantener la unidad en la coalición.

Esto es lo que deberá pasar para que Lagos siga adelante. Necesita el apoyo de los cuatro partidos.

En términos políticos, su único escollo real lo representa Alejandro Guillier, quien ya ofició su intención de llegar a primarias, pase lo que pase. Lagos deberá estar dispuesto a ir esa riña. En los tiempos que corren, eludir primarias es una señal retrógrada y antidemocrática, digna de candidatos y partidos añejos y autoritarios.

Además, a Lagos le conviene liderar un ciclo de debates donde pueda instalar su agenda. Es una buena forma de conseguir el apoyo de todo su sector. En cualquier caso, lo más probable, a esta altura, es que Lagos finalmente se imponga a Guillier.

En términos políticos, su único escollo real lo representa Alejandro Guillier, quien ya ofició su intención de llegar a primarias, pase lo que pase. Lagos deberá estar dispuesto a ir esa riña. En los tiempos que corren, eludir primarias es una señal retrógrada y antidemocrática, digna de candidatos y partidos añejos y autoritarios. Además, a Lagos le conviene liderar un ciclo de debates donde pueda instalar su agenda. Es una buena forma de conseguir el apoyo de todo su sector. En cualquier caso, lo más probable, a esta altura, es que Lagos finalmente se imponga a Guillier.

Todo lo anterior es condicional a su apoyo en las encuestas. Lagos solo será candidato si se mantiene en la primera posición de los índices de popularidad. Si su apoyo comienza a declinar, también caerá su probabilidad de perseguir la nominación.

El ex Presidente no va poner su legado en juego si existe una posibilidad real de perder, como lo hizo Frei en 2009. Si percibe que la posibilidad de perder es alta, va titubear. Lagos solo será candidato si ve los laureles al final del túnel. Mientras Lagos se mantenga en la primera posición, se vuelve cada vez más probable que sea el candidato definitivo de la coalición de centroizquierda.

Parte del trabajo de mantenerse arriba en las encuestas es enterrar los fantasmas del pasado. En el ciclo electoral de 2009, Lagos se bajó de la carrera por las críticas a su rol en el diseño del Transantiago. El ex Presidente correctamente anticipó que, si aceptaba el desafío, la elección sería un referendo sobre su gobierno anterior.

Esta vez deberá tener una respuesta preparada para quienes lo interpelarán por los errores y las omisiones de su sexenio. Otra parte del trabajo tiene que ver con su aproximación a los nuevos movimientos políticos. Lagos deberá posicionarse en un punto en donde le pueda a hablar a los que hoy están entre Giorgio Jackson y Andrés Velasco.

Con el apoyo de los partidos, el omen de las encuestas, y una buena llegada con los nuevos votantes de la centroizquierda, Lagos recién estará en condiciones de seguir adelante. No será fácil ni simple, sobre todo considerando lo que viene. Atar los cables sueltos del actual gobierno será una tarea de proporciones bíblicas. Tendrá que estar dispuesto a navegar en esas aguas.

Además, Lagos tendrá que pensar en su posible rival desde la derecha. Si el rival termina siendo Sebastián Piñera, será una elección tan competitiva como la de 1999. Pero si la derecha llega igual de dividida a la elección como lo está hoy, Lagos tendrá todas las posibilidades de ganar.

Ver columna aquí
El freno a mano
Junio 22, 2016 11:38 am Leave a Comment
Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

Luego de sólo un año en el gobierno la Presidenta se vio obligada a remover a los ministros de Interior y de Hacienda de sus cargos. Bachelet no tuvo otra opción cuando se dio a conocer la cercanía de Peñailillo con los escándalos de financiamiento irregular y se hizo ineludible la responsabilidad de Arenas en la inestabilidad de la economía. En sus lugares, la Presidenta nombró a Burgos y a Valdés. A diferencia de sus antecesores los nuevos ministros no conformaban parte del círculo cercano de Bachelet. De hecho, eran todo lo opuesto. Llegaron para ponerle freno a mano al ambicioso programa de gobierno.

La reciente renuncia de Burgos no sorprende a nadie. La corta pero intensa historia de desencuentros entre el ex ministro del Interior y Bachelet se produjo a vista y paciencia de todo el país. No es necesario describir cada uno de los hechos que fueron separando el camino de ambos. Basta con decir que no había otra opción que renunciar. Burgos reinó cansado y frustrado. Aunque llegó para apaciguar el mercado político, el ímpetu del gobierno fue más fuerte. El renunciado ministro del Interior no pudo llevar al barco de vuelta al rumbo que cómodamente navegaba la Concertación.

Si bien la relación personal entre Bachelet y Burgos no parece haber sido mala, sus roles institucionales los pauperizó. Mientras que la Presidenta buscaba seguir adelante a paso firme sin renunciar al programa del gobierno, el ex ministro del Interior intentaba poner la cuota de realismo. Sería mentir decir que Burgos no logró absolutamente nada. Junto con Valdés no sólo lograron dar una señal de estabilidad en un momento de descalabro político, pero además lograron poner pausa a algunas de las reformas que en un principio parecían ser inevitables.

Pero también sería mentir decir que Burgos logró su objetivo. Las grandes reformas estructurales siguen en pie. Tal vez con más cautela y mayor reflexión que en un principio, pero siguen adelante. En ningún momento el gobierno ha abandonado su objetivo ulterior de transformar estructuralmente al país en sólo cuatro años. Desde la oposición da la sensación de que Burgos sí puso la pelota en el piso, y logró detener el juego. Pero desde el oficialismo es distinto. Para ellos Burgos sólo llegó a hacer tiempo para que pudieran hacer su juego más tranquilos.

El freno a mano se rompió, y pusieron a otro. Mario Fernández llega a cumplir el mismo rol que Burgos, dar una señal de tranquilidad en un escenario donde constantemente se pronostica una tormenta. La gran pregunta es cuánto durará. Si Fernández toma un rol activo para frenar el avance del gobierno, la Nueva Mayoría se lo va comer. Si trata de funcionar como un engranaje de freno, se terminará rodando al igual que Burgos. En cambio, si busca tejer alianzas claves con otros actores oficialistas y de oposición que persiguen en mismo objetivo, tendrá mayor suerte.

Si el rol de Fernández es poner la cuota de realismo, como se anticipa, debe exprimir su habilidad política. Estar en Interior es por esencia un juego de estrategias. Fernández llega a cumplir un rol nada de grato en una coalición de gobierno extremadamente ambiciosa. Deberá navegar cautelosamente alrededor de figuras como Aleuy y Uriarte que buscan imponer el programa de gobierno y la voluntad de la presidenta a como de lugar. No será fácil, pero Fernández es un buen hombre para el trabajo. Si llega hasta el final del cuatrienio, podrá cantar victoria.

Ver columna aquí
Cambio de rumbo
Mayo 24, 2016 4:52 pm Leave a Comment
Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

Mañana Bachelet dará cuenta de su segundo año en el gobierno. Para muchos el discurso será decepcionante. De la larga lista de promesas que la Presidenta les hizo a los chilenos el 21 de mayo pasado, solo pudo cumplir la mitad. Podrá tener excusas, pero al final los datos no mienten. Podrá decir que los casos Caval, SQM, y Penta se le metieron entremedio, pero ella sabe que es parte del juego. Podrá decir que no hubo voluntad legislativa, pero si no puede conseguir los votos la falta es suya. Podrá decir que el próximo año sí cumplirá con sus promesas, pero para ello tendrá que ser menos ambiciosa y más realista.

En la cuenta pública del año pasado Bachelet hizo 56 promesas. Hoy, la Fundación Ciudadano Inteligente, ONG independiente enfocada en dotar a la política con mayor transparencia, cifra el avance en 53%. Como referencia, la cifra es levemente mayor que en el primer año del gobierno (2014), en el cual Bachelet cumplió con 44% de sus promesas, y que en el segundo año del gobierno de Piñera (2011), en el cual el ex Presidente cumplió con 48% de las suyas. La diferencia entre este año y años anteriores, sin embargo, es que hoy la Presidenta está siendo significativamente más cuestionada que antes, y como tal esencialmente más vulnerable.

Una explicación para entender por qué no ha cumplido con sus promesas se encuentra precisamente en ese escenario político adverso. Al cargar con los casos Caval, SQM, y Penta a sus espaldas, no ha logrado desmarcarse de los escándalos de financiamiento ilegal. A pesar de convocar una comisión para hacer frente a los casos de corrupción, Bachelet y el gobierno no han logrado escapar del rechazo popular. Las encuestas muestran una baja sostenida desde la irrupción de los casos de financiamiento ilegal a comienzos del año pasado. Sugieren que los chilenos culpan a Bachelet y el gobierno por los pecados de toda la clase política.

Una de las consecuencias de la caída en la popularidad de Bachelet y el gobierno es la pérdida de disciplina dentro de la Nueva Mayoría. A medida que Bachelet y el gobierno han ido perdiendo popularidad en las encuestas, han ido surgiendo facciones de disidencia y figuras de veto. Estos díscolos, en buena parte senadores y diputados, han sido problemáticos para la agenda del gobierno. Han sido un estorbo para diseñar e implementar materia legislativa. Es mucho más difícil gobernar cuando los índices de popularidad son bajos. Esto es algo que el gobierno no ha podido solucionar; han hecho poco para llegar a un punto de distensión.

Al menos buena parte de la obra gruesa ya está terminada. O eso fue lo que dijo el Ministro Eyzaguirre hace un par de semanas, dando a entender que solo faltan las terminaciones. Si bien hay dudas sobre la intención tras la declaración, particularmente considerando que la reforma constitucional está en pañales, lo cierto es que el Ministro manda una señal de la cual solo se puede desprender que el gobierno está consciente que ya no le queda tiempo para especular con materia estructural. Las declaraciones del Ministro sugieren que el gobierno sabe que la obra gruesa solo será sostenible si se compatibiliza con una agenda de corto plazo.

Ergo, corresponde que en la cuenta pública de este año el gobierno privilegie la resolución de demandas urgentes. Es al menos lo que debe suceder si se pretende perpetuar en el poder con el objetivo de dejar en manos del próximo gobierno la etapa final de la reforma constitucional. Entre las materias más urgentes en este orden está la economía. Bachelet debe mencionar el crecimiento económico como factor prioritario en la agenda del gobierno. Hasta ahora ha estado excesivamente enfocada en sus reformas estructurales, ignorando la utilidad de contar con una economía robusta. Si no hace está transición ahora, continuarán los problemas.

El objetivo del gobierno este 21 de mayo debe ser entablar una agenda que pueda cumplir. Con la obra gruesa finalizada, debe volcar la vista a materia más urgente, como una agenda pro crecimiento económico. Esto no solo le permitirá llegar a su tercera cuenta pública con éxito, pero además podrá apaciguar los mercados, que hasta el momento han estado tensionados por la incertidumbre ligada a sus reformas. Es el momento de transitar de un gobierno excesivamente enfocado en reformas estructurales a uno realista. Es el momento perfecto para cambiar de rumbo y convencer a la gente que las reformas estructurales sí son compatibles con prosperidad económica.

Ver columna aquí
La apuesta de las dos derechas
Mayo 17, 2016 6:43 pm Leave a Comment
Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

El gobierno está trabajado para promulgar una nueva Constitución. Como parte de su programa de gobierno dijo que llevaría a cabo un proceso constituyente de siete etapas. En sus primeros dos años, ya ha puesto en marcha tres de ellas: (1) un proceso de educación cívica, (2) la designación de un consejo de observadores, y (3) cabildos de diálogos ciudadanos. En lo que queda de gobierno, espera avanzar significativamente sobre las cuatro restantes: (4) la entrega de las bases ciudadanas, (5) la ratificación de la Constitución actual para permitir la legislación, (6) definir el mecanismo y debatir sobre el contenido, y (7) llevar a cabo un plebiscitito ratificatorio.

Mientras la gran mayoría del país está bajo la percepción de que el proceso constitucional ya comenzó, los partidos de derecha y sus representantes más emblemáticos se dividen entre los que lo buscan ignorar y los que lo buscan avalar. El primer grupo está bajo la impresión de que tienen el poder de veto para detener el proceso. Su apuesta es que pueden detener la ofensiva en la quinta etapa al hacer uso de su minoría legislativa. El segundo grupo piensa que el proceso es algo inevitable y que se va llevar a cabo con o sin su apoyo. Su apuesta es participar en el proceso para influir en el producto final.

No existe un corte claro entre ambos grupos pero parece haber un clivaje generacional y de recambio entre ambos. En el primero prevalecen los clásicos políticos a favor del statu-quo, y en el segundo predominan las caras nuevas a favor del debate. Es, por ejemplo, la diferencia entre los Senadores RN Andrés Allamand y Manuel José Ossandón, o entre los diputados UDI Ernesto Silva y Jaime Bellolio. Mientras que Allamand y Silva representan a la derecha tradicional, Ossandón y Bellolio representan una derecha post-transicional. Los cuatro legisladores son símbolos de facciones internas de sus partidos, y como tal representan divisiones internas.

Aunque la mayoría de las figuras emblemáticas de Chile Vamos está en contra de participar, cada día crece el número de representantes a favor. A medida que a cada figura emblemática se le levante una figura alternativa con una posición contraria crece la tensión interna en la coalición. Al final, por cada una de estas parejas habrá solo un ganador. Si el proceso constituyente no se lleva a cabo, el grupo a favor del statu-quo habrá ganado y reafirmado su posición hegemónica en la coalición.En cambio, si el proceso sí se lleva a cabo, el grupo que apostó por participar se llevará senda victoria, ganándose un importante espacio en el sistema político.

Lo importante, entonces, es definir la probabilidad de que se lleve a cabo el proceso constituyente. No es algo que se pueda definir a ciencia cierta, pero sí nos podemos aproximar a aquello. Suponiendo que la sobrevivencia de los partidos políticos depende de su capacidad para adaptarse a las demandas de los votantes, podemos también suponer que a medida que la gente pida un proceso constitucional, los partidos que quieren sobrevivir se cuadrarán con ellos. Si este es el caso, parece haber una alta probabilidad de que se lleve a cabo el proceso constituyente, pues las encuestas muestran un alto grado de alineamiento de la gente con él.

Ante estas prospectivas, la única forma de ganar para los que están a favor del statu-quo es colgarse de su minoría legislativa y usar sus tres-quintos en el Congreso para detener el proceso. Pero si anticipan una avalancha electoral en su contra, precisamente por manifestar una posición contraria al proceso, las prospectivas a favor del proceso constituyente aumentan significativamente. Una derrota de Chile Vamos en las elecciones municipales de este año, por ejemplo, podría convencer a varios políticos emblemáticos de la coalición de subirse al carro ganador. Si no se quieren subir por convicciones políticas, lo harán por estrategia electoral.

La apuesta del grupo a favor del statu-quo paga poco. Para Allamand, Silva y el establishment de la derecha, su mejor apuesta es apuntar a mantener una Constitución que tiene poco apoyo en las encuestas, y mantener su ya disminuido contingente legislativo. En cambio, la apuesta del grupo a favor de dialogar paga mucho. Avalar y sumarse al proceso no solo va ayudar a Ossandón, Bellolio y a las caras nuevas de la derecha a influir en el contenido de la nueva Constitución, pero además los va dejarposicionados para usar la victoria como propaganda para enfrentar la próxima elección presidencial y legislativa con más fuerza que nunca antes.

Ver columna aquí
La apuesta de Insulza
Agosto 27, 2015 2:47 pm Leave a Comment

Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

Hace algunos días el presidente de Chile Transparente, José Miguel Insulza, participó en el panel “Agenda de Probidad y Transparencia”, en las dependencias de Chile 21. En la cita, Insulza se refirió a algunos aspectos de la regulación del nexo entre política y dinero, manifestándose a favor de la opción de que empresas puedan aportar a partidos y campañas. Lo anterior sugiere al menos dos cosas. Primero, que Insulza tiene la intención de ser candidato presidencial, y segundo, que para lograr la nominación debe cambiar significativamente su postura.

El tema y la perspectiva de Insulza no son independientes entre sí. Por una parte es natural que como presidente de Chile Transparente se refiera a un tema contingente a su plaza. Es un momento crucial donde no sólo puede influir sobre el tema, pero tiene la obligación de hacerlo. El daño institucional que ha hecho la irregular transferencia de lo privado a lo público debe ser revertido, y como un actor central en el tema tiene la potestad de demandarlo. Lo sorprendente sería que no se pronunciara sobre el tema.

No se puede ignorar que Insulza también es candidato presidencial. Ha sido un nombre que se ha barajado como presidenciable dentro de su partido y coalición desde al menos 2005. Por distintos motivos su opción se descartó tanto en la elección de 2005, como la de 2009, y la de 2013. En 2005 fue por la sorpresiva irrupción de las entonces ministras Alvear y Bachelet; en 2009 fue por su paupérrimo rendimiento en las encuestas; y en 2013 fue por el inminente retorno de Bachelet al país. Como hombre fuerte de la Concertación siempre tuvo más apoyo entre las elites que entre la gente.

Hoy Insulza se encuentra en una mejor posición. Al fin llega en un momento donde el sucesor a la presidencia no está definido a priori, y como tal tiene espacio para crecer ante los ojos de la opinión pública. Asimismo, por primera vez tiene la independencia para manifestarse libremente sobre temas de contingencia nacional anteriormente obstaculizadas por su rol en la OEA. Además, Insulza puede utilizar su rol como presidente de Chile Transparente para destacarse entre la montonera de políticos asociados con escándalos de financiamiento.

Es en este contexto que su propuesta sorprende, pues va en contra de todo lo que se ha debatido en el último tiempo. La propuesta de Insulza va en contra de la idea inicial de los diputados Jackson y Mirosevic, en contra de la propuesta de la comisión Engel, y en contra del proyecto de ley redactado por el gobierno de Bachelet. Salvo por un inesperado y retrogrado revés en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la gran mayoría ha acusado sintonía con el país y se ha manifestado por eliminar el aporte de empresas tanto a partidos como a campañas.

Insulza propone que las empresas puedan donar dinero a la política siempre y cuando lo hagan por medio del fisco, y que sea este último el encargado de repartir esos fondos de forma proporcional a la fuerza de cada partido de acuerdo a los resultados electorales. Es decir, el Estado reparte a su manera los recursos que donan los privados. El presidenciable deja entrever que es una propuesta que se barajó luego de la puesta en marcha de la ley de financiamiento electoral de 2003, cuando él era Ministro del Interior, pero que finalmente no tuvo cabida.

La propuesta de Insulza no es descabellada, para 2003. Con toda la evidencia recopilada durante la última década, todo apunta a que el aporte de empresas no es beneficioso para la democracia. Resucitar la propuesta no solo es una mala idea; es también atemporal y desatinada. Solo muestra que Insulza no está conectado con lo que está pasando en el país y que está remando en contra de lo que propone el propio gobierno que dice apoyar y pretende suceder. Además, es una mala estrategia electoral. Es improbable que impulsar el aporte de privados a la política lo impulse en las encuestas.

Pese a ser uno de los políticos más virtuosos de su generación, y tener la disposición de ser candidato presidencial, Insulza ha visto su opción postergada en al menos tres elecciones. Por lo mismo, uno esperaría que a estas alturas haya trabajado una estrategia casi a la perfección para irrumpir en la carrera presidencial de forma irreversible. Lamentablemente parece no ser el caso. Insulza parece seguir viviendo en un país dominado por la otrora Concertación. Revivir una propuesta de financiamiento electoral que se descartó hace más de una década refleja aquello.

Por su puesto, una observación no implica causalidad. No se puede inferir que su programa será igual de atemporal y desatinado que su propuesta de financiamiento. Pero hay buenas razones para creerlo, especialmente si comparamos su postura política con la de su competencia. Tanto Velasco a su derecha, como Enríquez-Ominami a su izquierda, cuentan con propuestas mucho más atractivas y en sintonía con la inmensa mayoría de los chilenos. Si Insulza no comienza a mirar hacia adelante, su candidatura de 2017 inevitablemente recorrerá la misma ruta que todas sus candidaturas anteriores.

Leer columna aquí
Nueva Mayoría: fecha de caducidad
Julio 31, 2015 12:22 pm Leave a Comment
Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

Durante el primer año en el poder, los partidos de la Nueva Mayoría lograron pasar una serie de proyectos de ley que ensalzaron a la coalición como la más poderosa desde la vuelta a la democracia. Nunca hubo un gobierno que tuviese tantos votos en el Congreso, y que pudiese legislar sin el visto bueno de la oposición.
Hoy la situación es radicalmente distinta. Muchos sugieren que la exitosa coalición se derrumba en cámara lenta. Dicen que la voluntad de los partidos para coalicionar en la elección de 2013 ya no existe. Indican que la tortuosa relación entre los dos partidos extremos -la Democracia Cristiana y el Partido Comunista- es la principal culpable. Sobran razones para pensarlo.

Hace algún tiempo, el líder fáctico de la DC, Gutenberg Martínez, advirtió que la Nueva Mayoría no era más que un acuerdo político-programático con fecha de caducidad, generando el primer oleaje de rumores. Hace una semana, el presidente del PC, Guillermo Teillier, amenazó con abandonar la coalición e incluso salir a la calle a protestar si el gobierno renunciaba al programa.

Manejar la relación política entre ambos partidos ha probado ser una tarea compleja. La líder de la coalición, Michelle Bachelet, ha tenido que dar y quitar para mantener a ambos partidos en la coalición. En el primer año, la Presidenta privilegió al PC, implementando una agenda progresista. Pero hace poco dio un vuelco hacia la DC, moderando las reformas y adoptando una perspectiva “realista”.

Este complejo vaivén es lo que sugiere el eventual quiebre. Es difícil pensar que el poder se pueda distribuir pendularmente, entre la DC y el PC, de forma estable. No sólo es ineficiente gobernar de forma progresista un año y de forma moderada el próximo, sino que es un método de gobierno ineficaz si se pretende lograr metas a largo plazo.

Ahora bien, aunque los rumores de quiebre de la Nueva Mayoría son fundados, también hay razones para pensar que la coalición podría seguir adelante. La interacción entre el sistema electoral y el sistema de partidos mantiene los incentivos para formar coaliciones. Incluso, lo más probable es que en las próximas elecciones existan más partidos y más coaliciones que nunca antes.

Ergo, la pregunta relevante es: ¿cuál será la distribución de los partidos en coaliciones a la izquierda del centro? Hay al menos tres escenarios plausibles. El primero es que la Nueva Mayoría se mantenga intacta y repita la alineación titular de 2013. El segundo escenario es que la DC compita por sí sola en el centro, y el tercer escenario es que el PC se desprenda hacia la izquierda.

Entre estos tres escenarios, la opción de mantener la alineación titular de la Nueva Mayoría es la más probable. Caballo que gana repite. Al fin y al cabo, los partidos han logrado pasar reformas importantes, y los problemas parecen ser solucionables. Las disputas entre las cabecillas tienen más forma de bluffs para ganar tiempo y espacio para fijar la agenda de la coalición.

Pero el escenario de la DC en el centro también tiene sentido. Principalmente porque significaría volver a su lugar natural. Dado que el partido fue fundado en el centro, sería una decisión que las elites podrían fácilmente explicar a los militantes. Además, tendría sentido que los partidos más progresistas de la actual coalición operaran desde su propio nicho.

El tercer escenario es que el PC siga su propio camino. Tiene sentido, pues con el nuevo sistema electoral ya no tendrán la misma dificultad para acceder al Congreso. Podrán fácilmente mantener a sus seis diputados sin la necesidad de tener que transar sus principios ideológicos. Asimismo, la DC junto a los socialistas podrán retomar el pacto que los hizo la coalición más exitosa de los noventas en la región.

En definitiva, si bien los rumores de un quiebre en la Nueva Mayoría tienen fundamentos, en ningún caso sería un quiebre total. En el peor escenario uno de los partidos extremos abandona el buque. Incluso, si cualquiera de los dos lo hace, la Nueva Mayoría tendría más coherencia de la que tiene hoy. Es decir, se transformaría en una verdadera coalición progresista, o volvería a sus raíces.

Ver columna en La Tercera
El segundo tiempo
Julio 29, 2015 8:57 am Leave a Comment
Kenneth Bunker, Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

Cuando comenzó el cuatrienio de la Nueva Mayoría muchos pronosticaron que sería un gobierno estructuralmente renovador. No sólo porque lo anticipaba el programa, sino porque además se habían conjugado las condiciones políticas necesarias para serlo. Bachelet había ganado la elección presidencial con el porcentaje de votos más alto desde el retorno de la democracia, y la lista legislativa de la coalición había obtenido una mayoría significativa en el Congreso.

Efectivamente, el primer año de gobierno trajo consigo varias transformaciones estructurales. Antes de celebrar su primer año en el poder, la Nueva Mayoría logró pasar importantes proyectos de ley, incluyendo la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma electoral. La coalición se fue de vacaciones celebrando su éxito, confirmando que la popularidad de Bachelet, junto con la mayoría legislativa, efectivamente fue una combinación perfecta.

Pero la celebración fue corta. En el mismo mes del receso legislativo, mientras las autoridades de gobierno se encontraban veraneando, se desató el caos. Al caso Penta, que se arrastraba desde septiembre de 2014, se sumaron el caso Caval y el caso SQM. Entraron al ruedo varios legisladores, unos cuantos funcionarios del gobierno, e incluso se sugirió que la propia Presidenta estaría involucrada en un esquema irregular de financiamiento político.

Como consecuencia al destape de la olla, cayeron transversalmente los niveles de confianza a las instituciones políticas y los índices de apoyo a los políticos, forzando una parálisis legislativa. La crisis dejó a la oposición al margen del debate y al oficialismo en una crisis interna.Luego de dos meses donde los medios y la fiscalía se turnaron el control de la agenda, la Presidenta finalmente acusó recibo y decidió –tardíamente– realizar una serie de cambios para enmendar el rumbo.

El primero –y probablemente el más importante– fue el cambio de gabinete en mayo de 2015. Nueve de 23 ministros dejaron sus carteras, incluyendo los titulares del comité político (Interior, Segpres, Seggob y Hacienda). La salida de Peñailillo y Arenas fue un duro golpe a la estructura Bacheletista asociada con la estrategia de avanzar sin transar. La llegada de Burgos y Valdés, y eventualmente de Eyzaguirre, dejó entrever que la Presidenta entendía la gravedad del asunto.

El cambio de gabinete fue seguido por una revisión completa a la nómina de subsecretarios, intendentes y embajadores, para corregir las cuotas de poder asignado a los partidos y castigar a los personeros vinculados a las irregularidades investigadas por la fiscalía. Al parecer estos cambios fueron insuficientes para permitir que el gobierno retomara el control. Por eso, arrinconada, la Presidenta finalmente tuvo que admitir que no podría llevar a cabo su programa.

A primera vista parece claro que se inicia un segundo tiempo en el gobierno. No hay dudas que existe la intención de salir del hoyo. Pero mientras los anuncios no se transformen en realidades, no hay certeza de lo que vaya a ocurrir. En términos prácticos sólo existe la voluntad delgobierno de enmendar el rumbo, pues no ha habido cambios que permitan sostener que efectivamente lo hará. Bien podría ser una estrategia política para ganar espacio.

El segundo tiempo sólo comenzará si el gobierno se abre a corregir la reforma tributaria, revisar la reforma educacional, transar en la reforma laboral, y posponer la reforma constitucional. En cambio, si el anuncio de la Presidenta queda en la mera intención de moderar su programa, el gobierno continuara cojo, en el primer tiempo. Evidentemente lo primero es lo mejor. No sólo le da un respiro al gobierno, pero es una señal de buena fe que puede reanimar al decaído sistema político.

En retrospectiva, queda claro que haber pasado la aplanadora debilitó al gobierno. A meses de haber celebrado las reformas hoy abunda la sensación que un camino de dialogo hubiese sido mejor. La reforma tributaria es el mejor ejemplo. Haber optado por una estrategia legislativa expedita no tuvo beneficios ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho, todo lo contrario; tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento y puso en duda el criterio del gobierno a la hora de enviar reformas al congreso.

El gobierno ya dio el paso más importante: admitió que el rumbo no era el correcto. Ahora sólo falta que lo demuestre en hechos. El segundo tiempo debe caracterizarse por uno de diálogo, donde irrelevante de la popularidad de la Presidenta y el tamaño de su contingente legislativo, se priorice el debate. Por supuesto esto significa avanzar más lento, pero también significa avanzar más seguro. Y aunque sea doloroso, la Presidenta debe considerar echar pie atrás en reformas que nacieron prematuramente.

Ver columna en latercera.cl
Cambio de gabinete: tarde y pauteado
Abril 23, 2015 3:54 pm Leave a Comment

Kenneth Bunker, OBPE – UDP

Cuando los presidentes nominan a su primer gabinete apuestan a que todos los ministros estén a la altura de los desafíos políticos y que se ajusten con facilidad a la estructura administrativa. Sin embargo, muchas veces se equivocan en esa apuesta. Algunos ministros no están dispuestos a cumplir con el programa o no calzan bien en el equipo. En estos casos, los presidentes tienen la facultad de removerlos y nombrar a personas más adecuadas en su lugar.

Lo normal es que el primer cambio de gabinete sea antes de cumplir un año en el poder. Frei (1994-2000) hizo su primer cambio de gabinete a los siete meses (Educación, Interior, Relaciones Exteriores, Secretaria General de Gobierno). Lagos (2000-2006) hizo el suyo a los diez meses (Bienes Nacionales y Vivienda). Bachelet (2006-2010) hizo el suyo a los cinco meses (Economía, Educación, e Interior), y Piñera (2010-2014)hizo el suyo a los diez meses (Defensa, Energía, Trabajo y Transporte).

Bachelet rompió con esta tendencia histórica. Salvo la renuncia voluntaria de la titular de Salud a los nueve meses de gobierno, el primer gabinete se mantiene intacto. La Presidenta ha insistido en mantener la formación original. Van trece meses. Con esto ha dado a entender que a su juicio su apuesta inicial fue certera –sus ministros no sólo han estado a la altura de los desafíos, sino que también se han ajustado con facilidad a la estructura.

Este juicio ha sido rebatido en la prensa y en la clase política. No son pocos los líderes de opinión y políticos que han pedido un cambio de gabinete. A su juicio consideran que Bachelet tendría que haber hecho su primer cambio de gabinete hace algún tiempo, y que al haberlo postergado sólo ha causado daño a su propio gobierno. En promedio, opinan que tendría que haber sido en diciembre de 2014, aprovechando la salida de Molina.

En el tire y afloje entre Bachelet y los que pedían cambio de gabinete, la Presidenta tuvo un veranito de San Juan. En enero logró aprobar la reforma electoral, la reforma educacional, y el Acuerdo de Unión Civil, remontó en las encuestas y calló a todos los críticos de su gobierno. La remontada fue tal, que el ministro de Energía se dio el lujo de aparecer en todas las portadas de los diarios metafóricamente decretando verano para siempre (en referencia al huso horario).

Luego, todo cambió. En febrero apareció el caso Caval y en marzo la arista SQM. El gobierno, que había revertido su tendencia a la baja en enero, nuevamente comenzó a sufrir los embates de la prensa y la clase política. Se empezó a desgranar el choclo. El hijo de la Presidenta fue involucrado en negocios ilícitos y miembros de su gabinete en el traspaso ilegal de recursos de campaña. Como consecuencia, el programa legislativo se paralizó y la popularidad de la Presidenta alcanzó su mínimo histórico.

Los eventos de febrero y marzo confirman que Bachelet se equivocó al no hacer el cambio de gabinete en diciembre. La Presidenta pensó que su popularidad la blindaría ante las acciones de su hijo y que las esquirlas del caso Penta no llegarían a La Moneda. Dos graves errores. Ante la creciente preocupación de las personas sobre la relación entre el dinero y la política, la Presidenta debió haber tomado las medidas para asegurase que todas las personas en su gobierno estuvieran limpias.

Si Bachelet hubiese hecho el cambio de gabinete en diciembre su gobierno no estaría paralizado hoy. Si hubiera removido a todas personas involucradas –aunque sea tangencialmente– con Penta, SQM u otras empresas de la calaña, no sólo tendría la autoridad natural para liderar el debate sobre la relación entre dinero y política, pero además estaría avanzando a pasos agigantados en su programa de gobierno. En vez de estar desmintiendo rumores, estaría legislando.
La decisión errónea de no haber hecho el cambio de gabinete en diciembre tuvo efectos negativos indiscutibles. Por eso la pregunta sobre cuándo decidirá hacer el ajuste sigue vigente. Cada día que pasa es un día más en que el cambio está pendiente. Hasta que Bachelet no remueva a todos los involucrados en el caso Penta y SQM de su gobierno, no podrá hacer lo que fue elegida para hacer: gobernar.

Bachelet inevitablemente tendrá que hacer un cambio de gabinete. Sin embargo, ya no será a su gusto. No podrá remover sólo a los que quiere remover, y no lo podrá hacer cuando lo quiera hacer. Además de sacar a las personas involucradas en Penta y SQM, tendrá que sacar a los ministros desgastados por el mal manejo. Es difícil pensar en que ministras que admitan que se quieren retirar de la política, o que ministros que regularmente deben salir a dar explicaciones burdas, permanezcan en el gabinete.

A su vez, y a diferencia de lo que pudo haber hecho en diciembre, los cambios no sólo dependen de ella. La caída de su fuerza relativa dentro de su propia coalición la obliga a buscar el visto bueno de los presidentes de los partidos. Algo impensado hace algunos meses cuando tenía sobre 50% de aprobación. Ahora tendrá que esperar que los partidos se organicen para hacer los cambios. El caso más claro son las elecciones internas del PS, los que tendrá que esperar para redistribuir las cuotas de poder.

A estas alturas, los nuevos ministros que entren al gabinete no sólo deben estar a la altura de los desafíos y tener la capacidad de ajustarse con facilidad a la estructura existente, sino que además deben ser capaces de hacerle frente a la crisis política. Es recomendable que sean personas que no han estado en la primera fila de los últimos tiempos, para darle un aire fresco al cambio. Pero también pueden ser actuales subsecretarios y asesores, siempre que no tengan boletas ocultas.

Ver columna en La Tercera
Golpe de timón
Enero 7, 2015 10:17 am Leave a Comment

Kenneth Bunker

La coalición de gobierno ha tenido grandes problemas para cumplir su programa de gobierno. A pesar de tener un quórum legislativo que le permite legislar sin depender de la oposición, no ha logrado imponer su voluntad y legislar con tranquilidad. Lo que inicialmente se veía como un serie de trámites legislativos relativamente sencillos, se ha tornado un desafío político de proporciones. Parte del problema ha sido la falta de liderazgo de la Presidenta para imponer disciplina entre los partidos que supuestamente la apoyan en el poder legislativo. Bachelet no ha logrado establecer una agenda legislativa de consenso — basta observar la diferencia programática entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.

El ánimo en la coalición de gobierno tras ganar la elección legislativa de 2013 se contrapone radicalmente con el clima de tensión que hoy atraviesa. Los 21 senadores y 67 diputados elegidos para pasar el program de gobierno no han sido capaces de tramitar proyectos sin antes pasar por un duro intercambio de ideas. El contingente legislativo que inicialmente parecía ser una mayoría aplastante, se ha comportado de forma errática y desorganizada. El fervor con que los candidatos legislativos apoyaron el programa de gobierno durante los meses de campaña no se condice con su débil apoyo a los mensajes que ha enviado la Presidenta durante sus meses en el poder.

El primer quiebre en la coalición de gobierno ocurrió durante la tramitación de la reforma tributaria. La resistencia de varios partidos oficialistas a la hora de aprobar el proyecto en el Congreso fue la primera muestra de la fragmentación oficialista. A diferencia del deseo de Bachelet — de pasar la reforma con sus propios votos, el gobierno tuvo que acudir a los partidos de la oposición para cumplir con el objetivo. La resistencia de la DC y del PC en varios de los puntos emblemáticos del proyecto obligaron al gobierno a transformar su proyecto estrella en el producto de una negociación colectiva con Renovación Nacional. El vaticinio del Senador Quintana — de pasar la retroexcavadora — obviamente no se cumplió.

Algo similar ocurrió con la reforma educacional. Lo que inicialmente se proyectaba como un proyecto de consenso mayoritario, demostró ser todo lo contrario. La reforma tiene tantos partidarios como opositores. Desde su entrada al hemiciclo, el proyecto ha sido re-escrito innumerables veces. Una serie de indicaciones, provenientes de todos los sectores de la coalición oficialista, ha transformado significativamente el proyecto.

“Aunque algunos podrán sostener que el proceso legislativo ha mejorado el fondo del proyecto, lo cierto es que también ha desnudado la división que existe dentro de la coalición. Si el gobierno estuviera unido, la reforma no estaría estancada en el Senado”

Si la Presidenta no impone disciplina entre los partidos que la apoyan, los problemas seguirán y sumarán. Si no impone disciplina, no podrá pasar las reformas que prometió pasar en su programa de gobierno. Si no lo ejerce su rol de líder de la coalición, los partidos seguirán ejerciendo presión para imponer su propia agenda, y el gobierno se verá impedido de hacer las transformaciones que originalmente propuso. Imponer disciplina también es crucial para asegurar la continuidad en el poder. Este año se comenzará a diseñar la estrategia para las elecciones de 2016 y 2017. Si no ocurre un alineamiento, la coalición se podría fragmentar aun más, potenciando las prospectiva electorales de la oposición.

La Presidenta se debe hacer cargo de las diferencias en su coalición. Si bien es natural que los partidos de una misma alianza tengan visiones distintas, si no pueden convenir en una agenda común, el daño puede ser peor. Hasta el momento, la dificultad para pasar las reformas ha significado una alza notoria en la incertidumbre, y como consecuencia, una caída en la confianza de la gente y los grandes grupos económicos. La Presidenta debe dar un golpe de timón a su propio gobierno, para darle más poder a los partidos. Sin un cambio de gabinete, no habrá un cambio de rumbo. A esta altura, la Presidenta debe mandar una señal a los partidos, para conseguir la unidad que tanto necesita.
Las palabras de Bachelet
Diciembre 17, 2014 1:55 pm Leave a Comment

Kenneth Bunker

Bachelet manifestó públicamente que su primer sentido fue iniciar la reforma educacional legislando sobre la educación pública y no sobre la educación particular pagada. Sus palabras no fueron bienvenidas en su coalición, pues pusieron en duda la forma y el fondo del proyecto más emblemático de su gobierno. La molestia es comprensible, ya que sus palabras agregan incertidumbre al proceso de tramitación que está en curso y abren un flanco vulnerable para el futuro de su coalición. Las palabras de Bachelet le dan peso a las críticas de quienes hoy se oponen al proyecto, y le dan fundamentos a las críticas de quienes en el futuro se opondrán a la ley si finalmente se aprueba.

Las palabras de Bachelet son un eco del pasado. En su primero gobierno manifestó públicamente que su intuición fue no implementar el Transantiago. Sus palabras le dieron pie a la oposición para puntualizar las críticas en su liderazgo y gestión. La gente recibió el mensaje. Las críticas de la oposición aportaron a la caída de la aprobación presidencial y jugaron un rol en la derrota electoral de 2009. Si bien ambos hechos también fueron producto de varios otros factores (movilizaciones estudiantiles y mal candidato presidencial, entre otros), es evidente que las críticas de la oposición lograron desestabilizar al gobierno en su momento y aportaron a construir una mala imagen de la gestión de la Concertación.

Si mañana es como ayer, la oposición no perderá la oportunidad de criticar a Bachelet por su liderazgo y gestión. Mientras dure la tramitación del proyecto, será más fácil argumentar que se debió haber comenzando por la educación pública. Esto pondrá en duda el liderazgo de la Presidenta ante la opinión pública, y como consecuencia la debilitará para poner en marcha otros proyectos. Sin embargo, lo más duro vendrá después de la aprobación de la reforma, cualquiera sea el producto final. Hecha la ley, hecha la trampa. La oposición tendrá credenciales para criticar cualquier falla, por pequeña que sea. Por lo bajo, les servirá como insumo para poner en duda la gestión del gobierno de cara a la elección de 2017.

Con este sombrío pronóstico, es crucial enfocarse en las causas de por qué Bachelet enfrenta esta situación.

En parte, es producto de la tensión que existe en cualquier sistema presidencial en el cual el presidente debe simultáneamente ocupar el cargo de jefe de Estado y jefe de gobierno. Los presidentes exitosos logran balancearse entre ambos cargos, según ameritan las circunstancias coyunturales. En el caso de Bachelet, ese balance no existe. La Presidenta constantemente privilegia el rol de jefe de Estado por sobre el rol de jefe de gobierno. Lo hizo en su primera administración, y lo está haciendo en este gobierno. Le cedió el control político a los presidentes de los partidos cuando aceptó su nominación. Esto explica por qué Bachelet no pudo imponer su primer sentido desde un inicio.

Por otra parte, es consecuencia de la particular forma en que llegó a la presidencia. Pues llegó a representar a una coalición excesivamente enfocada en ganar elecciones. La Nueva Mayoría se asimila más a una coalición electoral que a una coalición de gobierno. Mientras que la incorporación del PC en la coalición ayudó a ganar la elección, no ha aportado a gobernar. Parte del problema es la misma Presidenta, quien ha huido ante cualquier conflicto político. Desde que tomó la decisión de alejarse de la política partidaria, cedió la facultad de imponer disciplina entre los partidos que la apoyan. Esto explica por qué Bachelet tampoco podrá imponer su primer sentido en el futuro.

A esta altura queda poco que hacer. Bachelet ya manifestó que no está convencida con la reforma educacional, y no se le va olvidar a nadie, menos a la oposición. Como consecuencia, la Presidenta arriesga caer aún más en su aprobación presidencial y poner en riesgo futuras elecciones. Para no profundizar el problema en lo que queda de gobierno, Bachelet deberá balancear de mejor manera su doble rol como Presidenta y comenzar a imponer disciplina dentro de su coalición. Si se abstrae demasiado de la coyuntura y permite que los partidos tomen las decisiones por ella, no cabe duda que el gobierno y su coalición tomarán un rumbo hacia lo peor.

Revisa la nota original en La Tercera
La batalla por el centro
Diciembre 2, 2014 10:30 am Leave a Comment

Kenneth Bunker

Veinticinco años después de la transición a la democracia surge evidencia que sugiere que viene un cambio dramático en el sistema de partidos. El actual sistema, dominado por dos coaliciones polarizadas, se ve amenazada por un potencial sistema articulado por varios partidos de centro. Razones sociológicas e institucionales explican el potencial reemplazo. El declive en la importancia del clivaje dictadura/democracia y la inminente reforma al sistema electoral inevitablemente generarán nuevos incentivos para competir en elecciones y formar alianzas de gobierno.

Este argumento se sustenta en la literatura. Una teoría es que son las grandes transformaciones en la sociedad las que determinan el sistema de partidos. Cuando hay grandes cambios a nivel sociológico, partidos nacen, partidos se transforman o partidos mueren. En Chile existe evidencia de al menos cuatro grandes sismos sociales que produjeron un reordenamiento en el sistema de partidos.

A grandes rasgos, estos son la fisura clerical/anticlerical de 1850, el conflicto social en centros urbanos e industriales de 1915, el conflicto social del campesinado de 1950, y el clivaje dictadura/democracia de 1990.

Una segunda teoría es que son los cambios institucionales los que determinan los realineamientos. En Chile, la evidencia sugiere que el diseño de las reglas electorales por parte del gobierno militar (hacia un sistema de partidos restrictivo) es lo que explica el actual sistema de partidos (la agrupación de partidos en coaliciones). Mientras que el sistema electoral presidencial (de dos vueltas) fue diseñado para generar incentivos para que los partidos se agruparan en bloques, el sistema electoral legislativo (binominal) fue diseñado para que hubiese sólo dos bloques relevantes.

Una tercera teoría, más aceptada en la literatura reciente, es que tanto las transformaciones sociales como los cambios institucionales explican el sistema de partidos. Es decir, ambas teorías son complementarias, pues sin tomar en cuenta cambios en la realidad social y las reglas del juego de forma conjunta, no se puede explicar de forma íntegra el origen del sistema de partidos. En el caso chileno, esta teoría es la dominante. Tanto la presencia del clivaje dictadura/democracia como la reforma electoral del gobierno militar explican la agrupación de los partidos en coaliciones y el dominio de la Alianza y la Nueva Mayoría.

Tras seis elecciones presidenciales, hay razones para creer que viene un cambio en el sistema de partidos. Cada vez parece ser menos relevante para los votantes la posición de los candidatos frente a la dictadura. El padrón electoral incluye una proporción creciente de votantes nacidos después de la transición, que simplemente no les interesa lo que pasó hace 40 años. Si a esto se le suma el inminente cambio al sistema electoral, el cambio cobra sentido. Con las nuevas reglas del juego, ya no habrán incentivos para caer en la lógica centrifuga de izquierda versus derecha, y viceversa.

Tanto partidos tradicionales como movimientos nuevos están anticipado el efecto que tendrá el declive del clivaje dictadura/democracia y el nuevo sistema electoral sobre las estrategias partidarias. Y todo parece indicar que los cambios reforzarán la importancia del centro. De lo contrario, cómo se explica la eliminación al párrafo que alude al golpe de Estado de la declaración de principios de RN, o los recientes acercamientos entre la DC y el PRSD para revitalizar la importancia del centro ideológico. Más allá, cómo se explica el nacimiento (o consolidación) de movimientos como Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal.

La estrategia de estos partidos y movimientos no es aleatoria. Su apuesta es que con el declive del clivaje dictadura/democracia aumentará la utilidad de estar en el centro. Las encuestas muestran que la gran mayoría de los chilenos privilegia una posición moderada ante una posición extrema. También apuestan a que el nuevo sistema electoral les permitirá mantener sus escaños (en el caso de los partidos) o entrar al sistema (en el caso de los movimientos). En algunas unidades electorales se podrán asegurar un escaño con tan solo 11,1% de los votos. Apuestan a un nicho electoral que hoy no existe.

Todo esto sugiere que el centro recobrará su importancia histórica. En el actual sistema, los partidos sólo convergen en el centro para la segunda vuelta presidencial. Bajo el nuevo sistema, los partidos utilizarán el centro como bisagra. Con los actuales quórum constitucionales, cualquier proyecto de ley importante inevitablemente requerirá del apoyo de ese nicho. Por lo pronto, hay sólo pistas de que el centro se populariza, pero a medida que se instale la idea del declive del clivaje dictadura/democracia y se consoliden las nuevas estrategias electorales, se intensificará la batalla.

Revisa la nota original en La Tercera
Propuestas de financiamiento a la política
Noviembre 19, 2014 11:31 am Leave a Comment

Kenneth Bunker

Entre 1990 y 2003 las leyes que regulaban el financiamiento electoral brillaban por su ausencia. No había registros de ingresos ni controles de gastos. Si una persona quería donar dinero a una campaña debía pedir permiso a un Juez, quien a su vez debía consultar con el Servicio de Impuestos Internos, solo para que el mismo Juez tomara la determinación final. Esto forzaba que la mayor parte de las donaciones se hicieran de forma anónima e ilegal. Cuando los candidatos reunían sus ingresos, solo tenían límites parciales a sus gastos, en su mayoría indirectos, como la prohibición de pagar por publicidad en la televisión durante toda la campaña, y por pagar por publicidad en radios y prensa escrita fuera del ciclo electoral.

En 2003, una nueva ley llegó a regular ingresos y gastos electorales. A consecuencia de un pacto entre el Presidente Ricardo Lagos y el Diputado Pablo Longueira, se decidió regular toda actividad que ligaba dinero con elecciones. La nueva Ley incorporó transparencia a un proceso que era por naturaleza oscuro. Si bien la legislación llegó relativamente tarde (Chile fue el penúltimo país en legislar sobre financiamiento electoral en Latino América), fue un avance significativo a nivel local. Entre otras cosas, la nueva Ley facilitó la forma en que las personas podían donar a campañas, y creó un mecanismo para financiar a candidatos permanentemente durante el ciclo electoral.

A diez años de la entrada en vigencia de la norma, soplan vientos de cambio. Los críticos de la Ley superan con creces a los defensores. Si bien sus críticas no son nuevas, son cada vez más frecuentes. Aumenta paulatinamente la cantidad de gente que piensan que la Ley no está dando el ancho. Si bien la legislación efectivamente regula ingresos y gastos, tiene varios problemas dignos de destacar. Entre ellos, la ausencia del anonimato obligatorio. Tanto los donantes como los candidatos pueden corroborar la emisión y la recepción de dinero. Otro problema es el gasto excesivo e ilegal de los candidatos, dado que el Servicio Electoral no tiene facultades para fiscalizar movimientos irregulares.

Suma y sigue. Por ejemplo, si bien la Ley permite que las donaciones sean efectuadas tanto por personas naturales como por personas jurídicas, solo las segundas pueden optar a beneficios tributarios. Si ya es un tema que las empresas puedan invertir en política, provoca aun más ruido que puedan obtener devoluciones. Otro problema que genera la legislación actual está en el alcance de la Ley, pues aunque existan límites y gastos durante las campañas, no hay certeza sobre lo que pasa fuera de los ciclos regulados. Pues, está comprobado que los candidatos con mayores recursos reciben y gastan dinero varios meses antes del ciclo electoral.

Si bien han habido varios debates públicos — y como consecuencia propuestas de reemplazo — a causa de estos problemas, no fue hasta julio de este año que se tomó real conciencia sobre la necesidad de un cambio. La propuesta, que vino de un lugar inesperado mientras se legislaba sobre la reforma al sistema electoral, vino a marcar el inicio de la crisis del actual sistema de financiamiento electoral. Casi como un presagio sobre lo que ocurriría solo semanas después, los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic sugirieron prohibir tanto los aportes reservados como las donaciones de empresas a las campañas electorales.

La propuesta de Jackson y Mirosevic solo tomó fuerza tras la explosión del caso Penta. En un inicio, tanto legisladores de la Alianza como de la Nueva Mayoría se resistieron a apoyar las indicaciones de los diputados. Se sumaron a la causa solo tras observar el impacto que generó el caso Penta. Es difícil imaginar que las dos indicaciones de los diputados tendrían la tracción que han logrado si no prominentes personajes de las coaliciones más grandes del país no estuvieran involucradas en el escándalo. Algunos podrán especular que el cambio de opinión está en función a la denuncia de irregularidades que actualmente investiga la Fiscalía — la llamada arista política.

En los últimos 2 meses han aparecido al menos 3 propuestas adicionales para regular el rol del dinero en la política. La primera propuesta fue de Isabel Aninat y Ricardo González del Centro de Estudio Públicos, quienes presentaron su propuesta de “Financiamiento permanente no electoral de los partidos políticos”. Los siguieron Lily Pérez, Andrés Velasco y Sacha Razmilic de Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal, quienes dieron a conocer su propuesta de “Partidos fuertes y campañas transparentes para una mejor democracia”, y Eduardo Engel, Alejandro Ferreiro y Emilia Ríos de Espacio Público, con sus “Propuestas para avanzar hacia una saludable relación entre dinero y política”.

Es solo tras está sucesión de eventos que el gobierno presentó su propia propuesta. Si bien los lineamientos del proyecto se vienen trazando hace algunos meses, llama la atención su lugar en comparación con el resto. También llama la atención que gran parte de las propuestas del gobierno concuerdan con las propuestas del Centro de Estudios Públicos, Amplitud, Fuerza Pública, Red Liberal y Espacio Público. Si bien la entrada del gobierno en el debate es tardía, es bienvenida. En el actual sistema, los proyectos de ley aumentan su factibilidad de promulgación cuando son enviados por el ejecutivo. Y considerando el alineamiento de los distintos sectores políticos, el proyecto promete ser una política pública óptima.

En los próximo días ingresará el proyecto del gobierno al Congreso. Será tarea de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, dialogar con los diputados que catalizaron el debate, y con quienes han presentado sus propias propuestas (incluyendo la de Fuerza Pública, Red Liberal y Espacio Público que ya ingresaron el suyo como proyecto de Ley), para generar un consenso. Si un nuevo régimen de regulación entre dinero y política se aprueba, el triunfo será de Jackson y Mirosevic, por poner el tema en el tapete. Pero también podrán compartir los méritos todos aquellos que han aportado a generar las condiciones para derrocar la actual legislación, que, sobra recalcar, está obsoleta.

Ver columna original en La Tercera.
Tiempos turbulentos
Octubre 23, 2014 12:53 pm Leave a Comment

Kenneth Bunker

La clase política atraviesa tiempos turbulentos. Una serie de hechos que han ocurrido en los últimos meses han remecido la notable estabilidad de las últimas décadas. El diseño y la tramitación de las reformas estructurales, los atentados terroristas y el caso Penta son algunos ejemplos de eventos que han polarizado a las dos grandes coaliciones. En estos tres hechos, la posición política entre la Alianza y la Nueva Mayoría ha sido para todos efectos prácticos, opuesto. La enemistad entre las dos coaliciones incluso ha llegado a gotear hacia sus interiores. La detención del ex alcalde Labbé y los dichos del embajador Contreras han dividido a sus partidos miembros. La reacción ante ambas situaciones desnuda la brutal discordia que existe entre partidos que comparten domicilios políticos.

Algunos dirán que la polarización entre las coaliciones ya es una tradición y que la división dentro de ellas es un fenómeno natural. Puede ser. Pero por muy normal que sea, no significa que constituya una costumbre positiva o deseable para la democracia. La ruta que transitaron los países desarrollados sugiere que es necesario que las coaliciones estén dispuestas a cooperar entre ellas y que los partidos miembros estén dispuestos a dialogar entre sí. Todo indica que eso no sucede en nuestro país. Es peor, hay evidencia que sugiere que la polarización y división que se observa en la clase política se refleja en la ciudadanía. La última encuesta MORI-CERC muestra que existen dos Chiles, uno que vota y aprueba, y otro que no vota y no aprueba.

La clase política es la responsable. Quienes han gobernado el país desde la transición no han trabajado lo suficientemente duro para mejorar la calidad de la democracia. Si algo han hecho es estancarla. Tanto la Alianza como la Nueva Mayoría cargan con esa cruz. Ahora bien, como siempre, la solución al problema depende —en buena parte— del oficialismo. Mejorar la calidad de la democracia debe ser impulsada por el Poder Ejecutivo. Y este gobierno, al parecer, no se ha percatado de aquello. Se ha cegado en llevar a cabo su programa de gobierno al pie de la letra. Esto no sólo ha aportado a la turbulencia, además le ha significado problemas propios. Si en algo coinciden las encuestas, es en una caída lenta pero constante de la aprobación presidencial.

El problema no se detiene allí, se proyecta hacia el futuro. No hay un recambio político en el oficialismo. La llamada segunda generación de la Concertación —Lagos Weber, Orrego, Rincón, Rossi, Tohá, entre otros— brilla por su ausencia. Si no fuera por las particularidades de sus cargos públicos, difícilmente tendrían tribuna. Si bien han mostrado anhelos de poder (al competir en elecciones), no han logrado imponer su liderazgo. En la batería de encuestas que se han publicado desde marzo, ninguno de estos servidores públicos ha figurado como una potencial carta presidencial para su coalición. Es prácticamente un hecho que la segunda generación no tiene la ambición electoral que tuvieron sus predecesores, y que difícilmente desarrollaran ese instinto en los próximos años.

En este escenario, parece perfectamente aplicable la Ley de Lavoisier: nada se pierde, todo se transforma. Que no exista un recambio en la Nueva Mayoría no significa que no exista un recambio en la centroizquierda. A pesar del deseo de algunos, Enríquez-Ominami y Velasco se han consolidado como los principales referentes del sector. El ex diputado y el ex ministro han logrado posicionarse como los dos políticos con más futuro de la centroizquierda. La última encuesta MORI-CERC muestra a Enríquez-Ominami con un 18% de apoyo, y a Velasco con un 11% de apoyo (seguidos por Vallejo, con un magro 5% de apoyo). El caso de Velasco es especialmente notable, dado que incluso tras el escándalo del caso Penta su nombre sigue en lo alto de la tabla.

La fuerte dependencia del gobierno al capital político de la presidenta y la notoria obsesión de la coalición oficialista por llevar a cabo el programa de gobierno han aportado a la turbulencia. Los hechos políticos que siempre han sacado ronchas ahora están siendo acompañados por temas que normalmente no son controversiales. Esto constata el delicado estado de salud de la democracia. El principal perjudicado en este clima de crispación política es la coalición oficialista. Puede que aún sea temprano para pronosticar que quienes llevan la delantera ahora -Enríquez-Ominami y Velasco permanecerán arriba hasta la próxima elección presidencia-l. Pero todo indica que se mantendrá el rechazo a los partidos tradicionales de la centroizquierda y que los llamados a ocupar el poder no estarán a la altura del desafío.

Revisa la nota original en La Tercera
La ruta de Velasco
Octubre 14, 2014 12:24 pm Leave a Comment

Kenneth Bunker

El caso Penta cambia todo para Velasco. La imputación que sugiere que habría emitido boletas truchas para recibir aportes monetarios prohibidas por la ley de financiamiento electoral –sumado al retardo del Servicio de Impuestos Internos para pronunciarse y la mediática operación de la Fiscalía para allanar su domicilio particular- deja una mancha difícil de borrar en su historial. Irrelevante de su responsabilidad en el asunto, el daño ya está hecho. Si finalmente es declarado culpable, su carrera política habrá llegado a su fin. Si en cambio es absuelto, su asociación con el caso retumbará en el inconsciente colectivo por algún tiempo.

La consecuencia más inmediata del caso Penta es una hipoteca transitoria a su candidatura presidencial. Luego de predicar a diestra y siniestra en contra de las malas prácticas, resulta -por lo bajo- irónico haber sido asociado con operaciones ilícitas. Es un doble estándar que ya ha acabado con la carrera de varios políticos en el pasado. Por eso, mientras la investigación de la Fiscalía se lleve a cabo, será extremadamente complicado limpiar su imagen. Velasco tendrá que esperar con paciencia la resolución de la justicia para retomar la senda que lo llevó a ser uno de los políticos mejor evaluados del país.

Los principales beneficiados del caso Penta son quienes han sido destinatarios indirectos y blancos permanentes de las opiniones y críticas de Velasco, principalmente el gobierno y los partidos políticos de la coalición oficialista. Por una parte, su salida de circulación significa un alto momentáneo a los juicios críticos a la gestión de Bachelet, en un momento en que se tramitan reformas estructurales. Por otra parte, las esquirlas del caso Penta le dan un respiro a los partidos que buscan neutralizar la amenaza electoral de Velasco, en un momento en que varias encuestas sugieren que existe un vacío de poder entre los partidos de gobierno.

Si Velasco finalmente logra comprobar su inocencia –es decir, que no recibió aportes de Penta por fuera de la ley–, podrá retomar su campaña. Sin embargo, habrán ocurrido al menos dos hechos políticos que significativamente cambian sus prospectivas electorales. Ambos hechos sugieren que tendrá que cambiar su estrategia. El primero se refiere a su imagen frente a la gente. Las acusaciones de haber caído en las malas prácticas inevitablemente se reflejarán negativamente en las encuestas. El segundo hecho se refiere a su relación con la coalición oficialista. Se complejiza la opción de ser nominado por un partido oficialista.

El caso Penta es un punto de inflexión en la carrera de Velasco. En el escenario en que es absuelto de toda irregularidad, puede usar la experiencia como un ejemplo práctico de cómo operan las malas prácticas en el país. Pero lo anterior también implica abandonar la opción de competir en las primarias de la coalición oficialista. Si bien es difícil prever que sea nominado por los partidos que han fomentado su linchamiento público, también es difícil imaginar que el mismo Velasco se quisiera asociar con ellos. Si todo se resuelve a su favor, lo más lógico es que busque seguir una ruta donde las malas prácticas sean el principal insumo para una candidatura independiente.

Ver columna original en La Tercera
Concertación al gabinete
Septiembre 5, 2014 4:00 pm Leave a Comment
La semana pasada el ex presidente Ricardo Lagos insinuó que existe una notoria carencia de cooperación económica entre el gobierno y el sector privado. Sus dichos no pasaron desapercibidos en el gobierno. Esta semana el operador político Gutenberg Martínez sugirió que la DC debe levantar un candidato presidencial propio cuanto antes. Sus dichos tampoco pasaron inadvertidos en La Moneda. Tanto Lagos como Martínez implícitamente critican a Bachelet y su programa de gobierno. Mientras Lagos insinúa que la agenda económica debe ser más cooperativa, Martínez sugiere que la conducción política debe ser más moderada.

Las criticas de Lagos y Martínez presagian un quiebre en la centroizquierda. Los dichos de ambos personeros apuntan a que hay un conjunto de personas dentro de la coalición que no se siente cómoda con la agenda económica y conducción política del gobierno. Mientras que el primero advierte que las políticas económicas progresistas del gobierno podrían dañar la economía, el segundo insinúa que la estrategia legislativa radicalizada podría polarizar el sistema de partidos. Tanto Lagos como Martínez apuntan a revivir a la Concertación. Para ambos el modelo cooperativo y moderado de la Concertación es superior al modelo progresista y radical de la Nueva Mayoría.

En el contexto económico actual, un quiebre en la centroizquierda podría ser fatal. Pues la estanflación (simultaneidad del alza de precios, aumento del desempleo y estancamiento económico) podría herir de muerte al gobierno. Las encuestas ya muestran un rechazo de la ciudadanía a la reforma tributaria. Esto, sumado a la pasividad de los empresarios, podría convertir la crisis económica en una crisis política. Una opción del gobierno para evitar esa crisis es abandonar la ruta progresista de la Nueva Mayoría para retomar la senda moderada de la Concertación. Aquello necesariamente implica renunciar a la agenda económica expansionista y retomar el diálogo con los empresarios.

El reciente anuncio del Ministro de Hacienda –de tender puentes con los privados– sugiere que esta será la nueva ruta. Pero la pregunta importante es si la moderación en la conducción económica será suficiente para revertir la estanflación y prevenir sus potenciales efectos políticos. Por una parte, el diálogo promete restituir la relación del gobierno con los empresarios. Pero por otra, si no hay medidas concretas –como una revisión a la reforma tributaria– será una estrategia fútil. Todo depende de la rigidez del gobierno, de cuánto está dispuesto a ceder. Si es poco –como lo ha sido hasta ahora– la situación económica sólo promete propagarse al sistema político.

Una alternativa es adoptar una conducción política más moderada, en línea con lo que sugiere Martínez. Esto no significa potenciar a un candidato presidencial de la DC, simplemente implica mostrar una señal de mesura. Un cambio de gabinete que favorezca a la DC y al sector más moderado de la izquierda serviría para tales efectos; un cambio de gabinete que reemplace a ministros progresistas de la Nueva Mayoría por ministros moderados de la Concertación. Es un recurso probado, pues el gobierno de Piñera tuvo que hacer un enroque similar. Sólo pudo producir resultados después de reclutar a Allamand, Chadwick, Longueira y Matthei.

Un cambio de gabinete serviría para complementar la decisión de tender puentes con el empresariado. Si Bachelet sólo toma medidas económicas, no detendrá el problema. Pues el origen del problema es político, no económico. Un cambio de gabinete generaría garantías desde el sector político para el empresariado. Si las personas a cargo de conducir las reformas tienen una agenda progresista, en contra de los intereses del sector privado, será difícil revertir la situación económica. El gobierno debe considerar reemplazar a los ministros que no han estado a la altura del conflicto. Sobre todo a aquellos que han estado encargados de la transformaciones más progresistas y radicales.