El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, publicó un nuevo Documento de Trabajo ICSO Serie Laboratorio Constitucional, titulado “Consulta indígena, pueblo mapuche, territorios y evaluación medioambiental”, del autor Sergio Millamán, Abogado de la Universidad de Valparaíso, y Socio del estudio GCM Abogados.
El presente artículo analiza una serie de reflexiones y análisis del cómo ha sido implementada la consulta indígena en Chile, especialmente en relación con proyectos de inversión sometidos a evaluación ambiental. En una primera parte se explica el vínculo entre estos pueblos y sus territorios y como sus derechos se ven amenazados por este tipo de proyectos. En una segunda parte se analiza la forma como ha sido implementado este mecanismo en Chile, destacando los argumentos que se han utilizados para obstaculizar su adecuada implementación. De la misma forma se revisan fallos recientes de Tribunales ambientales y la Corte Suprema, en los cuales se ha avanzado en la aplicación de estándares internacionales. Finalmente se realizan, a modo de conclusión, propuestas para la adecuada implementación de la consulta indígena, entendida como mecanismo de protección de derechos.
En el marco del desarrollo de una segunda fase del Estudio de Caso “Pueblos indígenas en la Región Metropolitana: Percepciones y experiencias en la gestión de políticas públicas” dirigido por la profesora Maite De Cea, se convoca a participar de este proyecto a estudiantes en etapa de formulación y elaboración de sus tesis de grado y que deben realizar su trabajo de campo durante el año 2018.
En esta fase del proyecto, se busca profundizar la mirada a los temas de participación y Consulta Indígena en relación a políticas públicas, el proyecto busca estudiar cuáles son y cómo funcionan los espacios de participación indígena vinculados a la política pública en la Región, y el rol que ha tenido la Consulta Indígena en la vinculación pueblos-Estado.
Objetivos del proyecto
El objetivo del proyecto es describir y comprender cómo operan los espacios de participación indígena-estatal en la Región Metropolitana. Se pretende conocer las visiones que tienen los diversos actores que participan de estos espacios, así como las principales problemáticas vinculadas a la participación de la población indígena en asuntos de políticas públicas en la región. Asimismo, se pretende conocer cómo los procesos de Consulta Indígena han generado – o no- un contexto más propicio para abrir espacios genuinamente interculturales.
Requisitos y postulaciones
Los alumnos(as) que podrán participar de este proyecto deberán establecer un compromiso de llevar a cabo una tesis de grado dentro del año 2018. Aquellos estudiantes que en su plan de estudio les corresponde tomar durante el año 2018 los cursos de Seminario de Grado I y II de Sociología podrán optar a postular a una beca de apoyo de parte del CIIR.
Los estudiantes deberán enviar sus postulaciones hasta el jueves 25 de enero de 2018 a Ida Figueroa ([email protected]), adjuntando los siguientes antecedentes en forma electrónica (todo en un mismo documento):
Carta de motivación (máximo una página)
Currículum Vitae
Un trabajo escrito del estudiante de autoría individual y que haya sido
presentado en algún curso y/o congreso de estudiantes. Como las tesis en
sociología son normalmente de a dos, deberán enviar un escrito de cada uno.
A los postulantes seleccionados, se les comunicará a fines de enero vía correo electrónico la fecha para una entrevista durante el mes marzo con la profesora.
Plazos y responsabilidades
Se recibirán postulaciones desde el 9 de enero de 2018 hasta el jueves 25 de enero de 2018.
Dependiendo del presupuesto disponible en el CIIR, habría posibilidad de otorgar algún beneficio para realizar trabajo de campo y pagar una pequeña beca (Sujeto siempre a disponibilidad de recursos).
Consultas
Al momento de postular noes necesario tener totalmente definido el problema de investigación. Aquello se hará durante el curso de Seminario de Grado en coordinación directa con la investigadora responsable de este proyecto. No obstante, deberá existir el compromiso de los/las estudiantes de abordar la temática propuesta en esta convocatoria. Si tienen consultas sobre la pertinencia de un tema que desea abordar, hacerlo llegar vía e-mail con la consulta específica a través de [email protected].
Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
¿Resolverá el conflicto de la Araucanía el anuncio que acaba de realizar el gobierno? Evidentemente no. Y esto por razones que van mucho más allá de las recomendaciones que se pretenden implementar. El asunto es el siguiente: el Estado de Chile durante muchísimo tiempo ha encarado la demanda de los pueblos indígenas en general y mapuche en particular como un asunto sectorial, que se resuelve por la vía productiva, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el reconocimiento de las “culturas” indígenas.
Políticas de desarrollo productivo, entrega de subsidios, planes de infraestructura, y más recientemente el reconocimiento constitucional, de la lengua y ciertas tradiciones ha sido la tónica. La dificultad de esta forma de encarar la problemática indígena es que elude dos cuestiones que están en la raíz del conflicto: territorio y autodeterminación. En relación al territorio, el gobierno indica que desde el año 1990 a la fecha se ha devuelto la importante cifra de 230 mil hectáreas de tierras. Pero sabemos que aquella política-además de todos los problemas de implementación que ha enfrentado-representa menos del 8% de la región de la Araucanía. A lo anterior se suma lo que ha sucedido en el territorio desde el punto de vista productivo, al instalarse una lógica de explotación de recursos naturales por parte de grandes empresas que han erosionado las condiciones de vida sustantivamente en la zona. Esta dimensión no se asoma en ninguna de las recomendaciones realizadas por el gobierno.
Una segunda dimensión es la autodeterminación. Si el Estado de Chile reconocerá a los pueblos indígenas, entonces deberá abrirse a aceptar mecanismos de autonomía en sus decisiones políticas y administrativas. ¿Qué modelo de autonomía se adoptará en este caso? Fuera del Consejo de los Pueblos Indígenas que aún está en etapa de formulación en el Congreso, muy poco de esta discusión se asoma en las propuestas de este y anteriores gobiernos.
Entonces, los anuncios del gobierno podrían contribuir a institucionalizar las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado; podrían en el largo plazo contribuir a resolver problemas agudos de pobreza; podrían permitir un reconocimiento cultural de los pueblos en sus tradiciones. Sin embargo, como el asunto territorial (y de la explotación de recursos naturales) y la cuestión de la autonomía no están en la agenda inmediata, difícilmente apagarán los incendios al sur del Biobío.”
Promoviendo confianza y reciprocidad hacia los Mapuche: el rol de la economía, la etnicidad y la interacción social
Presentan: Patricio Navia, Ciencias Políticas, Universidad Diego Portales y University of New York
Roberto González, Escuela de Psicología, P. Universidad Católica de Chile.
Ryan Carlin (Political Science, Georgia State University, USA) y Gregory Love (Political Science, University of Mississipi, USA).
Fecha y lugar:
Miércoles 7 de Junio, 10:00 a 12:00 horas
El evento se realizará en la sala B-51 de la Biblioteca Nicanor Parra Sala , ubicada en Vergara 324, Santiago.
A diferencia de lo que suele pensarse de que la recuperación de tierras es el interés prioritario de los pueblos indígenas, la última encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas revela que, ante la consulta a todos los encuestados sobre las políticas públicas que sería importante aplicar, las tres menciones más relevantes son Educación (81%), Empleo (73,3%) y Devolución de sus tierras (62,3%).
A partir de este año, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) comenzó un estudio longitudinal (encuesta panel) que se replicará cada 18 meses. Se trata de una muestra representativa de indígenas/no indígenas aplicada en 120 comunas donde reside más de un 9% de población indígena. El terreno de esta primera ola se realizó entre octubre y diciembre de 2016 y considera 3.617 encuestados. El objetivo del estudio es conocer más sobre las relaciones interculturales y evolución de las mismas en el tiempo.
Algunos resultados llaman particularmente la atención. El primero se asocia con el tipo de políticas que, de acuerdo a los encuestados, sería pertinente para abordar la temática indígena. Cuando se consulta a todos los encuestados sobre las políticas públicas que sería importante aplicar (opción Bastante + mucho), las tres menciones más relevantes son Educación (81%), Empleo (73,3%) y Devolución de sus tierras (62,3%). Para los encuestados que se autoidentifican como indígenas el orden de preferencias es idéntico aunque con una mayor intensidad: Educación (87,5%), Empleo (81,6%) y Devolución de tierras (73,3%).
Mientras a nivel político se plantea la solución al conflicto entre el Estado chileno y los pueblos indígenas como un dilema de desarrollo vs. restitución, esto es, un dilema entre entregarles educación/empleo vs. devolverles tierras y autonomía, en la opinión pública –y en particular entre los propios indígenas– aparecen como objetivos compatibles y prioritarios casi al mismo tiempo. No parecería contradictorio, entonces, promover educación y empleo y devolver tierras.
En relación con las soluciones políticas, el 46,6% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación que “debiese existir autonomía territorial indígena dentro del Estado chileno”, el 50,8% considera que es bastante o muy importante “que puedan administrar autónomamente sus territorios”, el 59,6% está de acuerdo/muy de acuerdo con que “debiesen existir cupos especiales reservados para indígenas en el Congreso” y el 82,8% está de acuerdo/muy de acuerdo con “reconocer constitucionalmente a Chile como un país multicultural”. Entre aquellos que se autoidentifican como indígenas, los porcentajes de acuerdo con estas afirmaciones son 56,3%, 60,1%, 69,6% y 87,1%, respectivamente.
Es decir, aproximadamente la mitad de los encuestados manifiesta posiciones a favor de soluciones que aluden al empoderamiento político de los pueblos indígenas. Aquella visión es claramente mayoritaria entre los propios indígenas. Será interesante observar si, una vez que se apruebe el Consejo de Pueblos Indígenas y el Ministerio de Pueblos Indígenas, se intensificarán o no estas tendencias. Sin embargo, parece claro que el clima de opinión parece favorable al reconocimiento y aceptación de un mayor empoderamiento de los pueblos indígenas. El tema divide a los chilenos, aunque no a los que se consideran indígenas.
Otro de los resultados llamativos se refiere al nivel de conocimiento de los encuestados respecto de las políticas públicas asociadas a la temática indígena. Se consultó si conoce o ha escuchado hablar de una lista de políticas y los resultados son los siguientes (opciones bastante y mucho): un 21,7% conoce o ha escuchado sobre la Oficina Indígena Municipal, 18,5% de la Consulta Previa a Pueblos Indígenas, 17,8% de la Ley Indígena, y 17,4% del Ministerio de Asuntos Indígenas. Entre personas autoidentificadas como indígenas las cifras son 21,7%, 22,9%, 22,1% y 21,6%, respectivamente.
Pese a que en los dos últimos años se ha intensificado la cantidad de consultas previas bajo el Convenio 169, y pese a que se realizó una consulta específica sobre la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, el nivel de conocimiento –particularmente entre indígenas– de los principales instrumentos legales e institucionales creados o en formación, es bajo. Instancias esenciales para la implementación de políticas públicas locales, como la Oficina Indígena Municipal, reciben un bajo nivel de conocimiento. Y aunque debiésemos esperar mayor conocimiento de aquel espacio institucional en niveles socioeconómicos bajos, aquel no es el caso para esta muestra.
Observamos, de esta forma, una sociedad que prioriza soluciones clásicas de política pública combinada con la restitución de tierras. Cerca de la mitad de los encuestados favorece soluciones asociadas al reconocimiento de mayores niveles de autonomía política de los pueblos indígenas. Aquella tendencia es mayoritaria entre aquellos que se autoidentifican como indígenas.
Finalmente, se advierten bajísimos niveles de conocimiento de las políticas públicas e instancias institucionales asociadas al tema indígena. Ciertamente, la combinación de crecientes demandas y bajo conocimiento de las políticas públicas no favorece un mejor diálogo entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas.
El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO UDP), Fundación Heinrich Böll Stiftung, y el Centro de Estudios Mapuche Rümtun, organizan un seminario sobre medios de comunicación, libertad de expresión y racismo, con el objetivo de reflexionar sobre la intolerancia racial en Chile fomentada a través de medios de comunicación.
A lo largo de la historia de Chile, se ha evidenciado que los medios de comunicación tradicionales no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, especialmente del pueblo mapuche, reproduciendo de forma constante estereotipos racistas que menoscaban a una población minoritaria, pese a las recomendaciones entregadas a los medios de comunicación hace más de una década por el Relator Especial de la ONU Rodolfo Stavenhagen y pese a esfuerzos legislativos tendientes a restringir y castigar prácticas de tipo racista o xenófoba.
Sin embargo, actualmente los nuevos medios y tecnologías de información y comunicación, han favorecido el regreso del discurso racista particularmente contra sectores indígenas que pretenden autodeterminación y también inmigrantes procedentes de países vecinos.
En este seminario se analizará críticamente el rol de los medios de comunicación tradicionales (con editor) en la promoción o censura del racismo y pretendiendo identificar herramientas legales que el ordenamiento jurídico entrega para combatir el racismo.
La actividad se realizará el miércoles 7 de septiembre desde las 17:00 a 21:00 hrs, en el subterráneo -1 de Manuel Rodríguez 253, Santiago.
Mesa 1: “Medios de comunicación, intereses y estereotipos”
Panelistas:
Javiera Olivares, Presidenta Colegio de Periodistas
Beatriz Sánchez, Periodista
Paula Huenchumil, Periodista – Integrante del Centro de Estudios Mapuche Rumtum y de UChileIndigena
Alfredo Seguel. Comunicador y Activista. Fundador de Mapuexpress
Mesa 2: “Racismo editorial y abuso de la libertad de expresión en medios de comunicación”
Panelistas:
Alejandra Phillippi, Consejo Nacional de Televisión
María Emilia Tijoux. Socióloga, Académica de la Universidad de Chile
Jorge Aillapán . Abogado, Integrante del Centro de Estudios Mapuche Rumtum
El Instituto de Ciencias Sociales UDP (ICSO) invita a la exposición del trabajo titulado “Trayectorias y carreras políticas de candidatos mapuche en elecciones municipales, legislativas y de CORE (1990-2013)”.
Generalmente, la literatura sobre pueblos originarios, en Chile, se ha concentrado en analizar el comportamiento electoral de dichas comunidades. En consecuencia, pocas investigaciones han puesto foco en la elección de candidatos provenientes de aquellos grupos. Por otra parte, la integración de los pueblos indígenas al sistema político se ha transformado en uno de los desafíos relevantes desde a la vuelta a la democracia en el país. Así, en este trabajo se pretende responder la pregunta ¿Qué variables explican la elección de candidatos mapuches en Chile, entre 1990-2013? Reconociendo la trayectoria política de los candidatos mapuches se intentará deducir qué elementos podrían determinar la elección de un postulante de origen indígena a puestos de representación popular. En la oportunidad presentarán Mario Herrera e Ignacio Soto.
La actividad se realizará el jueves 28 de enero a las 11.30 hrs., en la sala B-21 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago Centro.
Confirmar asistencia rellenando el siguiente formulario:
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en conjunto con el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales UDP y el Proyecto FONDECYT Nº 11140083 invitan al Seminario “La Consulta previa a pueblos indígenas en el ámbito de la Cultura: Experiencias y aprendizajes”.
Este seminario busca socializar las principales experiencias y resultados derivados del ejercicio de Consulta Previa realizado en conjunto por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y los pueblos indígenas del país. Para esto se realizará una jornada de conversación y análisis en torno a los principales aspectos asociados a este hito social y político que dio cuenta de un ejercicio de participación de gran relevancia para nuestro país.
La actividad es gratuita y se realizará el viernes 6 de noviembre desde las 09:30 a las 14:00 horas en el Auditorio UDP, ubicado en Ejército 278, Santiago.
Participantes/ panelistas:
Ernesto Ottone, Ministro CNCA.
Carlos Peña, Rector Universidad Diego Portales.
Jose Ancan. Jefe Departamento de Pueblos Originarios CNCA
Claudio Fuentes. ICIIS UDP
Experiencias regionales: Carolina Huenucoy Comunidad kawésqar, Eliana Huitraqueo dirigente mapuche, Rosa Maita dirigente aymara, Cristian Baez dirigente Afrodescendientes
Luis Campos. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Mylene Valenzuela. (Abogada)Directora clínica Jurídica Universidad Central. Perspectivas jurídicas del proceso de Consulta previa.
Relator Instituto Nacional de Derechos Humanos
Confirmar asistencia rellenando el siguiente formulario:
Como el proceso constituyente implicaría un cambio legislativo mayor y como una nueva Constitución tendría un impacto directo en las vidas de los pueblos indígenas, entonces, resulta razonable preguntarse si el Gobierno está pensando establecer algún tipo de mecanismo específico para consultar a los pueblos originarios sobre el tema.
El 28 de abril pasado, por cadena nacional, la Presidenta anunció que el proceso constituyente se iniciará en septiembre, es decir, a la fecha, en poco menos de dos semanas. Sostuvo que se haría un proceso abierto a la ciudadanía, a través de debates, consultas y cabildos, todo lo cual “deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”.
La formulación de una nueva Constitución como un proceso que desata el diálogo de la ciudadanía parece apropiado en un momento político donde las élites están profundamente divididas respecto de los contenidos y mecanismos que debiesen orientar el reemplazo de la actual Constitución. También se explicó que la primera etapa será una de educación cívica, que abarcará seis a ocho meses y en la que se explicará a la ciudadanía la importancia de la Constitución y por qué resulta relevante cambiarla. Sin el apoyo claro y rotundo de los partidos para iniciar un cambio constitucional, se recurre a la ciudadanía para dinamizar un proceso de diálogo sobre las reglas del juego que debiesen organizarnos.
No cabe duda que se trata de un debate relevante y crucial para el futuro democrático. El éxito de esta fórmula dependerá muchísimo de metodología para organizar estos cabildos y debates ciudadanos. Y aquí nos enfrentamos también con otra pregunta relevante: ¿cómo el Gobierno piensa involucrar a los pueblos indígenas en esta discusión constitucional? ¿Piensa del todo involucrarlos?
Simbólica y políticamente, sería del todo pertinente dar inicio al proceso constituyente reconociéndonos como una sociedad diversa, donde conviven diferentes culturas y cosmovisiones. Un diálogo de esta naturaleza ayudaría a sentar las bases de un verdadero nuevo trato. Un proceso constituyente que no considere esta dimensión se verá trunco e incrementará la ya profunda desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado de Chile.
Recordemos que el Estado de Chile suscribió el Convenio 169 de la OIT en el año 2009. Dicho convenio establece el deber de los estados de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Adicionalmente, el Convenio indica que los gobiernos deberán “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.”
Como el proceso constituyente implicaría un cambio legislativo mayor y como una nueva Constitución tendría un impacto directo en las vidas de los pueblos indígenas, entonces, resulta razonable preguntarse si el Gobierno está pensando establecer algún tipo de mecanismo específico para consultar a los pueblos originarios sobre el tema.
De acuerdo a la formulación del Convenio 169, no sería suficiente incluir a representantes de algún pueblo indígena en las instancias que convoque el Gobierno a partir de septiembre. Tampoco sería suficiente involucrar a individuos que se autoidentifican con alguna etnia en las actividades previstas para iniciarse en septiembre.
Lo que debería suceder es un proceso muy distinto. Primero, debiese implementarse un proceso de buena fe en que el gobierno invitase a las comunidades a manifestarse sobre lo que ellas estimen que debiese ser una nueva Constitución. Los pueblos indígenas debiesen deliberar en forma autónoma sobre el tema. A ellos les correspondería sistematizar sus deliberaciones y entregar su parecer sobre el asunto.
Más de alguien podría señalar que no corresponde en esta etapa tan preliminar consultar a los pueblos indígenas. El Gobierno no está aún estableciendo una nueva Constitución. Simplemente lo que hace es generar una política (administrativa) que busca indagar, consultar y debatir sobre las características que debiese tener una nueva Carta Magna. Pero ¿no debiese este proceso –por muy preliminar que se trate– involucrar un proceso de consulta de buena fe con las comunidades indígenas y tribales del país? ¿No resulta acaso recomendable incorporar a los pueblos indígenas en este proceso de diálogo, respetando a sus autoridades, procedimientos y pareceres?
Simbólica y políticamente, sería del todo pertinente dar inicio al proceso constituyente reconociéndonos como una sociedad diversa, donde conviven diferentes culturas y cosmovisiones. Un diálogo de esta naturaleza ayudaría a sentar las bases de un verdadero nuevo trato. Un proceso constituyente que no considere esta dimensión se verá trunco e incrementará la ya profunda desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado de Chile.
