Medio: Infobae
El gobierno de Sebastián Piñera comenzó el reparto de 2,5 millones de cajas de ayuda después de que se reanudaron los saqueos y las manifestaciones con carteles diciendo “tenemos hambre”.
La emblemática Torre Telefónica de Santiago de Chile volvió a ser iluminada con una consigna como había ocurrido durante las protestas que sacudieron al país desde octubre del año pasado. “Hambre”, decía. La palabra se extendía por toda la fachada. Expresaba lo que se había vivido el día anterior en el barrio de El Bosque, al sur de la capital. Unas cien personas se enfrentaron a los carabineros al grito de “¡Tenemos hambre!”. El levantamiento fue acompañado en otros barrios cercanos. “Necesitamos trabajar, necesitamos que llegue algo de ayuda”, decían los vecinos. Saquearon una distribuidora de gas. En el centro, cerca de La Moneda, los manifestantes quemaron un colectivo y en otros sectores de clase media y trabajadora, se escucharon cacerolazos, como los que repudiaban a la dictadura de Pinochet.
“Nosotros llevamos muchas semanas en cuarentena, desde antes que la decretara el presidente porque sabemos que no tenemos camas en nuestros hospitales del sur de Santiago”, explicó a radio Cooperativa Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, otro barrio popular del Gran Santiago. “El hambre se está viendo desde hace varias semanas. Cada día la gente está organizando más ollas populares y la gente viene, no como antes que era un comedor, ahora vienen a buscar comida toda la familia y se llevan para la casa porque no tienen nada”, dijo Pizarro. Los alcaldes de los barrios periféricos están haciendo críticas muy duras al gobierno de Sebastián Piñera al que acusan de “improvisar en la pandemia” y de “hacer grandes anuncios que después no cumple”. El domingo pasado el presidente anunció en una cadena nacional que se distribuirían 2,5 millones de cajas de alimentos a los más pobres, pero no dijo cuál sería el criterio para repartirlas. En abril, Piñera había anunciado la entrega de un bono familiar de un monto equivalente a 317 dólares para unos 4,5 millones de los chilenos más vulnerables, que aún no se entregó. Ahora, prometieron otra ayuda de un máximo de 65.000 pesos (unos 80 dólares) por cada integrante de las familias que perciben ingresos informales. “La gente ya no da más, es el hambre o el coronavirus”, dijo la alcaldesa Pizarro. Y aseguró que, en su comuna de 200.000 habitantes la tasa de contagios es “superior al 40%”. “Aquí va a morir mucha gente; espero equivocarme, pero la situación es grave”, agregó.
Entre marzo y abril se perdieron más de medio millón de puestos de trabajo formales. La economía ya venía muy golpeada por los tres meses de protestas constantes en Santiago y buena parte del país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ya advirtió que el nivel de pobreza en Chile puede pasar del 9,8 % de 2019 al 13,7 % en 2020. “Si bien es cierto que Chile tiene uno de los sistemas laborales más formales de América Latina, estamos hablando de que hay 2,6 millones de personas con un trabajo informal, es mucha gente, y a ellos, al día de hoy, prácticamente no les ha llegado nada”, explica Rossana Castiglioni, politóloga de la Universidad Diego Portales. “Si a la gente no le llega comida, ni productos básicos, ni ingresos, va a ser muy difícil que permanezca en sus casas desmovilizada como pretende el gobierno”.
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