Constituyente Indígena: el gran aprieto para la élite política chilena
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Uno de los grandes problemas que tiene el país, en cuanto a pueblos originarios, es que mientras en las comunidades indígenas se articula un discurso coherente y muy claro sobre autodeterminación, las élites políticas aún piensan que bastaría con un reconocimiento genérico y la entrega de unos cuantos subsidios. Es esta brecha la que incrementa la desconfianza y posterga la solución del conflicto entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. Porque, mientras no se discuta un reconocimiento sustantivo, no se resolverá –e incluso se intensificará– el conflicto.
Fue un proceso silencioso, que pasó casi inadvertido. Participaron poco más de 17 mil indígenas que sostuvieron 605 encuentros para discutir la cuestión constitucional. Entre agosto de 2016 y enero de 2017, se reunieron de Arica a Magallanes, en lo que se denominó el proceso constituyente indígena. Los resultados son bastante categóricos y reflejan un estado de opinión generalizado entre los indígenas acerca de la necesidad de avanzar en derechos constitucionales, políticos, sociales, económicos y culturales. La interrogante más relevante es qué hará la élite política con este documento, ¿volverá a guardarlo en un cajón como ocurrió con el Informe de la Comisión de Nuevo Trato? ¿O se embarcará en una discusión seria y profunda sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas?
El informe de sistematización del proceso constituyente indígena se divide en una serie de capítulos que capturan las prioridades de quienes asistieron a estos encuentros. Se plantearon temáticas asociadas al reconocimiento constitucional, la plurinacionalidad, autodeterminación, los derechos de tierra y territorios, derechos políticos, culturales, lingüísticos y sociales. Lo interesante del informe es el nivel de especificidad de las propuestas. Se trata de recomendaciones muy específicas e institucionales. No fue una declaración de principios sino que, más bien, un programa concreto y aterrizado de sugerencias.
Por ejemplo, cuando se habla de un “Estado Plurinacional”, se especifica que esta definición implica reconocer la diversidad cultural, garantizar la autodeterminación, fortalecer las estructuras organizativas y representativas. Cuando se habla de “Autodeterminación”, se consideran aspectos muy concretos, como el derecho a la consulta previa de carácter vinculante, el derecho al territorio y la administración autónoma, y el derecho consuetudinario y el sistema jurídico.
Cuando se habla de “Derechos políticos”, se proponen mecanismos específicos de participación y representación, como escaños reservados para indígenas en el Congreso, representación especial en el gobierno local, representación en el sistema de Evaluación Medioambiental (SEIA), representación en ministerios, subsecretarías y servicios. Incluso se llega a definir que la representación indígena en el Congreso debe considerar límite a la reelección, y representantes que tengan un vínculo territorial con las comunidades, lo que incluye el dominio de la lengua. No se aspira a cualquier representante con “apellido indígena”, sino que a quienes posean vínculos territoriales y culturales con sus comunidades.
En cuanto a los “Derechos lingüísticos”, se propone una integración transversal de las lenguas indígenas en las políticas públicas, textos escolares y señalética; promover hablantes de lenguas indígenas en servicios públicos; establecer una Academia de la Lengua Indígena; crear grafemarios consensuados de uso oficial, etc.
Así, en cada uno de los temas tratados, se abordaron recomendaciones específicas para implementar una visión que acepta la autodeterminación de los pueblos, que vela por el respeto de las tradiciones y que promueve un cambio fundamental en las políticas del Estado de Chile en esta materia. Se trata de avanzar a un reconocimiento sustantivo y no solo formal, pero que no se queda en el titular del “reconocimiento constitucional”, sino que se materializa en transformaciones en la arquitectura social, política e institucional del país.
La pregunta inmediata es si estas visiones representan al conjunto de los indígenas o es el simple reflejo de una minoría sobreideologizada que asistió a estos encuentros. La reciente encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), aplicada a 3.617 encuestados en 120 comunas con una población indígena superior al 9%, demuestra que los resultados del proceso constituyente indígena son muy consistentes. En la encuesta, de los entrevistados indígenas, el 87,7% se manifestó a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el 85,1% estuvo a favor de ser consultados en proyectos de inversión, el 80% se mostró a favor de que se les devolviesen tierras, el 72,9% estuvo a favor de que algunos territorios sean administrados por ellos y 69,6% señala que debiesen existir cupos reservados para indígenas.
Parece evidente que el discurso de la autodeterminación ha calado hondo en las comunidades indígenas. Pero ya no es solo un discurso, sino que la demanda por instancias muy concretas que materialicen sus reivindicaciones. El gran problema es que muy poco de este reconocimiento sustantivo (político, social, territorial, patrimonial y cultural) ha sido tomado en consideración por las dos coaliciones que han gobernado el país desde el retorno de la democracia. El reconocimiento constitucional propuesto tanto por la Nueva Mayoría como por Chile Vamos ha sido, hasta el momento, particularmente débil: se trata de reconocimientos genéricos que no avanzan en asumir que somos una sociedad donde conviven pueblos que mantienen tradiciones e identidades diferenciadas.
El Gobierno deberá incorporar estas recomendaciones en su propuesta de reforma total a la Constitución. Veremos cuánto del proceso constituyente indígena se verá reflejado en ella. Pero, al mismo tiempo, las coaliciones políticas que se disputan el sillón presidencial deberían considerar este valioso documento para estructurar sus programas gubernamentales. Allí encontrarán una hoja de ruta muy nítida y sustantiva sobre el vínculo entre el Estado de Chile y los pueblos originarios.
El gran problema es que, mientras en las comunidades indígenas se articula un discurso coherente y muy claro sobre autodeterminación, las élites políticas aún piensan que bastaría con un reconocimiento genérico y la entrega de unos cuantos subsidios. Es esta brecha la que incrementa la desconfianza y posterga la solución del conflicto entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. Porque, mientras no se discuta un reconocimiento sustantivo, no se resolverá –e incluso se intensificará– el conflicto.
Divididos en la solución
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La situación de La Araucanía ha generado un amplio debate. Sin embargo, muy poco se conoce sobre las percepciones sociales de quienes residen en la zona. Indagamos sobre ellas, aplicando una encuesta representativa del 61,5% de la población de la región y del 67,8% de la población indígena de allá. Se entrevistó a 708 personas mayores de 18 años en una muestra probabilística. El trabajo de campo lo realizó Feedback y se aplicó entre el 18 de diciembre y 10 de enero pasados.
Advertimos que, contrariamente a lo que se suele argumentar, la ciudadanía en La Araucanía (indígenas y no indígenas) rechaza mayoritariamente el uso de la violencia como estrategia para resolver demandas y que se divide notoriamente respecto de políticas sobre tierras y participación política de los pueblos originarios.
No es el conflicto, sino que los temas cotidianos, como la falta de trabajo y la salud lo que preocupa a la población transversalmente. En cambio, la delincuencia y el conflicto asociado a las demandas mapuches frente al Estado son significativamente más relevantes para la población no indígena, tanto en zonas urbanas como rurales.
En forma esperable, el nivel de compromiso con las demandas de los pueblos indígenas es muy bajo entre quienes son residentes no indígenas de la región. Lo interesante de observar es que quienes se autoidentifican como indígenas están divididos: un 35% se muestra bastante/muy comprometido, mientras un 50% se muestra nada/algo comprometido con esas demandas.
Pero, ¿con qué se asocian las demandas indígenas? La percepción de la población indígena y no indígena las asocia por sobre un 55% a la defensa de los territorios ancestrales, la defensa de la cultura originaria, y la revitalización cultural. La asociación negativa con terrorismo, conflicto y violencia alcanza el 45% entre los no indígenas, y no supera el 25% entre los indígenas. Por lejos, la asociación mayor es con la defensa de los territorios ancestrales.
Nuestra investigación no sustenta la visión estereotipada de indígenas apoyando exclusivamente al movimiento indígena y los no indígenas a los gremios empresariales. La mitad de la muestra de no indígenas apoya el movimiento de agricultores, camioneros, estudiantes y grupos ambientalistas. Pero en el caso de los indígenas también se dan apoyos significativos al movimiento de los camioneros (43%) y de los agricultores (60%)—en este último caso de indígenas de sectores rurales principalmente—. La diferencia más clara y esperable se produce respecto del apoyo a movimientos de los pueblos originarios, que recibe mucho menor respaldo de los indígenas.
El uso de la violencia no es justificable cuando se reclaman tierras ancestrales ni para indígenas (71%) ni para no indígenas (82%). Un 16% de los mapuche señalaron que se justificaba en ocasiones, mientras un 13% dijo que siempre. Así, prevalecen en la Región de La Araucanía posturas que rechazan el uso de la violencia como estrategia legítima para abordar distintas demandas.
Las divisiones principales en La Araucanía se observan a la hora de pensar en las soluciones. Entre los indígenas, sobre el 75% apoya la idea de crear una institucionalidad específica como un ministerio. Entre los no indígenas el apoyo a esas mismas medidas baja a un 54% como promedio. Pero cuando se trata de medidas que afectan concretamente a los pueblos originarios, emergen las diferencias. Entre los indígenas se apoya fuertemente que existan asientos reservados para indígenas en el Congreso (77%), la administración autónoma de sus territorios (60%) y que estos les sean devueltos (69%).
Entre los no indígenas el apoyo a tales medidas es significativamente menor (45%, 35% y 36%, respectivamente). La región se divide al momento de buscar soluciones.
AUTONOMÍA POLÍTICA PERO NO SEPARATISMO
La mayoría de los indígenas de la Región de La Araucanía aspiran a tener mayor control político sobre sus destinos, pero al mismo tiempo no quieren ser discriminados. Un 70% de los indígenas plantea que el Estado de Chile no debiese hacer diferencias entre el pueblo mapuche y los chilenos —postura que es más intensa entre indígenas rurales; pero al mismo tiempo, el 53% de los indígenas sostiene que el Estado debe permitir al pueblo mapuche controlar y gobernar sus territorios—. Un 37% de ellos se muestra de acuerdo con la idea de que el Estado de Chile los reconozca como un pueblo distinto al chileno. Entre los indígenas de La Araucanía no prevalece un ideal separatista, aunque sí uno de mayor control político sobre sus destinos.
CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS
Durante el año 2014, el Ministerio de Desarrollo Social realizó una consulta a los pueblos originarios en relación a la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y del o los Consejos de Pueblos Indígenas. Dicho proceso, que se extendió por 5 meses, culminó a comienzos de febrero del 2015. Consultados sobre el tema, sólo un 9% de los encuestados indígenas señaló haber recibido información, y un 5% indicó tener conocimiento de los temas que se trataron. La baja participación en el proceso de consulta se atribuye a que fue un proceso mal organizado (76%), poco transparente (73%), y que no abordó las demandas importantes (59%).
Seminario “Pueblos Originarios y Representación Política”
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En el marco de la discusión sobre la reforma que sustituye el sistema electoral binominal por uno proporcional e inclusivo, surge la necesidad de reflexionar en profundidad sobre los posibles mecanismos de representación política para los pueblos indígenas en Chile. Para esto, se propone el seminario “Pueblos Originarios y Representación Política”, el cual se perfila como un espacio en que los mundos académico y legislativo presenten y analicen las distintas propuestas sobre esta temática.
Este seminario es organizado por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, ICIIS, el Centro de Estudios Públicos, CEP, y la Fundación Chile 21. Además, cuenta con el patrocinio del Senado de la República y la Cámara de Diputados.
El evento se desarrollará el lunes 19 de enero, a partir de las 16:30 horas, en el Salón Los Presidentes del ex Congreso Nacional, ubicado en calle Morandé 441.
Expositores:
-Hugo Gutiérrez, diputado PC.
-Pedro Browne, diputado Amplitud.
-Fuad Chahín, diputado Democracia Cristiana.
-Salvador Millaleo, Fundación Chile 21.
-Ximena Soto, Universidad Diego Portales
-Ignacio Astete Nahuelcoy, coodinador nacional Wallmapuwen.
-Marcela Ríos, PNUD.
-Isabel Aninat, CEP
La Ausencia de los Pueblos Originarios
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Camila Peralta
Publicada el 20 de junio de 2014 por El Dínamo
Con la promesa de cumplir 50 medidas en los 100 primeros días de gobierno, la presidenta Bachelet estrenó su nuevo periodo en marzo de este año.
Estamos a punto de cumplir los plazos y las promesas no han sido concretadas.
Estas 50 medidas se enfocan en 14 áreas temáticas que son centrales para el desarrollo “inclusivo” y la disminución de la desigualdad en nuestro país, con 4 propuestas específicas para pueblos originarios. Entonces, si vamos tan bien ¿Qué es lo que nos llama la atención?
La falta de compromiso – o ¿conocimiento?- por parte del nuevo gobierno respecto de la temática indígena, ha dado como resultado que las 4 propuestas para pueblos originarios no pudieron ser cumplidas dentro de los 100 primeros días.
¿Por qué no se logró? la respuesta es fácil y clara: Chile es parte de los países que han ratificado el Convenio 169 de la OIT y por lo tanto, el Estado tiene que, por obligación, desarrollar procesos de “Consulta Indígena” para todas aquellas medidas que sean susceptibles de afectar a nuestros pueblos originarios y los plazos definidos por el gobierno, al parecer, no fueron suficientes.
¿CUÁLES SON ESTAS MEDIDAS?
Rango de Ministro para el director de CONADI
Creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. (Los indígenas son ¿asunto?)
Creación del Concejo de Pueblos Indígenas
Agenda de Desarrollo de los Pueblos Originarios: Educación, Salud, Tierras y Desarrollo Productivo.
Tal como lo planteó, nuevamente, la presidenta en su discurso del 21 de mayo:
“Los anteproyectos de Ley […] serán parte de la consulta indígena que iniciaremos en los próximos días, según los criterios definidos en el convenio 169 de la OIT”.
Esta declaración -que sólo tomó un par de minutos- no fue bien recibida por las organizaciones indígenas, ya que existe una clara contradicción entre las medidas propuestas y las políticas de Estado que el gobierno ha mantenido en los territorios indígenas: militarización, violencia, huelgas de hambre, negación de indultos, etc.
Todo lo anterior nos sugiere la siguiente pregunta ¿Cuál es realmente la postura del gobierno? Por un lado tenemos al intendente Huenchumilla y sus diversas declaraciones de buena intención y por el otro, a un gobierno que no establece a un interlocutor para dialogar con los pueblos.
Por lo tanto, ¿por dónde pasan las soluciones? ¿CONADI, ministerio de Desarrollo Social o por el Ministerio del Interior? Lo único que queda claro es que este no es un tema prioritario en este primer año de gobierno, o por lo menos no lo fue en este semestre. En un comienzo, el programa de gobierno parecía delinear claramente los caminos a seguir, pero la descoordinación les jugó una mala pasada. Al día de hoy, vemos ministros y funcionarios de gobierno actualizando sus conocimientos sobre la temática relativa a los pueblos originarios. El resultado parece ser la transversalización de las demandas indígenas en la agenda del gobierno (presente en cada ministerio), lo que ha permitido la invisibilización de las obligaciones del Estado hacia los pueblos originarios (omitiendo una agenda propia y específica de los pueblos).
Por último, es importante destacar el papel central de la Consulta Indígena, que si bien será desarrollada a través de un reglamento “deslegitimado” por las organizaciones, es el instrumento a través del cual el Estado de Chile está obligado a desarrollar un diálogo intercultural que garantice la simetría entre las partes y de cuenta de las falencias existentes en nuestro sistema. Pero, si no reconocemos al “otro” ¿Cómo podemos dialogar en igualdad de condiciones? ¿Por qué el Reconocimiento Constitucional no fue parte de las 50 primeras medidas?
Seminario ICSO-UDP: debate sobre derechos de los pueblos indígenas
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Expertos, investigadores y académicos nacionales e internacionales, debatieron durante el Seminario Internacional “Convenio 169 de la OIT y Derechos de los Pueblos Indígenas”, organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales.
Durante la actividad, antropólogos, abogados, investigadores y consultores en temas de derechos humanos y biodiversidad, analizaron los alcances y desafíos de la protección de los derechos humanos de los pueblos originarios, y el reconocimiento a la multiculturalidad, según los acuerdos ratificados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Sociales e Historia UDP aseguró que “el debate sobre la consulta previa a pueblos originarios, ha adquirido mucha trascendencia porque afecta los intereses económicos y cruciales en países que optaron por un modelo extractivista de desarrollo económico”.
Agregó que “la lucha por el acceso y explotación de recursos naturales en la minería, en los bosques y en los recursos marinos e hídricos, colocan el debate sobre la real importancia y trascendencia del Convenio 169 al interior de los países que reconocieron el acuerdo en su momento”.
El rector de la UDP, Carlos Peña, señaló que “el problema de los derechos de los pueblos indígenas al interior de un estado democrático, no constituye una cuestión puramente jurídica –como suele creerse– sino que se trata también de una cuestión política”.
“Como lo prueba el caso de Chile, la incorporación del Convenio 169 al derecho interno, es apenas el principio y en ningún caso la culminación de un proceso tendiente al pleno respeto del derecho de los pueblos indígenas”, añadió la máxima autoridad.
James Anaya, profesor de Derechos Humanos y Política en la Escuela de Derecho de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, y Relator Especial para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas, explicó que “el Convenio 169 protege la relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras o territorios, además de las actividades económicas ligados a esos. En concreto, el Convenio afirma que los pueblos originarios deben ser consultados cada vez que vayan a ser afectados algunos de sus derechos por una decisión del Estado”.
Agregó que “la consulta previa es un asunto de derechos humanos. No es simplemente un arreglo político, sino que es una cuestión de reconocimiento de los pueblos indígenas dentro del marco de los derechos fundamentales de las personas”.
Anaya es reconocido mundialmente por haber sido asesor en temas relacionados a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en diversas organizaciones y agencias gubernamentales. También ha representado a comunidades indígenas en diferentes zonas de Centro y Norteamérica en casos relacionados a demarcaciones de tierras ante tribunales internacionales.
Fue el abogado de la comunidad Sumo (Mayagna) en el caso dado a conocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – y que ésta llevo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos- conocido como caso Awas Tingni vs. Nicaragua, donde se obtuvo la primera sentencia favorable de este tribunal acerca del derecho de propiedad de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales.
A continuación las presentaciones de la mesa de debate sobre la implementación del Convenio en Chile, Perú y Colombia:
La consulta oficiosa y la consulta oficial en Perú_Alejandro Diez (Protegido)
Implementación del Convenio 169 en Chile_Antonia Urrejola(PROTEGIDO)
La implementación de Convenio 169 de la OIT en Colombia_Natalia Orduz (PROTEGIDO)
Intervención Carlos Peña, James Anaya y ronda de preguntas y respuestas (transcripción)
ICSO efectuará el Seminario Internacional: Convenio 169 OIT y Derechos de los Pueblos Indígenas
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El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales UDP realizará el Seminario Internacional: Convenio 169 OIT y Derechos de los Pueblos Indígenas, los investigadores a cargo del Seminario plantearán la problemática de la consulta indígena, además de discutir la situación en que se encuentra la protección de los derechos humanos de los pueblos originarios en la región y en Chile.
Como introducción al seminario, se llevará a cabo un Panel Internacional, en el que participará el profesor James Anaya, profesor de Derechos Humanos y Política en el Escuela de Derecho de la Universidad de Arizona y Relator Especial Para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígena de Naciones Unidas.
Asimismo, participarán como expositores Alejandro Diez, Antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Natalia Orduz, Abogada e investigadora de De justicia, Colombia y Antonia Urrejola, Abogada Independiente en consultorías en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas.
El Seminario se realizará el lunes 14 de abril de 2014 de 10:00 a 13:30 en el Auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra y de 15:00 a 18:00 horas en la sala B-31 del mismo edificio ubicado en Vergara 324.
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